OBLIGATORIEDAD INTERNACIONAL DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO
OBLIGATORIEDAD INTERNACIONAL DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO
Mag. CPC. Pedro A. Barboza Zelada
La Gestión Pública y Modernización del
Estado, viene dándose en América Latina desde los años 90, liderados por
Brasil, Chile, Argentina y Colombia, en nuestro país marca su inicio el 20 de enero del 2002 con la
Artículo
1.- Declárase al Estado en proceso de modernización:
1.1. Declárase al
Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y
al servicio del ciudadano.
1.2. El proceso de modernización
de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el Poder
Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de la Comisión de
Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras entidades
cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario.
Artículo
2.-
Objeto de la ley
La presente Ley tiene por
objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de
modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e
instancias.
Artículo
3.-
Alcance de la ley
La presente Ley es de
aplicación en todas las dependencias de la Administración Pública a nivel
nacional.
Artículo
4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado
El proceso de modernización de
la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
públicos.
El
objetivo es alcanzar un Estado:
a) Al
servicio de la ciudadanía.
b) Con
canales efectivos de participación ciudadana.
c)
Descentralizado y desconcentrado.
d)
Transparente en su gestión.
e) Con
servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado.
El proceso
de Modernización marcha en forma lenta, no por iniciativa propia sino por los
compromisos firmados. El Estado Peruano viene aplicando documentos
internacionales que apoyan la Modernización del Estado entre ellas tenemos:
CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA DE LA NACIONES UNIDAS.
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
2006.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan034861.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan034861.pdf
De
conformidad con la Declaración de Santo Domingo, aprobada por la IV Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, el
Estado constituye la máxima instancia de articulación de relaciones sociales.
Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el progreso económico y la
reducción de la desigualdad social, el papel del Estado en las sociedades
contemporáneas, y en particular en el área iberoamericana, es fundamental para
el logro de niveles crecientes de bienestar colectivo.
La Carta Iberoamericana de
la Función Pública persigue las siguientes finalidades:
a)
Definir las bases que configuran un sistema profesional y eficaz de función
pública, entendiendo a éste como una pieza clave para la gobernabilidad
democrática de las sociedades contemporáneas, y para la buena gestión pública.
b)
Configurar un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de
gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre la función pública en los
países de la comunidad iberoamericana.
c)
Servir como fuente de inspiración para las aplicaciones concretas,
regulaciones, desarrollos y reformas que en cada caso resulten adecuadas para
la mejora y modernización de los sistemas nacionales de función pública en
dicho ámbito.
CLAD CARTA IBEROAMERICANA DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
Aprobada por la V Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003.
Los Ministros de Administración
Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación de los Gobiernos
iberoamericanos, reunidos los días 31 de mayo y 1° de junio de 2007, en Pucón,
Chile, en ocasión de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado renovaron su compromiso con la
Reforma del Estado, el fortalecimiento de sus
Instituciones públicas y la
modernización de sus mecanismos de gestión, teniendo en cuenta que la calidad
de los organismos públicos es fundamental para el desarrollo, la igualdad de
oportunidades y el bienestar social.
Por lo tanto, de una parte, la
presente Carta Iberoamericana reconoce un derecho al ciudadano que le abre
múltiples posibilidades de acceder más fácilmente a las Administraciones
Públicas y de esa manera:
§ Conocer, con la facilidad que implican los medios
electrónicos, lo que están haciendo tales Administraciones.
§ Hacerlas más transparentes y, por ello mismo, más
controlables contribuyendo a luchar contra la corrupción y generando la
confianza de los ciudadanos.
§ Eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen
entre los ciudadanos y sus Administraciones y que alejan al ciudadano del
interés por la cosa pública.
§ Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de
forma que todos los ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación
territorial o social a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento.
§ Participar activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en
general en el seguimiento de toma de decisiones, así como sobre el tipo de
servicios que el Estado provee y el modo de suministrarlo.
CARTA IBEROAMERICANA DEL GOBIERNO ELECTRONICO
/ UNITA
Carta iberoamericana
COMPROMISOS DE BUEN GOBIERNO FIRMADOS POR EL PERÚ
Adoptada por
la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Santiago de
Chile, 10 de noviembre de 2007 (Resolución
No. 18 de la Declaración de Santiago)
PCM - REFERENTES BÁSICOS para la MEJORA
de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PREAMBULO DE LO QUE CONSISTE:
Los Gobiernos abajo
firmantes, conscientes de la necesidad de acercar a representantes y
representados y de la conveniencia de facilitar la unión de gobierno y
ciudadanía en un proyecto mutuamente compartido de desarrollo y justicia,
movidos por el deseo de promover gobiernos sostenidos por la confianza generalizada
y el respeto a las instituciones democráticas, suscribimos este compromiso con
la ciudadanía y los pueblos y nos comprometemos a implantarlo con pleno apego a
los valores que lo sustentan.
