ARTÍCULO DE OPINION: Amazonía peruana: ¿Qué estamos haciendo mal?
Amazonía peruana: ¿Qué estamos haciendo mal?
Mag. Marco Antonio Nureña Hidalgo
Doctorante escuela de Postgrado UCV – Tarapoto
Taller Políticas Públicas y conflictos sociales
INTRODUCCIÓN
Cada año, miles de hectáreas de bosque amazónico desaparecen en Perú, víctimas de la expansión agrícola. Esta deforestación no solo amenaza la biodiversidad única de esta región, sino que también contribuye al cambio climático y a la pérdida de suelos fértiles.
La Amazonía peruana, cubre aproximadamente el 60% del territorio nacional, es crucial por su biodiversidad, los medios de vida de las comunidades indígenas y su papel en la regulación del clima global, ese pulmón verde de nuestro país clama por ayuda. Sus árboles milenarios, testigos mudos de la historia, están siendo talados a un ritmo alarmante. La tierra fértil, que ha sustentado a innumerables civilizaciones, se ve amenazada por prácticas agrícolas insostenibles. Es hora de despertar y preguntarnos: ¿qué estamos haciendo mal con nuestro tesoro natural?(García 2018)
Según el Ministerio del Ambiente, cada año se pierden miles de hectáreas de bosques amazónicos, exacerbando los efectos del cambio climático y poniendo en peligro a cientos de especies endémicas. A pesar de los esfuerzos internacionales y nacionales para preservar este ecosistema único, la tasa de deforestación sigue aumentando, impulsada principalmente por la expansión de la agricultura (migratoria y siembra de monocultivos), la tala ilegal y la minería.
Este fenómeno, lejos de ser un problema exclusivamente ambiental, tiene profundas implicaciones económicas y sociales. Las políticas gubernamentales han sido insuficientes para mitigar la presión de intereses privados y la pobreza estructural que lleva a las comunidades rurales a dependientes de actividades extractivas insostenibles(Pérez 2020). La falta de una gestión pública eficaz y coordinada, combinada con la débil implementación de políticas de conservación, ha permitido que las actividades ilegales continúen proliferando. Asimismo, los avances en infraestructura, como la construcción de carreteras, han facilitado el acceso a áreas antes remotas, acelerando la destrucción del bosque (ONABFA 2021).
Este artículo aborda la complejidad del problema, considerando las tensiones entre el desarrollo económico, los derechos de las comunidades locales y la necesidad urgente de conservar uno de los ecosistemas más importantes del mundo. ¿Es posible lograr un equilibrio entre estas fuerzas? La respuesta, aunque desafiante, dependerá de una gobernanza ambiental más robusta y de la participación activa de todos los actores involucrados.
ANTECEDENTES DE GOBERNANTES QUE ACTUARON EN CONTRA DE NUESTRA AMAZONIA.
Pese a que el Artículo 68 de nuestra Carta Magna, dice: El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, en especial la Amazonía; a lo largo de la historia reciente del Perú, varios gobernantes han sido criticados por promover políticas y leyes que han tenido un impacto negativo en la Amazonía peruana, favoreciendo actividades extractivas y económicas que, en algunos casos, han provocado deforestación, conflictos sociales, y degradación ambiental, siendo estos, algunos de los casos más emblemáticos:
1. Alberto Fujimori (1990-2000)
Las políticas del gobierno de Fujimori en los años 90 también tuvieron un fuerte impacto en la Amazonía:
ü Incentivo a proyectos de colonización y agroindustria: Durante su gobierno, Fujimori promovió proyectos de colonización de tierras amazónicas para la agroindustria, como la expansión de plantaciones de palma aceitera y otros monocultivos. Estos proyectos llevaron a la deforestación de grandes áreas de bosque amazónico.
