MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL BIEN COMUN Y EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA


MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO

PARA EL BIEN COMÚN Y EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA 


    Los que Usufructúan de la Riquezas de los Peruanos, no solo se creen dueño de ellas, sino también del destino de los Peruanos, el Sistema Político contribuye a sus fortalecimientos de enriquecimiento, estando seguros, con sus medios de comunicación, que siempre inducen a los Peruanos a elegir, a sus mismos servidores, que siguen el sistema de corrupción, a costa del mejoramiento de calidad de vida, de los mismos que los eligen. CUANDO ROMPAMOS ESTE CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA, HABRÁ VISIÓN COMPARTIDA Y DEJAREMOS DE SER UNOS MENDIGOS SENTADOS EN UN GRAN BANCO DE ORO.
      Mag. CPC. Pedro A. Barboza Zelada



TEMAS DESARROLLADOS 
Pág

TEMA 01: PORQUE DE UNA MODERNA GESTIÓN PÚBLICA
LEY Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley 27658
Ley de Bases de la Descentralización Ley 27783
Primera Visión compartida de Futuro
Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867
Políticas Públicas
Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento D.S. Nº 027-2007-PCM
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE, Ley 29158
Política Nacional de Modernización del Estado al 2021
Planeamiento Estratégico del Estado Peruano
Plan Bicentenario – El Perú al Siglo XXI
Normas de Carácter General del Planeamiento Estratégico
Planes Sectoriales
Planes Temáticos
Planes de Desarrollo Regional Concertado
Los Objetivos del Milenio
Las Cartas Iberoamericanas

TEMA 02: LA SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA
Políticas y Estrategias Desarrolladas
Gobierno Abierto

TEMA 03: LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TEMA 04: EL LIDERAZGO GERENCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Enfoque Gubernamental Actual de la Gerencia Pública en el Perú.
Cuáles son los aportes a la Nueva Gestión Pública en la modernización del Estado


03
03
04
04
06
07
07
08
13
15
20
21
22
22
26
25
27
28

34
35
40

44

47
48
53


TEMA 01
PORQUE DE UNA MODERNA GESTIÓN PÚBLICA.
LEER: POLÍTICA NACIONAL DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA.pdf          

PERÚ: LA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO CICLO DE DESARROLLO ESCENARIOS PROSPECTIVOS 2012-2016

LINEA DE TIEMPO:
La Gestión Pública y Modernización del Estado, viene dándose en América Latina desde los años 90, liderados por Brasil, Chile, Argentina y Colombia, la línea de tiempo de la Modernización Estatal en nuestro País, se inicia el 20 de enero del 2002 con la

Artículo 1.- Declarase al Estado en proceso de modernización:
1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
1.2. El proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras entidades cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario.
Artículo 2.- Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias.
Artículo 3.- Alcance de la ley
La presente Ley es de aplicación en todas las dependencias de la Administración Pública a nivel nacional.
Artículo 4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
El objetivo es alcanzar un Estado:
a) Al servicio de la ciudadanía.
b) Con canales efectivos de participación ciudadana.
c) Descentralizado y desconcentrado.
d) Transparente en su gestión.
e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado.

PRIMERA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO:

EL ACUERDO NACIONAL:
El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.
La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del AN.

Objetivos del Acuerdo Nacional

Las políticas de Estado están agrupadas en cuatro grandes objetivos:
1. Fortalecimiento de la: Democracia y Estado de Derecho.(Ver)
2. Desarrollo con:            Equidad y Justicia Social.(Ver)
3. Promoción de la:          Competitividad del País.(Ver)
4. Afirmación de un:        Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.(Ver)

Cada política de Estado tiene metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011, 2016 y 2021, que están trabajados en formatos denominados matrices.
El 17 de julio del 2002 se publica,

Artículo 3.- Finalidad La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.
Artículo 6.- Objetivos
La descentralización cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con los siguientes objetivos:
OBJETIVOS A NIVEL POLÍTICO:
                       a)            Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de las competencias públicas, y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y la administración estatal.
                             b)            Representación política y de intermediación hacia los órganos de gobierno nacional, regional y local, constituidos por elección democrática.
                              c)            Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad.
                                      d)            Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales. 
OBJETIVOS A NIVEL ECONÓMICO:
                             a)            Desarrollo económico, autosostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y localidades del país, en base a su vocación y especialización productiva.
                             b)            Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el territorio nacional.
                              c)            Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la Inversión en las diferentes circunscripciones del país.
                                 d)            Redistribución equitativa de los recursos del Estado.
                                 e)            Potenciación del financiamiento regional y local.

OBJETIVOS A NIVEL ADMINISTRATIVO:
                             a)            Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión de los servicios públicos.
                                b)            Simplificación de trámites en las dependencias públicas nacionales, regionales y locales.
                              c)            Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios.

OBJETIVOS A NIVEL SOCIAL:
                     a)            Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la competitividad nacional e internacional.
                             b)            Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social.
                c)            Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación.
                             d)            Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.

OBJETIVOS A NIVEL AMBIENTAL:
a)      Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.
b)      Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
c)      Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.


El 26 de mayo del 2003 se publica,


ARTÍCULO V.- ESTADO DEMOCRÁTICO, DESCENTRALIZADO Y 
DESCONCENTRADO
La estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales.

ARTÍCULO VI.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
 Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.

ARTÍCULO IX.- PLANEACIÓN LOCAL
 El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración.

ARTÍCULO X.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

El 27 de junio del 2003 se publica,


Artículo 4.- Finalidad Los gobiernos regionales
Tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Artículo 5.- Misión del Gobierno Regional
 La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
Artículo 6.- Desarrollo regional
El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.

POLÍTICAS PÚBLICAS

PRIMERAS POLÍTICAS PÚBLICAS:

PRECISAMOS QUE:
La evaluación de políticas, programas y proyectos sociales es una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura (Nirenberg et al., 2000: 32).
En definitiva lo importante es reconocer la función de la evaluación para la sociedad, al inducir el aprendizaje en cuanto a las formas que tiene el Estado para responder a los desafíos sociales que impone el desarrollo, este aprendizaje al mismo tiempo traduce el logro de políticas y programas sustentables en el tiempo con la finalidad de alcanzar el máximo beneficio y participación de los ciudadanos en procesos plurales, transparentes y efectivos, que al fin de cuentas deberían contar con el apoyo concreto y palpable del Estado.
Se entiende por política nacional, toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas.

POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

1. EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN 
1.1. Asegurar  la  pronta  y  adecuada  transferencia  de  las  competencias,  funciones  y recursos  a  los  Gobiernos  Regionales  y  Locales,  respetando  los  principios  de subsidiariedad, gradualidad, complementariedad y neutralidad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local.
1.2. Delimitar  con  precisión  las  funciones,  competencias  y  esquemas  adecuados  de coordinación  entre  los  niveles  de  gobierno,  con  el  fin  de  determinar  la responsabilidad  administrativa  y  funcional  en  la  provisión  de  servicios,  que redunden  en  el  fortalecimiento  administrativo  y  financiero  de  los  gobiernos regionales y locales.
1.3. Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.
        CONCORDANCIAS: D.S. Nº 049-2008-PCM, Art. 6
 1.4. Desarrollar plataformas regionales de competitividad, que permitan el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales y locales.
 1.5. Institucionalizar la participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas.
        La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  a  la  Presidencia  del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización.

2. EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES 
2.1 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas
Públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así como en la contratación de servidores públicos y el acceso a los cargos directivos.
2.2  Impulsar  en  la  sociedad,  en  sus  acciones  y  comunicaciones,  la  adopción  de valores,  prácticas,  actitudes  y  comportamientos  equitativos  entre  hombres  y mujeres,  para  garantizar  el  derecho  a  la  no  discriminación  de  las  mujeres  y  la erradicación de la violencia familiar y sexual.
2.3  Garantizar  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos  civiles,  políticos,  económicos,
Sociales y culturales de las mujeres.
2.4 Promover el acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y en la administración pública.
2.5 Atender prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres.
        La supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
CONCORDANCIAS:  
·         D.S. Nº 004-2008-MIMDES (Precisan que los estatutos de todas las formas de organización jurídica sin fines de lucro deberán  adecuarse  a  las normas de la Constitución Política del Perú y de la Ley relativas a la igualdad jurídica del varón y la mujer)
·         D.S.  N°  008-2008-MIMDES  (Creación  del  Registro  de  los  Representantes  de  las  Organizaciones  Sociales  de  los Asentamientos Humanos)

3. EN MATERIA DE JUVENTUD 
3.1  Formular  planes,  programas  y  proyectos  que  atiendan  las  demandas  y aspiraciones  de  la  juventud  en  los  asuntos  que  conciernan  a  cada  uno  de  los ministerios y las diferentes instituciones del Estado.
3.2  Fortalecer  y  fomentar  la  participación  juvenil  en  los  distintos  espacios  políticos  y sociales, así como en los ministerios y las diferentes instituciones del Estado, para la promoción de planes, proyectos y programas en materia de juventud.
3.3  Promover  planes,  programas  y  proyectos  de  capacitación  para  el  trabajo, liderazgo,  actitudes  solidarias  y  emprendedoras,  que  contribuyan  a  la empleabilidad de la juventud.
3.4  Fomentar  el  acceso  universal  a  la  educación  con  estándares  adecuados  de calidad,  que  promuevan  capacidades  críticas,  la  formación  profesional  y  técnica descentralizada vinculada a las potencialidades económicas regionales y locales, así como al acceso y promoción del uso de nuevas tecnologías y comunicación.
3.5 Desarrollar planes, programas y proyectos de salud orientados específicamente a la  población  juvenil,  garantizando  un  clima  de  confianza,  respeto  y confidencialidad  en  su  atención,  eliminando  las  barreras  culturales,  sociales, legales  y  económicas  que  impidan  el  acceso  de  los  jóvenes  a  los  servicios  de salud.
3.6  Desarrollar  planes,  programas  y  proyectos  que  garanticen  la  prevención  y rehabilitación  de  jóvenes  que  se  encuentran  en  situaciones  de  vulnerabilidad, atendiendo  su  heterogeneidad,  en  el  marco  de  una  cultura  de  paz,  tolerancia  y seguridad ciudadana.
3.7  Fortalecer  las  capacidades  de  los  jóvenes  rurales  e  indígenas  en  sus  espacios sociales y  políticos locales,  así  como  su  proyección  hacia los  ámbitos  regional  y nacional, reconociendo y promoviendo sus culturas e identidades.
3.8  Gestionar  la  asistencia  técnica  y  económica  ante  las  instituciones  públicas  y privadas  nacionales  e  internacionales,  para  la  ejecución  de  planes,  programas  y proyectos dirigidos al desarrollo integral de la juventud.
         La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  al  Ministerio  de Educación, a través de la Dirección Nacional de la Juventud.

4.  EN RELACIÓN A LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS, AFROPERUANOS Y ASIÁTICO PERUANOS 
4.1 Coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance nacional y de  políticas  sectoriales  para  el  desarrollo  integral  de  los  Pueblos  Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.
4.2  Coordinar  con  los  Gobiernos  Regionales  y  Locales  las  actividades  de  desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.
4.3 Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular,
capacitación,  asistencia  técnica,  y  otros,  de  las  entidades  públicas  y  privadas,  a favor de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.
4.4  Coordinar  con  los  Gobiernos  Regionales  las  acciones  pertinentes  para  la protección a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los Pueblos  Andinos,  Amazónicos,  Afroperuanos  y  Asiaticoperuanos,  en  lo  que concierne a cada uno de los Sectores.
4.5 Asesorar a los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos en las materias de su competencia.
       La supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

5. EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
5.1 Respetar y hacer respetar, proteger y promover el respeto de los derechos de las
personas  con  discapacidad  y  fomentar  en  cada  Sector  e  institución  pública  su contratación y acceso a cargos de dirección.
5.2  Contribuir  a  la  efectiva  participación  de  las  personas  con  discapacidad  en  todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural del país.
5.3  Erradicar  toda  forma  de  discriminación  en  contra  de  las  personas  con discapacidad.
5.4  Implementar  medidas  eficaces  de  supervisión  para  garantizar  la  difusión  y  el efectivo  cumplimiento  de  las  normas  legales  que  protegen  a  las  personas  con discapacidad.
        La supervisión del cumplimiento de estas políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

6. EN MATERIA DE INCLUSIÓN 
6.1 Promover la inclusión económica, social, política y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales,  culturales  o  de  ubicación  geográfica,  principalmente  ubicados  en  el ámbito  rural  y/o  organizados  en  comunidades  campesinas  y  nativas.  Cada Ministerio e institución del Gobierno Nacional destinará obligatoriamente una parte de  sus  actividades  y  presupuesto  para  realizar  obras  y  acciones  a  favor  de  los grupos sociales excluidos.
6.2  Desarrollar  programas  destinados  a  reducir  la  mortalidad  infantil,  prevenir  las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de edad.
6.3  Adoptar  medidas  de  erradicación  del  trabajo infantil  y  apoyar  la promoción  de  la paternidad responsable.
6.4  Garantizar  el  respeto  de  los  derechos  de  grupos  vulnerables,  erradicando  toda forma de discriminación.
        La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  a  la  Presidencia  del Consejo de Ministros en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