El Código se inserta
en dos tradiciones diversas, aunque complementarias. Por una parte, es un
peldaño más en la búsqueda de una ética universal que sea fruto de un consenso
en los principios y valores básicos de la convivencia global, a saber: el
respeto a la soberanía, al derecho internacional, la no injerencia en los
asuntos internos de otros Estados, la tolerancia, la convivencia pacífica, la
solidaridad y la cooperación; en suma, una ética que sea consecuencia de un
diálogo de civilizaciones respetuoso de la pluralidad cultural y social de los
diversos pueblos del planeta. Por otra parte, el Código se inserta en las
tendencias universales promotoras de la construcción de códigos deontológicos o
de conducta que guíen el ejercicio correcto de las diversas prácticas
profesionales.
Los firmantes
creemos que cualquier sociedad razonablemente ordenada y que busque la justicia
como fundamento de su convivencia debe respetar aquellos principios y valores
que permiten a todos los afectados por las normas opinar, debatir, argumentar
en condiciones de igualdad sobre las bases constitucionales de la convivencia,
para impulsar desde el debate modelos de desarrollo que promuevan la
participación ciudadana, la eliminación de la pobreza y de todo tipo de
exclusión. Ello nos lleva a establecer como fundamento de este Código el principio
de la dignidad de la persona humana y como valores esenciales de desarrollo,
los de la libertad y autonomía del ser humano y su esencial igualdad
intrínseca. De ahí que, para garantizar estas opciones esenciales, sea preciso
que un buen gobierno reconozca, respete y promueva todos los derechos humanos,
civiles, políticos, sociales, culturales y económicos-, en su naturaleza
interdependiente y universalidad.
Con este Código
pretendemos contribuir a dignificar socialmente el servicio público y permitir
a sus integrantes autoridades y funcionarios sentir el orgullo de realizar una
labor esencial para su comunidad. En definitiva, queremos que la actuación
gubernamental consista en la práctica de la promoción del interés general, y se
aleje del reprobable abuso de los recursos públicos para fines de interés
partidista o particular.
En conclusión, a
partir del compromiso adquirido con la ciudadanía y los pueblos, y de nuestro
apoyo a los valores del pluralismo democrático, manifestamos de forma explícita
lo siguiente: Consideramos inaceptable:
1. Un Gobierno que
ampare y facilite la corrupción.
2. Un Gobierno que
dificulte el escrutinio público sobre su toma de decisiones.
3. Un Gobierno que
no tome en cuenta las necesidades de sus ciudadanos.
4. Un Gobierno
irresponsable y que no rinda cuentas.
Por todo ello,
establecemos las obligaciones y principios que se detallan a continuación.
I. Fundamentos
1. Ámbito de aplicación.
Este Código será
aplicable a los Presidentes de República, Vicepresidentes, Presidentes de
Gobierno o de Consejo de Ministros, Primeros Ministros, Jefes de gabinete de
ministros, ministros, secretarios de Estado o equivalentes, y, en general,
todos los altos cargos del Poder Ejecutivo tales como viceministros,
subsecretarios, directores de entes públicos o directores generales.
2. Los principios básicos que guiarán la acción del buen gobierno son:
a.
El respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana.
b.
La búsqueda permanente del interés general.
c.
La aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos
los ciudadanos y los pueblos.
d.
El respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia
social.
3. Los valores que guiarán la acción del buen gobierno son, especialmente:
Objetividad,
tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad,
dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad,
eficacia, igualdad de género y protección de la diversidad étnica y cultural,
así como del medio ambiente.
4. Se entiende por buen gobierno aquél que busca y promueve el interés general, la participación
ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza,
respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la
democracia y el Estado de Derecho.
Este
Código, a partir de los principios y valores fundamentales reconocidos, se
articula en tres tipos de reglas de conducta, las vinculadas a: la naturaleza
democrática del gobierno, a la ética gubernamental y a la gestión pública.