ü Ley de promoción de inversión privada en tierras amazónicas (1995): Esta ley facilitó la venta de tierras amazónicas a inversionistas privados, lo que generó conflictos por la apropiación de tierras comunales y deforestación a gran escala.
2. Alan García Pérez (2006-2011)
Durante su segundo mandato, Alan García promovió una política de apertura de la Amazonía a la inversión privada, especialmente en sectores como la minería, el petróleo, y la agroindustria. Esto se materializó en una serie de decretos legislativos que facilitaron el acceso de empresas a tierras amazónicas, generando fuertes protestas de comunidades indígenas y ambientalistas.
ü Decretos Legislativos relacionados al TLC con Estados Unidos (2008): Bajo el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, Alan García promulgó una serie de decretos legislativos para facilitar la inversión en la Amazonía. Algunos de estos decretos fueron considerados nocivos para los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la conservación de la Amazonía:
l Decreto Legislativo 1015 y 1073: Reducían los requisitos para que las comunidades campesinas y nativas vendieran o cedieran tierras comunales a inversionistas. Esto generó temor entre los pueblos indígenas, que vieron estas medidas como una amenaza directa a sus territorios ancestrales.
l Decreto Legislativo 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre): Modificaba la ley forestal, permitiendo concesiones forestales en áreas amazónicas, lo que facilitaba el acceso de empresas privadas a la explotación maderera. Esto fue uno de los detonantes del conflicto conocido como "Baguazo".
ü Conflicto de Bagua (2009): Estas políticas y decretos provocaron uno de los conflictos más violentos en la historia reciente del Perú, cuando una serie de protestas en la región de Bagua, lideradas por comunidades amazónicas, fue violentamente reprimida, resultando en la muerte de al menos 33 personas (23 policías y 10 civiles). El gobierno derogó varios de los decretos tras este evento, pero la desconfianza hacia las políticas del gobierno de García quedó marcada.
3. Ollanta Humala Tasso (2011-2016)
Aunque Humala llegó al poder con un discurso favorable a los pueblos indígenas y a la protección de la Amazonía, su gobierno también fue criticado por favorecer intereses extractivos, especialmente en minería y petróleo.
ü Proyectos mineros y petroleros en la Amazonía: Durante su mandato, se aprobaron varias concesiones mineras y petroleras en territorios amazónicos, lo que generó tensiones con comunidades indígenas. Aunque su gobierno promulgó la Ley de Consulta Previa (2011), esta ley fue muchas veces vista como ineficaz, ya que la consulta no implicaba el consentimiento vinculante de las comunidades afectadas.
ü Ley 30230 (2014): Esta ley, conocida popularmente como la "Ley Paquetazo Ambiental", fue promulgada para promover la inversión privada y el crecimiento económico. Sin embargo, fue duramente criticada por flexibilizar las normativas ambientales, al reducir las sanciones a las empresas que cometían infracciones ambientales y permitir la expansión de proyectos extractivos, especialmente en la Amazonía.
4. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)
ü Ley N° 30723 (2017): Esta ley, conocida como la "Ley para la Reconstrucción de Puerto Maldonado", permitió la construcción de infraestructura en áreas protegidas, lo que fue visto como una amenaza para la biodiversidad amazónica y los pueblos indígenas. Además, facilitó la expansión de la minería ilegal en la región de Madre de Dios, una de las áreas más afectadas por la minería aurífera.
ü Promoción de la infraestructura extractiva: Aunque su mandato fue corto, PPK promovió la inversión en infraestructuras de carreteras y proyectos mineros en la Amazonía, que fueron cuestionados por sus impactos ambientales.
5. Martín Vizcarra (2018-2020)
ü Ley N° 30734 (2018): Esta ley, conocida como la "Ley de Arrendamiento de Tierras", facilitaba la venta o alquiler de tierras comunales para proyectos de inversión, lo que generó preocupaciones entre las comunidades amazónicas y defensores ambientales, quienes temían que la ley facilitaría la apropiación de tierras indígenas para proyectos extractivos.