7.  EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD 
7.1  Estimular  dentro  de  cada  institución  del  Gobierno  Nacional  y  promover  en  la sociedad  la  difusión  de  actividades  de  investigación  básica,  investigación aplicada  y  de  innovación  tecnológica,  estableciendo  incentivos  para  la participación  de  investigadores  en  actividades  de  transferencia  tecnológica  en todas las regiones del país.
7.2 Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma desconcentrada y descentralizada, a escala nacional, regional y local, concertando con instituciones privadas la realización conjunta de programas y proyectos de innovación tecnológica.
7.3  Aplicar  políticas  sectoriales  para  la  incorporación  de  tecnologías  básicas  de riego,  cocinas  mejoradas,  supresión  de  humos  e  instalación  alejada  de  letrinas en los hogares, entre otras.
7.4  Apoyar  la  innovación  tecnológica  del  sector  productivo,  principalmente  a  través de proyectos con participación empresarial.
7.5 Otorgar respaldo institucional a los investigadores, innovadores e inventores, en particular, a los jóvenes y talentos.
7.6 Promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica.
7.7  Apoyar  las  estrategias  nacionales,  regionales  y  locales  de  lucha  contra  la contaminación del medio ambiente.
7.8  Implementar  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  daños  ambientales  que sean necesarias.
7.9 Promover el uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias.
7.10  Proveer  la  información  necesaria  para  el  funcionamiento  adecuado  de  los mercados e implementar y adoptar las medidas necesarias destinadas a mejorar el  flujo  de  la  información,  con  el  propósito  que  las  empresas  identifiquen  las oportunidades de negocios.
7.11  Capacitar  a  través  de  programas  a  los  micro  y  pequeños  empresarios,  en materia de derechos de propiedad intelectual y contratación con el Estado.
        La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  al  Ministerio  de Educación.

8. EN RELACIÓN AL AUMENTO DE CAPACIDADES SOCIALES 
8.1  Apoyar  las  estrategias  nacionales,  regionales  y  locales  de  lucha  contra  la pobreza  y  seguridad  alimentaria  así  como  los  Planes  Nacionales  Sectoriales para ser articulados con los planes de desarrollo comunitario, local y regional.
8.2  Promover  el  ejercicio  de  los  derechos  y  responsabilidades  ciudadanas  con relación a las políticas, programas y servicios sociales.
8.3  Difundir  en  todas  sus  acciones  y  programas,  los  valores  éticos  de  convivencia social  tales  como  la  honestidad,  la  transparencia,  la  responsabilidad,  la solidaridad, el respeto y la puntualidad.
8.4  Fomentar  y  apoyar  los  liderazgos  que  promuevan  la  cooperación  y  el  trabajo intersectorial e interinstitucional.
        La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  a  la  Presidencia  del Consejo de Ministros en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

9. EN MATERIA DE EMPLEO Y MYPE 
9.1 Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo digno.
9.2 Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MYPE.
9.3 Promover la participación de las MYPE en las adquisiciones estatales.
        La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  a  los  Ministerios  de Trabajo  y  Promoción  del  Empleo  y  de  la  Producción,  en  sus  respectivos  ámbitos  de competencia.
10. EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
10.1 Promover la permanente y adecuada simplificación de trámites, identificando los más frecuentes, a efecto de reducir sus componentes y el tiempo que demanda realizarlos.
10.2 Implementar ventanillas únicas de atención al ciudadano.
10.3 Promover la aplicación del silencio administrativo positivo en los procedimientos administrativos de las entidades del Gobierno Nacional.
10.4  Simplificar  la  comunicación  entre  los  órganos  de  línea,  suprimiendo  las comisiones,  secretarías  o  instancias  intermediarias  ajenas  a  la  celeridad  y  la eficacia de la función pública.
10.5 Promover el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las distintas entidades públicas.
       La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  a  la  Presidencia  del Consejo de Ministros.

11. EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 
11.1 Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.
11.2 Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
11.3 Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública.
11.4  Fomentar  la  participación  ciudadana  en  la  vigilancia  y  control  de  la  gestión pública.
       La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  a  la  Presidencia  del Consejo de Ministros.

12. EN MATERIA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 
12.1 Fomentar la participación activa de todos los Sectores, niveles de Gobierno y de la  sociedad  en  su  conjunto,  en  el  logro  de  los  objetivos  de  la  política  de Seguridad y Defensa Nacional.
12.2 Fomentar el orgullo y la identidad nacional.
12.3  Impulsar  el  establecimiento  y  consolidación  de  fronteras  vivas  como  auténticos polos de desarrollo.
       La  supervisión  del  cumplimiento  de  estas  políticas  corresponde  a  los  Ministerios  de Defensa y del Interior, en sus respectivos ámbitos de competencia.
       CONCORDANCIAS: R.M. N° 1249-2007-DE-SG

El 20 de diciembre del 2007 se publica: la

LEY LOPE, el 20 de diciembre del 2007, para adecuarse a esa nueva visión, estratégica de su ROL, o función principal, por lo que así, adecuo el funcionamiento del Poder Ejecutivo, QUE ESTABLECÍA LA LEY LOPE: Dividía a los ministerios en dos acciones fundamentales
1.      Ministerios con Competencias exclusivas, quienes se encargarían, de la SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA y la SEGURIDAD ECONÓMICA.

2.      Ministerios con Competencias Compartidas, quienes se encargarían del mejoramiento de calidad de vida de los peruanos interactuando en los tres niveles de Gobierno: GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.





“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES Y DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS QUE TIENEN A SU CARGO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS”;


En donde todos los Ministerios tendrían que precisar las competencias, funciones y atribuciones compartidas de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de tener una visión integradora y poder delimitarlas e identificar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, evitando así la duplicidad y superposición de funciones, siendo que el Poder Ejecutivo no debe asumir funciones y atribuciones que son asumidas por los otros niveles de gobierno, conforme al Principio de Subsidiaridad.

Estas acciones estaban acorde a:


QUE FUNCIONES DEBEN DE REALIZAR ESTOS MINISTERIOS EN LA DEFINICION DE POLÍTICAS NACIONALES INTEGRADAS:
La definición de políticas nacionales plantea las principales responsabilidades de los Ministerios en el marco de su rol rector en términos de:
  1. La definición de Objetivos claros y priorizados que den certeza a los organismos públicos y los gobiernos regionales y locales respecto de los que se busca lograr con cada política y, por lo tanto, permita evaluar el desempeño y rendir cuentas de lo avanzado.
  2. Los Lineamientos y contenidos de las políticas que detallen los instrumentos y mecanismos a utilizar para implementarlas adecuadamente;
  3. Los estándares nacionales de cumplimiento que establezcan parámetros para conocer cuál es el nivel adecuado de provisión de un servicio público y cuánto le falta a cada localidad para alcanzarlo; y
  4. La magnitud en la provisión del servicio y la cantidad de personas o beneficiarios que deben recibir el servicio.