CARTA
IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Aprobada
por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y
Reforma del Estado San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008.
http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_calidad.pdf
http://observatorioserviciospublicos.gob.do/baselegal/carta_iberoamericana_de_calidad.pdf
la presente Carta
Iberoamericana vincula la calidad en la gestión pública con dos propósitos
fundamentales de un buen gobierno democrático: 1. toda gestión pública debe
estar referenciada a la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o
beneficiario de servicios y programas públicos, o como legítimo participante en
el proceso formulación, ejecución y control de las políticas públicas bajo el
principio de corresponsabilidad social; 2. la gestión pública tiene que
orientarse para resultados, por lo que debe sujetarse a diversos controles
sobre sus acciones, suponiendo entre otras modalidades la responsabilización
del ejercicio de la autoridad pública por medio del control social y rendición
periódica de cuentas.
La adopción
de estrategias de innovación, racionalización y mejora de la gestión pública,
orientadas por la calidad, permitirá a las Administraciones Públicas
iberoamericanas posicionarse favorablemente frente a la incertidumbre, reforzar
su influencia en un entorno dinámico y complejo y acometer el necesario
desarrollo organizativo para la gestión del cambio y la formulación de
soluciones de mejora creativas, con el fin de cumplir al máximo las
expectativas de la ciudadanía, proporcionando un instrumento para lograr la
coherencia en la dirección estratégica a seguir.
FINALIDAD DE LA
CARTA Y NOCIÓN DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Objeto
1 La Carta
Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública persigue los objetivos
siguientes:
a.
Promover un enfoque común en Iberoamérica sobre la calidad y la excelencia en
la gestión pública, que integre las distintas perspectivas políticas y técnicas
que se encuentran presentes en los diversos niveles y sectores de las
Administraciones Públicas de la región.
b.
Conformar un cuerpo de principios y orientaciones que sirvan de referencia a las
diferentes Administraciones Públicas de los Estados iberoamericanos en la
formulación de políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan la mejora
continua de la calidad de su gestión pública.
c.
Proponer la adopción de instrumentos que incentiven la mejora de la calidad en
la gestión pública, que sean flexibles y adaptables a los diferentes entornos
de las Administraciones Públicas iberoamericanas y a sus diversas formas
organizativas.
Servir como guía
para el diseño, regulación, implantación, desarrollo, mejora y consolidación de
planes de calidad y excelencia en la gestión pública, que le permitan a las
diferentes Administraciones Públicas de los Estados iberoamericanos potenciar
sus capacidades y utilizarlas plenamente para acometer los retos y desafíos del
desarrollo integral de sus respectivas sociedades y lograr el bienestar de sus
ciudadanos.
Concepto de calidad
en la gestión pública:
La calidad en la
gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la
Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las
necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad
y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La calidad en la
gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer
oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de
acuerdo a metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores
de la Administración Pública y de acuerdo a resultados cuantificables que
tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad.
La concepción de la calidad ha ido evolucionando e incorporando nuevos aspectos hasta
conformar una aproximación holística e integradora
de la gestión, donde cobran
especial importancia todas las partes interesadas en sus diferentes formas de
relación, así como la sostenibilidad
y la
corresponsabilidad social.
La calidad en la gestión pública
puede y debe ser constantemente mejorada, buscando
elevarla a niveles de excelencia, es
decir obtener resultados sostenibles, con tendencias crecientes
de mejora, y que tales resultados se comparen favorablemente con los más destacados referentes
nacionales e internacionales.
Una gestión pública se orientará a la calidad cuando se
encuentre referenciada a los fines y propósitos últimos
de un Gobierno democrático, esto es, cuando se constituya en:
a. Una gestión pública centrada en el servicio al ciudadano;
y,
b. Una gestión pública para resultados.
La calidad en la
gestión pública implica la práctica del buen gobierno,
mediante una formulación de políticas públicas convenientes a toda la sociedad,
dentro de parámetros equilibrados de racionalidad política, técnica
y económica.
La calidad en la gestión pública contribuirá a facilitar el desarrollo económico y crear condiciones
adecuadas y sostenibles para la competitividad y productividad nacional.
La calidad en la
gestión pública tiene sentido si su fin último es alcanzar una sociedad del bienestar, con justicia y equidad,
garantizando el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, la cohesión
social
y la garantía del cumplimiento efectivo e integral
de los derechos humanos. En
especial, asegurando a todas las personas, el acceso oportuno y universal al disfrute de información, prestaciones
y servicios públicos de calidad.