ü Debilitamiento del Ministerio del Ambiente: Durante su gobierno, Vizcarra fue acusado de reducir el poder del Ministerio del Ambiente en favor de sectores productivos como el Ministerio de Energía y Minas, lo que llevó a la flexibilización de las normas ambientales para promover proyectos de inversión en la Amazonía.
“Aprovechar nuestra madera y reforestar es una forma de generar empleo y atraer inversiones. Vivimos en un mundo ideológico que dice que la Amazonía no se puede tocar, porque es parte del idilio del comunismo primitivo ”. AGP el 21 de enero 2008 al diario español ABC.
García ya había anunciado el interés del gobierno en vender tierras en la selva amazónica en un artículo de opinión en el diario local El Comercio.
Los expertos argumentan que el presidente se está enfocando en la ganancia y la inversión sin tomar en cuenta la gran riqueza natural de la Amazonía ni a los habitantes locales de estas áreas, muchos de los cuales son indígenas.
Hay 1,450 comunidades indígenas que representan a 65 grupos étnicos diferentes en la región de la selva amazónica de Perú, según el censo de 1993.
“El problema es que el anteproyecto de ley que ha presentado el gobierno no define claramente de qué tipo de tierra estamos hablando realmente, porque no hay catastro”, Luis Capella, titular de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. programa forestal, dijo a IPS.
“Eso significa que una parcela de tierra 'sin cubierta forestal' podría contener bosque primario, que sería destruido tan pronto como se vendiera”, dijo.
El proyecto de ley establece vagamente que se podrían vender “tierras sin labrar sin cobertura forestal” en la región amazónica.1
AMAZONÍA SOSTENIBLE: COMPROMISO NACIONAL PARA EL FUTURO.
El objetivo es reducir la tasa de deforestación neta en la Amazonía peruana en un 50% para el año 2030.
La meta es reducir la pérdida anual de bosque primario de 100,000 hectáreas a 50,000 hectáreas para el año 2030.
Para ello se propone realizar:
Diagnóstico y aanálisis de la situación actual:
· Identificar las principales causas de la deforestación: Tala ilegal, expansión de la frontera agrícola, minería ilegal, construcción de infraestructura, incendios forestales, etc.
· Evaluar las políticas existentes: ¿Cuáles han sido efectivas? ¿Cuáles han fallado? ¿Por qué?
· Analizar los actores involucrados: Gobierno central y regional, comunidades indígenas, empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.
· Identificar las brechas existentes: ¿Qué falta en términos de legislación, presupuesto, capacidad institucional, participación ciudadana?
Objetivos específicos y metas cuantificables:
· Reducir la tasa de deforestación en un porcentaje específico en un plazo determinado.
· Aumentar la cobertura forestal en áreas prioritarias.
· Fortalecer la gestión de las áreas naturales protegidas.
· Promover prácticas sostenibles de producción y consumo.
· Empoderar a las comunidades indígenas y locales para que participen en la gestión de sus recursos naturales.
Estrategias y acciones concretas:
· Fortalecer el marco legal: Reformar y actualizar las leyes forestales, mineras y ambientales para garantizar su cumplimiento.
· Incrementar la inversión en conservación: Asignar mayores recursos económicos para la protección de la Amazonía.
· Mejorar la gobernanza forestal: Fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la gestión forestal y ambiental.
· Promover la economía forestal sostenible: Impulsar actividades productivas que no dañen los bosques, como el ecoturismo, la producción de productos forestales no maderables y la agroforestería.
· Combatir la tala ilegal: Intensificar la vigilancia y control de las actividades ilegales en la Amazonía.
· Promover la restauración de los bosques degradados: Implementar programas de reforestación y restauración ecológica.
· Fomentar la participación de las comunidades indígenas: Reconocer sus derechos territoriales y promover su participación en la toma de decisiones.