Así mismo el Gobierno el 01 de febrero del 2013, se promulgo


QUE REAFIRMA ESTA POLÍTICA:
En los últimos diez años, el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento económico de la región. El Ingreso Nacional Bruto por persona casi se triplicó, y las tasas de pobreza se redujeron a la mitad. Desde 2010, el Perú se ubica en el grupo de países de ingresos medio alto. Este crecimiento económico fue acompañado por un crecimiento parecido de los ingresos del Estado. Desde 2005, la recaudación fiscal se incrementó en 13% por año 2 , y el presupuesto público del año fiscal 2013 se proyecta en más del doble del presupuesto de apertura del año 2006, incrementándose de S/.53,929 millones a S/.108,419 millones.

El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca confianza de la población en el Estado y bajos niveles de satisfacción ciudadana. Según el Latino barómetro 1995-2011, los niveles de satisfacción con la democracia en el Perú se encuentran por debajo del promedio de la región (31% en el Perú versus 39% en promedio en América Latina). Además, aún persisten marcadas desigualdades sociales y territoriales 5; según el mismo Latino barómetro, apenas el 14% de los peruanos considera que la distribución de la riqueza en el país es justa, lo que se refleja en un grado alto de insatisfacción con el sistema político y económico, y altos niveles de conflictividad social que afectan la gobernabilidad democrática.
El proceso de descentralización satisfizo aspiraciones y necesidades largamente postergadas, y también ha generado nuevas expectativas por mayor inclusión y oportunidades para el desarrollo.
Las deficiencias del Estado tienen impacto en la vida de los ciudadanos y en las actividades empresariales, lo que tiene consecuencias en el bienestar de las personas, en la competitividad empresarial, en la legitimidad de los gobiernos y, por lo tanto, en el sistema democrático y sus instituciones. Tomando en cuenta las consecuencias que tienen las deficiencias de desempeño del Estado en la vida de las personas y en la competitividad y gobernabilidad democrática del país, es que se requiere una política integradora de modernización de la gestión pública, para asegurar que todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de manera articulada y consistente en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en el servicio a sus ciudadanos.

PRINCIPALES PUNTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:








EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL ESTADO PERUANO

Adjunto a Uds. la normatividad de Planeamiento Estratégico del Estado Peruano a nivel del Poder Legislativo, resuelvan la siguiente pregunta:

1        Porque el Estado Peruano no cumple con las Normas de Carácter General y los Planes Sectoriales del Planeamiento Estratégico del País, donde se enmarca sus políticas públicas?

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Actualizada al 01 Feb. 2016 - AQUÍ
Para los fines de la presente Directiva, se entiende por entidad o entidades de la Administración Pública, a las siguientes:
1. Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Adscritos;
2. Poder Legislativo;
3. Poder Judicial;
4. Gobiernos Regionales;
5. Gobiernos Locales;
6. Organismos Constitucionales Autónomos, sin afectar su autonomía.
Artículo 3. Finalidad
La presente Directiva tiene por finalidad:
      a)            Lograr que los planes estratégicos de las entidades de la Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN;
      b)            Contribuir a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en los procesos de planeamiento estratégico;
      c)            Promover que las entidades de la Administración Pública mejoren la coordinación interinstitucional en sus procesos de planeamiento estratégico;
     d)            Mejorar la capacidad de las entidades de la Administración Pública para identificar, priorizar y aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos del entorno;


I.                   EL PLAN BICENTENARIO EL PERU HACIA EL SIGLO XXI



En el Perú se ha venido realizando un permanente esfuerzo por lograr un Plan Nacional de Desarrollo de este tipo. Fue en el año 2002 que el Foro del Acuerdo Nacional, donde participan todos los partidos políticos y las instituciones civiles comprometidas con la democracia, acordó un conjunto de Políticas de Estado para el fortalecimiento institucional de nuestro sistema representativo y la definición consensual de las políticas de desarrollo.

La quinta de estas Políticas de Estado consideró la necesidad de establecer un sistema de planeamiento estratégico que permita programar la asignación de los recursos y concertar las acciones necesarias para alcanzar objetivos concretos de crecimiento, competitividad, mejor calidad de vida y eficiencia administrativa.

Nuestro país se encaminó hacia esta importante perspectiva cuando el 28 de junio de 2008 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1088, por el cual se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, adscrito al sector Presidencia del Consejo de Ministros, como un organismo técnico especializado de derecho público, rector, orientador y coordinador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; estableciéndose entre los objetivos del Sistema, articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Plan Bicentenario, enmarca sus objetivos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Como podrá el lector ver a continuación en el presente folleto explicativo, nuestro Plan 2021 no pertenece a un gobierno ni a un partido o grupo político. Pertenece a todos los peruanos.

Es un Plan Nacional que seguirá siendo enriquecido con la participación ciudadana y cuya concepción y metodología lo hace sinónimo de libertad política, de derechos civiles, de oportunidades económicas y sociales, de protección a la persona y de transparencia en la gestión pública. Es el medio para que el Estado y la sociedad puedan ofrecer los bienes preferentes que permitan la realización de la libertad, para que el potencial de nuestras capacidades humanas pueda desplegarse.


En el Plan Bicentenario, se ha concebido una visión compartida del Perú en el siglo XXI.

   Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía; donde la economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrado regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. Un país que favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial; y donde la pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 considera seis objetivos estratégicos nacionales:

1. Un Estado basado en la plena vigencia de los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad de las personas.
·         Que considere la libertad, la justicia, la paz y la dignidad como derechos intrínsecos e inalienables de toda la familia humana.
·         Que considere el ejercicio universal de los derechos de las personas como la finalidad esencial de toda sociedad humana.
·         Que considere las diferentes libertades como el fin supremo del desarrollo y al mismo tiempo como el medio indispensable para alcanzarlo.

2. Una economía competitiva basada en la generación masiva de empleos con alta productividad.
·         Que de un lugar prioritario a la iniciativa privada como fuente primordial de la generación de recursos sostenibles y de empleo calificado.
·         Que considere los mercados internacionales como la principal fuente de oportunidades para el desarrollo económico y los recursos naturales como la principal fuente de riqueza.