La adopción
de enfoques, modelos, acciones e
instrumentos de calidad en la gestión
pública iberoamericana contribuye a la legitimidad y consolidación
de la democracia y al logro del desarrollo económico
y social de forma sostenible, con la mejora de la cohesión
social.
PRINCIPIOS INSPIRADORES DE UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
Principio de servicio público: Las Administraciones Públicas iberoamericanas
están al servicio de los ciudadanos y,
en consecuencia, darán
preferencia a la satisfacción de sus necesidades y expectativas.
La orientación
a la calidad en la gestión pública supone maximizar la creación de valor público,
por lo que tiene que responder al principio de gestión para resultados. Ello supone un esfuerzo para optimizar la dirección efectiva e
integrada del proceso de creación
de valor público, para asegurar la
máxima eficacia, eficiencia y
efectividad de su desempeño, la consecución de
los objetivos de gobierno y su mejora continua.
Principio de legitimidad democrática: Una gestión pública de calidad tiene que estar inspirada en valores democráticos y, en tal sentido,
constituirse en una garantía y protección de las libertades públicas consagradas a los ciudadanos. La legitimidad democrática de la gestión
pública proviene de la elección
popular de las autoridades políticas
y de la participación y control de la ciudadanía sobre los asuntos públicos.
También, es una fuente de legitimidad
el ejercicio independiente de una
función pública profesional,
seleccionada bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, al servicio de gobierno
resultante del proceso democrático.
Transparencia y
participación ciudadana: Las Administraciones Públicas tienen que ser transparentes
en su gestión, abiertas al escrutinio
público, tolerantes a la
crítica y permeables a las propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía.
Principio de legalidad: Una gestión pública de calidad implica el sometimiento de la Administración Pública al Estado
de Derecho, bajo cuya orientación se organiza y actúa con racionalidad y
objetividad.
El principio de
legalidad contribuye a la calidad de la gestión pública, por ser una ordenación consciente de las competencias públicas
atribuidas a los órganos y entes de la Administración Pública,
a través de normas jurídicas.
Principio de coordinación y cooperación: La calidad en
la gestión pública iberoamericana
requiere la formalización de los enfoques,
modelos, acciones e instrumentos de calidad,
mediante la adopción de normas
jurídicas que la regulen.
Para lograr una gestión
pública de calidad
se requiere que todos los
órganos y entes de la Administración Pública contribuyan a la prestación
de servicios al ciudadano.
A tales efectos, las Administraciones Públicas
iberoamericanas preverán la asignación de competencias, relaciones,
instancias y sistemas de coordinación de sus entes y órganos, para prestar
servicios de forma integral al
ciudadano.
La coordinación interadministrativa
resulta clave en aquellos Estados con modelos
descentralizados y con diferenciación competencial a nivel territorial.
Principio de ética
pública: Una gestión pública
de calidad implica
la observancia de valores éticos que la orientan, tales como la vocación de servicio público, la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo,
el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo de
los recursos públicos y la preeminencia del Interés público sobre el privado.
Principio de acceso universal: La calidad
en la gestión pública comprende
el esfuerzo por
lograr la universalización y el más amplio y fácil acceso espacial y temporal de los ciudadanos a servicios públicos
de igual calidad,
con independencia de la ubicación
geográfica de los ciudadanos y del momento en que éstos los requieran.
Principio de continuidad en la prestación de
servicios: Los servicios públicos se prestarán de manera regular
e ininterrumpida, previendo las medidas necesarias para evitar o minimizar los perjuicios que pudieran ocasionarle al ciudadano en las posibles
suspensiones del servicio.
Principio de imparcialidad: En una gestión pública
de calidad, la atención
a todos los ciudadanos se realiza con imparcialidad, asegurando que serán tratados con
igualdad, sin discriminación por motivos tales como el género, edad, raza,
ideología, religión, nivel económico, situación social o localización
geográfica.
Principio de eficacia: La calidad
en la gestión pública comprende cumplir
con el principio de eficacia,
entendido como la consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción
de las necesidades y expectativas del ciudadano.
Principio de eficiencia: La gestión
pública debe seguir
el principio de eficiencia,
comprendido como la optimización de los resultados alcanzados por la Administración Pública con
relación a los recursos disponibles e invertidos en su consecución.
Principio de economía: La calidad en
la gestión
pública dependerá de que se
cumpla con el principio de economía,
esto es, que el funcionamiento de la Administración
Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos.