· Sensibilizar y educar a la población: Realizar campañas de educación ambiental para generar conciencia sobre la importancia de conservar la Amazonía.
Mecanismos de iimplementación y seguimiento:
· Crear un comité interinstitucional: Coordinar las acciones de los diferentes niveles de gobierno y sectores involucrados.
· Establecer un sistema de monitoreo y evaluación: Medir los avances y ajustar las estrategias según sea necesario.
· Fortalecer la participación ciudadana: Crear espacios de diálogo y consulta con la sociedad civil.
Financiamiento:
· Aumentar el presupuesto nacional: Destinar una mayor proporción del presupuesto a la conservación de la Amazonía.
· Buscar financiamiento internacional: Acceder a fondos climáticos y de cooperación internacional.
· Promover mecanismos de financiamiento innovadores: Como los pagos por servicios ambientales y los bonos de carbono.
Elementos adicionales a considerar:
· Enfoque de paisaje: Considerar la Amazonía como un sistema complejo y gestionar los recursos de manera integrada.
· Justicia ambiental: Garantizar que los beneficios de la conservación se distribuyan equitativamente.
· Cambio climático: Incorporar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
CONCLUSIONES
La deforestación en la Amazonía peruana es un problema urgente que impacta tanto el medio ambiente como las comunidades humanas. Sus efectos van mucho más allá de la pérdida de árboles; se trata de la devastación de ecosistemas únicos, las alteraciones del clima global y la amenaza a la biodiversidad. En la raíz del problema están actividades como la tala ilegal, la expansión agrícola, la minería, y la construcción de infraestructuras, que responden a intereses económicos a corto plazo.
Las políticas y leyes promovidas por los gobernantes se han enfrentado a una fuerte oposición de las comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas, ya que priorizaron el desarrollo económico sobre la conservación de la Amazonía. Esto ha resultado en conflictos sociales, degradación ambiental y, en muchos casos, una mayor deforestación en la Amazonía peruana.
Las comunidades indígenas, que han vivido en equilibrio con la selva durante generaciones, se ven gravemente afectadas. La deforestación no solo destruye sus territorios, sino que también amenaza su cultura, sus formas de vida y su bienestar. Esto evidencia un desafío más profundo: la necesidad de reconocer y respetar los derechos de estas poblaciones en cualquier plan de desarrollo.
Asimismo, el cambio climático, que se intensifica con la destrucción de la selva, agrava las desigualdades sociales y económicas. Los pequeños agricultores se ven atrapados entre la necesidad de subsistir y las presiones de un mercado que no siempre favorece prácticas sostenibles. Por otro lado, la falta de políticas efectivas de protección forestal y la debilidad institucional perpetúan este ciclo de destrucción.
En conclusión, la lucha contra la deforestación en la Amazonía peruana debe ser vista como una oportunidad para construir un futuro en el que el desarrollo económico esté en armonía con la protección del medio ambiente. Esto requiere un enfoque integral, que incluya políticas firmes, educación ambiental y el compromiso activo de todos los actores, desde el gobierno y las empresas hasta las comunidades locales y la sociedad civil. No se trata solo de salvar árboles, sino de preservar una fuente vital de vida para el planeta y para las futuras generaciones.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. García, A. (2018). La Amazonía peruana: Bosques, pueblos y desarrollo. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
2. Ministerio del Ambiente del Perú. (2023). Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. Recuperado de <https://www.minam.gob.pe>
3. Organización Nacional de Bosques y Fauna (ONABFA). (2021). Estado de la deforestación en la Amazonía peruana: Informe 2021. Lima: ONABFA.
4. Pérez, J. (2020). Los desafíos de la gobernanza forestal en la Amazonía peruana (Documento de trabajo núm. 123). Centro de Investigación de la Amazonia.
Dr. CPC. Pedro A. Barboza Zelada
Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad
Docente Investigador
WhatsApp 97616668
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