3. Una economía que ofrezca igualdad de oportunidades y acceso irrestricto a los servicios.
·         Que oriente las políticas de desarrollo hacia la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema y todas las barreras sociales, de género, culturales y de cualquier otro tipo que limiten las libertades y la libre realización de su máximo potencial como seres humanos de todos los peruanos.
·         Que asegure a los peruanos, sin excepción, en todos los espacios geográficos, iguales oportunidades para el acceso a los servicios básicos y para el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y culturales.

4. Un crecimiento económico basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
·         Que garantice que las actividades extractivas se realicen en las mejores condiciones ambientales que posibilite la tecnología moderna.
·         Que priorice la recuperación de la calidad ambiental de las ciudades.
·         Que proteja la biodiversidad y asegure un manejo cuidadoso de los recursos naturales, combinando medidas de protección con medidas selectivas de promoción de actividades económicas rentables, sostenibles y de alto valor agregado.

5. Desarrollo de una infraestructura adecuada y distribuida adecuadamente entre las regiones.
·         Que dé solución a las desigualdades de infraestructura en el interior del país de manera ordenada y coordinada.
·         Que canalice recursos tanto públicos como privados bajo la forma de concesiones o asociaciones público-privadas, mediante consideraciones de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de buen manejo ambiental.

6. Lograr desde el Estado una gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad y llegue a todos los sectores de la sociedad y rincones del país.
·         Que facilite la gobernabilidad y haga respetar los derechos fundamentales.
·         Que coadyuve a la erradicación de la pobreza y defienda la igualdad de oportunidades ante la ley para toda la población.
·         Que asegure el acceso a los servicios básicos a toda la población del país.
·         Que provea servicios de educación y de salud de calidad.
·         Que asegure el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente.
·         Que promueva la inversión privada en infraestructura y tome la iniciativa de invertir directamente cuando no se cuente con la oferta privada.

II. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

  






                                                            

                                                            






                         
                2.16. TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO


                2.17. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES


                2.18. VIVIENDA


             



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO


LOS OBJETIVOS DEL MILENIO:
El 08 septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015. El Perú estuvo obligado al cumplimiento de estos objetivos que fueron enmarcados en acciones del estado, y de donde salieron los Programas Sociales y la Carrera Publica Magisterial.


El 25 de septiembre, los países tendrán la oportunidad de adoptar un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.





LAS CARTAS IBEROAMERICANAS
Las Cartas Iberoamericanas elaboradas en el marco del CLAD son resultado de los consensos alcanzados por los gobiernos iberoamericanos en materia de buen gobierno y administración pública. Si bien abordan diversos temas, como los de la función pública, el buen gobierno, el gobierno electrónico, la calidad en la gestión pública y la participación ciudadana, el centro en ellas es el ciudadano y sus derechos. Su contribución a la teoría de la democracia, en el contexto Iberoamericano, es importante y merece ser conocido.
En el ámbito latinoamericano, las propuestas de reforma de la Administración Pública desde fines de los años 90 han surgido desde el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, más conocido como CLAD. El CLAD es un organismo público internacional, de carácter intergubernamental.
Se constituyó en el año 1972 por iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela y su creación fue recomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 2802 - XXVI) con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas como factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.
Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras regiones.
Institucionalmente es la secretaría técnica permanente de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado que se realizan en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Bajo su propuesta, los Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado han aprobado en las Cumbres la “Carta Iberoamericana de la Función Pública”, en Bolivia, en 2003; el “Código Iberoamericano de Buen Gobierno”, en Uruguay, en 2006; la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”, en Chile, en 2007; la “Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”, en El Salvador, en 2008 , y la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana”, en Portugal, en 2009, entre otros documentos internacionales.

DECLARACIONES, CONSENSOS Y CARTAS IBEROAMERICANAS

Declaraciones, Consensos y resoluciones
Documento doctrinario suscrito por el Consejo Directivo del CLAD, octubre de 1998
Documento doctrinario suscrito por el Consejo Directivo del CLAD.
Documento doctrinario suscrito por el Consejo Directivo del CLAD.
XI Conferencia Iberoamericana, Portugal, junio de 2009
Adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana, Portugal, diciembre de 2009
Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana, El Salvador, octubre de 2008
XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, Paraguay, julio de 2011.
Adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana, Chile, noviembre de 2007
Adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana, Chile, 2007, versión en portugués
Respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana, Uruguay, noviembre de 2006
Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana, Bolivia, noviembre de 2003
Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana, Bolivia 2003, versión en inglés.
Documento firmado en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Pucón, Chile 2007
Documento firmado en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Montevideo, Uruguay 2006
Madrid, España, 23 y 24 de junio de 2005. VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26 y 27 de junio de 2003. V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado
Foro Iberoamericano: Revitalización de la Administración Pública. Estrategias para la implementación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. México, mayo 2005
Documento firmado en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, San Salvador, El Salvador 2008
Documento firmado en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, San Salvador, El Salvador 2008. Versión en portugués
En un gesto de especial significación la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que finalizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre del 2003, incluyó en su declaración final, denominada "Declaración de Santa Cruz de la Sierra", un respaldo categórico y taxativo a la profesionalización de la función pública, el fortalecimiento institucional del Estado y el potenciamiento en las agendas gubernamentales de las políticas de reforma de la administración pública.
Documento aprobado por la XL Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Santo Domingo, República Dominicana, 8-9 de noviembre de 2010
Boca Chica, Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, 27 y 28 de junio de 2002
Ciudad de Panamá, Panamá, 26 y 27 de junio de 2000
La Habana, Cuba, 24 y 25 de Junio de 1999
Lisboa, Portugal, 27 y 28 de Julio de 1998
XII Conferencia Iberoamericana, Argentina, julio 2010. Los Documentos aprobados en el Consenso están disponibles en la página de la XII Conferencia: http://www.clad.org/reuniones-internacionales/eventos-realizados
XII Conferencia Iberoamericana, Argentina, julio 2010
Foro Ministerial sobre Reforma Regulatoria en Iberoamérica, México, julio de 2011
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del CLAD, México, mayo de 2012
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Panamá, junio de 2013

Aprobada por el Consejo Directivo del CLAD en reunión presencial-virtual celebrada desde Caracas el 10 de octubre de 2013
LO QUE PENSAMOS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO:

Toda la línea de tiempo que hemos puesto a sus conocimientos, nos lleva a concluir que los cambios a la Modernización del Estado en el Perú, no fueron porque a los gobernantes de turno les nació el nacionalismo o tuvieron una visión de futuro, se hicieron porque fueron obligados a modernizar el aparato estatal.
Toda Reforma que se hace por presión Internacional por salvaguardar un Estado Democrático en defensa de la democracia, camina mal porque no hay un involucramiento consciente de lo que se trata, sino fijémonos en la Modernización de la Educación marchas y contra marchas, que va a generar un conflicto.
Uno de los Grandes problemas de la Reforma de Modernización es que no hay involucramiento al Empleado Público, se está haciendo esta con precisión con la nueva ley Servir, cuando esta debió comenzar por formar equipos de trabajo multifuncionales y técnicos, y señalar un aprendizaje hacia que queremos llegar o trazar el horizonte hacia dónde vamos a caminar.
En el video están las cosas claras de este problema, pero que no han atinado a desarrollar el cambio respectivo.