La asignación de recursos
a la Administración Pública se ajustará estrictamente a los requerimientos de
su funcionamiento para el logro de las
metas y objetivos previstos.
Principio de responsabilización: Una gestión
pública de calidad es aquella en la que existe responsabilización, esto es, en la que
hay rendición de cuentas por el desempeño de las
autoridades, directivos y funcionarios públicos frente a los
ciudadanos, y control social sobre la gestión
pública.
Principio de evaluación permanente y mejora continua: Una gestión pública de calidad es aquella que contempla la
evaluación permanente, interna y
externa, orientada a la identificación
de oportunidades para la mejora continua de los
procesos, servicios y
prestaciones públicas centrados
en el servicio al ciudadano y para resultados, proporcionando insumos para la adecuada
rendición de cuentas.
CONTENIDOS
DEL DERECHO A UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
Los ciudadanos
tienen derecho a una gestión pública de calidad, que estará reconocida por los ordenamientos
jurídicos nacionales. En consecuencia, los ciudadanos podrán:
a) Acceder
a cualquier servicio público o prestación a que tengan derecho, recibiendo una
atención y asistencia ágil, oportuna y adecuada.
b) Solicitar
y obtener información pública de interés general, en especial aquella referida
a los resultados de la gestión pública y al desempeño de los órganos y entes de
la Administración Pública, que sea completa, veraz y actualizada. Con dicho
objetivo, se podrá acceder a aquella información contenida en archivos y
registros, con las excepciones contempladas en la ley.
c) Conocer
el esquema de organización de los órganos y entes de la Administración Pública,
los servicios y prestaciones que ofrecen y los requisitos, condiciones,
trámites y procedimientos administrativos y medios para acceder a ellos.
d)
d. Identificar a las
autoridades, funcionarios públicos encargados de las prestaciones o servicios
públicos a que tengan derecho, o bajo cuya competencia se tramiten sus
peticiones, solicitudes, reclamos o
procedimientos.
e)
e. Presentar con facilidad las
peticiones, solicitudes o reclamos a los órganos y entes de la Administración
Pública, así como recibir oportuna y adecuada respuesta a tales peticiones o
solicitudes, independientemente del derecho de ejercer los recursos
administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley
nacional.
f)
f. Participar en el ciclo de
diseño y mejora del servicio, así como a presentar propuestas de transformación
e innovación del servicio.
g) g.
Abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al
trámite o procedimiento de que se trate.
h) h.
Acceder fácilmente a los datos que la Administración Pública dispone sobre el
mismo, con las excepciones contempladas en la ley y solicitar la modificación
que corresponda, así como la preservación de su privacidad.
i) Exigir
un trato respetuoso y deferente por las autoridades y funcionarios públicos,
quienes están obligados a facilitar a los particulares el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
j) j.
Participar en la formación de las políticas públicas de conformidad con la ley
nacional, así como en las evaluaciones del desempeño de los órganos y entes de
la Administración Pública y conocer sobre su resultado.
Por su parte, el
ciudadano debe participar en la mejora de la calidad de la gestión pública, en
consecuencia:
a. Contribuirá
al sostenimiento de los costes de la gestión pública.
b. Dará
un trato respetuoso y conforme a principios éticos a los funcionarios y
autoridades públicas.
c. Realizará
un uso adecuado de los bienes y servicios públicos.
d.
Participará en el ciclo de
formulación, ejecución, evaluación y
control de las políticas públicas.
La Administración
Pública facilitará el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y velará por
el cumplimiento de sus deberes como partícipes del sistema social y político.
Panel: Retos y Desafíos de la Implementación
de la Carta Iberoamericana
Modernización en Marcha 34 El CLAD y las
Cartas Iberoamericanas
Presentación de la Estrategia y Plan Nacional de
Gobierno Electrónico - PERU
Presentación de la Estrategia y Plan Nacional de Gobierno Electrónico - ECUADOR
PORQUE NO AVANZA EL PROCESO DE MODERNIZACION EN EL PERÚ.. EN UN PAIS DONDE SUS TRES PODERES DEL ESTADO, ESTA SISTEMATIZADO POR LA CORRUPCION, podemos afirmar:
LA POBREZA EN EL PERÚ NO ES EL PROBLEMA.
EL PROBLEMA SON LAS BANDAS PRESIDENCIALES
EN LOS GOBIERNOS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES.
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