Que Tenemos que cambiar para fortalecer nuestro estado
Nuestro País ha venido sosteniendo un crecimiento económico constante por encima del 6% del PBI, crecimiento que no ha sido reflejado en el bienestar de nuestra Población, nuestro Estado Peruano aún no se ha modernizado, y no hay sostenibilidad de este crecimiento con el desarrollo social, son múltiples los esfuerzos que se han venido realizando, pero a la fecha no se han realizado las transformaciones requeridas en el aparato estatal, de ahí que la población no siente que ha habido un avance profundo en el mejoramiento de su calidad de vida.
Los Peruanos estamos requiriendo acciones más transparentes, de parte del Gobierno Central, los hechos de corrupción son escandalosos en los últimos 20 años y que ha retrasado el bienestar de los Peruanos.
Que tenemos que evitar para lograr un ESTADO ÉTICO
Que debe hacer el Estado Peruano, esas interrogantes las Planteamos en el contenido del Presente trabajo he aquí un planteamiento de esas interrogantes y que sirva como aporte para generar conciencia de las tareas que debemos asumir si queremos un país con futuro.
NUEVA GESTION PUBLICA

La noción de "gubernamentalidad" y su utilidad para pensar las prácticas pedagógicas  

CALIDAD DE LA GESTION PUBLICA: Éxito Brasileño

Conflicto de intereses en el sector público

El Open Government

Gobierno Electrónico

Gestión del talento basado en competencias

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
INTERNET DE LAS COSAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS DEL NUEVO DOCENTE

Todo es posible en una ciudad digital


Presentación de la Estrategia y Plan Nacional de Gobierno Electrónico

 

Porque defender nuestro Estado Peruano:

El Nuevo Rol del Estado - Escándalos Éticos: Informe Kliksberg





TEMA 02
LA SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA

La institución encargada de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública en el país para una efectiva calidad en la prestación de los servicios públicos es la Secretaría de Gestión Pública (SGP).

La SGP es la entidad nacional competente en materia de organización del Estado para lo cual aprueba y propone normas en materia de estructura del Estado y sistemas administrativos, en concordancia con las normas de modernización, racionalización y descentralización del Estado.

a) Coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública, así como formular y evaluar las propuestas para su mejora;
b) Emitir opinión sobre autógrafas y proyectos normativos referidos a organización y estructura del Estado, como es la creación de Ministerios, Entidades, Instituciones, Organismos Públicos Descentralizados, Autoridades Autónomas, Corporaciones, Fondos o de cualquier otra entidad del Estado; así como, el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, de los Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados para fines de su aprobación;
c) Proponer normas y directivas en materia de funcionamiento y organización del Estado, ética y transparencia;
d) Detectar los casos de duplicidad de funciones o de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la Administración Pública y proponer las medidas necesarias para su corrección;
f) Emitir informe sobre los proyectos o normas que propongan la fusión de direcciones, programas, dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, comisiones y en general toda instancia de la administración pública central, así como la modificación respecto de la adscripción sectorial de un organismo público descentralizado o de otras entidades;
g) Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar los procesos de simplificación administrativa en relación con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades del Poder Ejecutivo, para lo cual está facultada a solicitar la información que requiera, y emitir directivas y/o lineamientos;
h) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y detectar los incumplimientos para lo cual deberá otorgar a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. De no producirse la subsanación, deberá realizar las gestiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios involucrados;
i)  Formular propuestas para la aplicación de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
k) Emitir opinión respecto a los conflictos de competencia entre autoridades del Poder Ejecutivo que son puestos en consideración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM);
l)   Emitir opinión técnica en materia de su competencia; y
m) Otras funciones que le sean encomendadas pro la Alta Dirección.

POLITICAS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) ha implementado una serie de intervenciones que se encuentran plasmadas en la nueva Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), recientemente aprobada a través del Decreto Supremo N° 109-2012-PCM "Aprueban la Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública", publicada el 1 de noviembre de 2012.

La Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016)contiene acciones e instrumentos de mediano y corto plazo que tiene por objetivo mejorar y reformar el Sistema de Modernización del Estado previsto en la Ley 29158 "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 30 de diciembre de 2008".

LA ESTRATEGIA CUENTA CON 4 LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS:
1. Formulación y aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y del Plan de Implementación al 2021 y alineamiento de los Planes Institucionales Estratégicos y Operativos a dichos instrumentos:
La SGP se encuentra diseñando de manera concertada la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) y su respectivo Plan de Implementación, con objetivos claros y medibles, orientada a resultados, que considere al ciudadano como eje y fin de la reforma, y que contemple mecanismos eficientes para la coordinación y articulación entre las distintas entidades y niveles de gobierno involucrados en el proceso de modernización, así como para el monitoreo y evaluación de los resultados.

La PNMGP establece una nueva visión de Estado: un Estado Moderno al servicio de las personas. Ello implica un Estado orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). Partiendo de esa visión, la PNMGP tiene como objetivo general, orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.

Para lograrlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:
a) Promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobierno cuenten  objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las Políticas Nacionales y Sectoriales;
b) Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran;
c) Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización;
d) Implementar procesos de simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
e) Promover que el sistema de recursos humanos asegure la profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan;
f) Monitorear y evaluación la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan;
g) Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión;
h) Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como soporte a los procesos de producción y gestión de las entidades públicas  permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto;
i) Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades;
j) Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales;
k) Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales se encuentran articuladas, las cuales se analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate y la participación ciudadana;
l) Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de gobierno;
m) Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan; y
n) Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades.

Para lograr estos objetivos, la apuesta central de la PNMGP es una gestión pública orientada a resultados al servicio del ciudadano. Esta es una gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan - en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno - por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades (como conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en la "cadena de valor") como los de soporte (los sistemas administrativos), con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible.

La PNMGP se basa en 5 pilares centrales y 3 ejes transversales. Estos son:
i)                    las políticas públicas nacionales y el planeamiento,
ii)                  el presupuesto para resultados,
iii)                la gestión por procesos y la organización institucional,
iv)                el servicio civil meritocrático y
v)                  el seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del conocimiento; acompañados por:
i)                    el gobierno abierto,
ii)                  el gobierno electrónico y
iii)                la articulación interinstitucional, siendo animados por un proceso explícito de gestión del cambio.

Luego de aprobarse la Política y el Plan de Implementación, se tiene por propósito priorizar las acciones necesarias para alinear o incorporar en el planeamiento de las entidades públicas, los principios, objetivos y estrategias establecidos en dichos instrumentos, así como aquellas acciones que busquen incorporar en la propia organización, estructura y diseño de procesos de las entidades, los principios orientadores de la política, así como las metas que se planteen en el Plan. Ello tanto a nivel estratégico como operativo. El Plan de Implementación se retroalimentará de las experiencias y resultados de los Pilotos de Modernización, los cuales serán evaluados y monitoreados, a través de un Observatorio de Modernización de la Gestión Pública, el cual se tiene por propósito desarrollar en paralelo.

2. Adecuación del marco normativo que regula la estructura, organización y funcionamiento del Estado
Es necesario revisar y adecuar el marco legal vigente a fin de contar con mecanismos que permitan una estructura del Estado ágil, articulada y eficiente. El objetivo central es encontrar el equilibrio entre la rigidez de un sistema que lleva al incumplimiento y la inacción a uno más flexible hacia el logro de resultados.
Para ello, se han planteado como acciones principales y prioritarias:
·         Una clara delimitación de competencias (exclusivas y compartidas) y funciones del ámbito nacional, regional y local, por cada Sector.
·         Revisar y modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
·         Revisar y modificar la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública.
·         Culminar el proceso de adecuación de las Leyes de Organización y Funciones (LOF) de los Ministerios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) y al proceso de descentralización.
·         Establecer lineamientos más flexibles para la elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) y los CAP en los tres niveles de gobierno.
·         Brindar asesoría técnica a las entidades de los tres niveles de gobierno en los aspectos vinculados a su estructura, organización y funcionamiento.

3. Mejora en la Calidad de Servicios
En los procedimientos administrativos debe promoverse un cambio hacia la búsqueda de mejora continua de la calidad de los servicios públicos y de la atención a los ciudadanos. En ese sentido, la optimización de procesos bajo el enfoque de la gestión por procesos será una de las intervenciones sobre las que se trabajará para avanzar hacia servicios públicos de calidad a nivel nacional:

En el desarrollo de la gestión por procesos es importante continuar con los esfuerzos relacionados a la simplificación administrativa, ya que ésta contribuye a mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración pública (¹).

La simplificación administrativa tiene por objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública. Como herramienta para promover la simplificación administrativa, se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM "Decreto Supremo que Aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa", publicada el 13 de febrero de 2010, la Política Nacional de Simplificación Administrativa (PNSA) que declara los principios, objetivos y estrategias que rigen la reforma.

En esa línea, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) elaboró el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014 como un modelo sistemático de la actuación pública para dirigir y facilitar la implementación de la Política Nacional de Simplificación Administrativa (²). No obstante, la SGP ha elaborado una propuesta de modificación del referido plan para el periodo 2013-2016.

En ese sentido, se busca fortalecer las siguientes líneas centrales de trabajo:
·         Simplificación administrativa: 
(i)                 implementar el Sistema Único de Trámites (SUT) como medio para simplificación de procedimientos y elaboración de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos;
(ii)               seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Simplificación Administrativa incluyendo indicadores de impacto;
(iii)             replicar estrategia TRAMIFACIL para la eliminación de restricciones o problemas que afectan la competitividad de empresas en el país e incorporar trámites vinculados a prestaciones sociales;
(iv)              implementación de la metodología de costos de los procedimientos y servicios para determinar la tasa por derecho de trámite que se cobra a la ciudadanía.

Las metodologías de simplificación administrativa y de costeo de procedimientos administrativos han sido aprobadas mediante Decreto Supremo 007-2011-PCM "Decreto Supremo que aprueba la metodología de simplificación administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad", publicado el 28 de enero de 2011 y Decreto Supremo 064-2010-PCM "Decreto Supremo que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General", publicado el 5 de junio de 2010, respectivamente. Mediante un diploma virtual y talleres presenciales, se está capacitando a los funcionarios públicos para la implementación de estas metodologías.

·         Optimización de Procesos, que busca ajustar el flujo de tareas, entradas y salidas de los procesos de manera que entreguen la mejor calidad al menor costo operativo posible y en el menor tiempo y además respondan a los objetivos y aporten a los resultados institucionales. Para ello es preciso incorporar la Gestión por Procesos.

Mejor Atención al Ciudadano, estrategia multicanal aprobada mediante Decreto Supremo 091-2011-PCM "Decreto Supremo que crea el Centro y el Portal Mejor Atención al Ciudadano", publicado el 3 de diciembre de 2011 que permite ampliar y optimizar los servicios del Estado para una mejor atención a la ciudadanía, y que se compone de:
a) Plataformas presenciales. Centros de atención integrados en los que el Estado - a través de un conjunto de entidades públicas (en el ámbito nacional, regional y local) - brinda servicios públicos en una misma plataforma física  integrada de atención al ciudadano.
b) Plataforma telefónica. Centro de Atención Telefónico "Aló MAC", creado mediante Decreto Supremo 027-2010-PCM "Decreto Supremo que crea el Centro de Atención Telefónica - Aló MAC - como servicio integrado de atención dirigido a la ciudadanía", publicado el 16 de febrero de 2010 como servicio integrado de atención a la ciudadanía que tiene como objetivo brindar a los ciudadanos la información básica sobre requisitos, plazos de atención, costos y el contenido de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades del Poder Ejecutivo, cuya cobertura inicial han sido las entidades del Gobierno Nacional con sede en Lima.
c) Plataforma virtual. Portal Web que permite al ciudadano acceder a los procedimientos administrativos e información del Estado.

El primer centro integrado de atención al ciudadano denominado Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), fue inaugurado en 2010. Este local ha atendido en 18 meses a más de un millón de personas y atiende a 3000 personas diarias. El segundo MAC ha sido inaugurado en el Callao y es administrado por el Gobierno Regional de Callao. Se tiene previsto abrir cuatro nuevos MAC hasta el 2014.

Campañas de fiscalización del cumplimiento de la normatividad vigente y campañas para la eliminación o simplificación de trámites con la participación de la ciudadanía.

GOBIERNO ABIERTO: TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El gobierno del Perú elaboró un Plan de Acción para su incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM "Aprueba el Plan de Acción para su incorporación en la Sociedad de Gobierno Abierto", publicada el 10 de abril de 2012.
Este Plan contiene compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública, integridad pública, gobierno electrónico y promoción del desarrollo de nuevas tecnologías, participación ciudadana y rendición de cuentas, con el fin de promover un gobierno más abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública (³).
En ese sentido, el gobierno abierto se inserta dentro de la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), a fin de alcanzar como objetivo la institucionalización en los tres niveles de gobierno, de la ética pública, la transparencia y la participación ciudadana. Para tal fin, se han priorizado las siguientes acciones:
1.      Procurar la participación activa del Estado peruano en la Sociedad de Gobierno Abierto.
2.      Adecuada implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto.
3.      Implementación de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) en todas las entidades de los tres niveles de gobierno.
4.      Diseño e implementación del Portal de Datos Abiertos.
5.      Lanzamiento del Ranking de Buenas Prácticas en materia de Gobierno Abierto y del Distintivito de Gobierno Abierto, certificación que otorgará la SGP a aquellas entidades que cumplan con estándares adecuados en materia de buen gobierno, ética, transparencia y acceso a la información pública y vigilancia ciudadana
6.      Diseñar e implementar un plan de capacitaciones para los funcionarios responsables de acceso a la información pública y de actualizar la información en los PTE sobre la nueva normativa.
7.      Diseñar la metodología de supervisión y los indicadores que permitan verificar el nivel de cumplimiento en la actualización oportuna de información en los PTE por parte de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
8.      Promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía para garantizar una participación y vigilancia informada y activa en la gestión de las políticas públicas, sensibilizándoles sobre sus derechos y responsabilidades al involucrarse en estos procesos.
9.      Promover el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores públicos para dar importancia a los procesos de participación ciudadana, así como para garantizar que estos realicen de forma exitosa y de acuerdo a las normas.
10.  Promover en las instituciones públicas la utilización de tecnologías de la información para recoger opiniones y sugerencias de la ciudadanía, así como para devolverles información relevante.
11.  Ampliar el uso de la tecnología de la información para facilitar una mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía, identificando y tomando lecciones aprendidas de las iniciativas existentes.   

La Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) busca, entre otras cosas, generar impacto en un plazo menor y con énfasis en los gobiernos descentralizados, mediante la implementación de acciones graduales y habilitantes que permitirán luego escalar las medidas a otros territorios o jurisdicciones.
Para ello, se implementará un mecanismo llamado Piloto de Modernización, contemplado en la Ley 27658 "Ley Marco de Modernización del Estado", publicada el 30 de enero de 2002.

Pilotos de Modernización:
Este instrumento, debe permitir diseñar e institucionalizar una intervención articulada a nivel de la administración pública central, regional y local. La base de esta intervención de gestión serán los gobiernos regionales y locales quienes serán los ejecutores. La SGP tendrá un rol rector y articulador de diversas entidades del Poder Ejecutivo que serán las que brinden herramientas para modernizar la gestión pública. Dichas herramientas deberán ser brindadas en función de las necesidades específicas de cada nivel de gobierno y se priorizarán de manera concertada, contando con los incentivos suficientes para el logro de los resultados

Los pilotos de modernización consisten en un paquete de medidas a corto plazo que se basa en el mejoramiento de la gestión del gobierno descentralizado, en función a la articulación con los demás sistemas administrativos que intervienen en la cadena de valor de la prestación de servicios públicos al ciudadano, a fin de hacerla más eficiente y eficaz. Lo que se busca es lograr que los gobiernos descentralizados alcancen mayores niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios al ciudadano en su respectivo ámbito de competencia. Asimismo, que están en la capacidad de acceder a los incentivos que ofrecen los programas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y puedan reinvertir a mejorar la gestión y la provisión de servicios públicos para el ciudadano.

Objetivos generales:
·         Retroalimentación y ajustes al Plan de implementación al 2021.
·         Réplica de la experiencia a nivel macro-regional y local.

Objetivos específicos:
·         Alinear los planes estratégicos institucionales de los gobiernos descentralizados con la Estrategia de Modernización, haciendo lo propio con su estructura organizacional, procesos relevantes y mecanismos de coordinación.
·         Reforzar su capacidad gerencial, con el fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.
·         Apoyar a los gobiernos descentralizados a articularse con las intervenciones sectoriales como por ejemplo aquellas canalizadas a través de programas presupuestales.
·         Proporcionar un paquete de medidas y herramientas que puedan ser replicadas.
Para llevar a cabo estos objetivos, se suscribirá Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional que serán complementados luego, dependiendo el caso, con planes de acción contenidos en Convenios Específicos ya sea para implementación de los Centros de Servicios Mejor Atención al Ciudadano (MAC), o para la implementación de los Pilotos de Modernización (que implicarán la inyección de un paquete de herramientas, metodologías, optimización de procesos, etc.). Todo ello, se llevará a cabo con la asistencia técnica de la SGP, la cual tendrá además un rol articulador. Llevar a cabo Pilotos de Modernización, que deben permitir diseñar e implementar una intervención articulada y sostenible a nivel de la administración pública central y descentralizada.

Una de las herramientas normativas con las que también se cuenta, es el Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014. Dicho plan consta de seis objetivos estratégicos:

a) Objetivo Estratégico 1: Generalizar la gestión de procesos en los procedimientos y los servicios administrativos por medio de mecanismos definidos por el ente rector (Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014).

b) Objetivo Estratégico 2: Universalizar en forma progresiva el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación en las distintas entidades públicas y promover la demanda de servicios en línea por la ciudadanía.

La Secretaría de Gestión Pública (SGP) impulsó el desarrollo de la primera Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Esta plataforma soporta actualmente el aplicativo de constitución de empresas en línea y debe albergar en los próximos años los procedimientos administrativos más demandados del país.

Por otro lado, en enero de 2013 debe entrar en funcionamiento el Sistema Único de Trámites -SUT, el cual registra el total de trámites de las entidades públicas en los distintos niveles de gobierno. El SUT permitirá crear, modificar, aprobar y eliminar procedimientos administrativos y servirá como medio de análisis de la información relativa a los procedimientos administrativos existentes en el país.

Así mismo, se ha trabajado con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) un plan de trabajo para la implementación de firmas digitales en los procedimientos administrativos.

c) Objetivo Estratégico 3: Proveer al personal de las entidades públicas de las competencias adecuadas para facilitar su relación con la ciudadanía y las empresas, e incentivar su participación y motivación.
d) Objetivo Estratégico 4: Involucrar a los diferentes actores para impulsar y consolidar el proceso de simplificación administrativa.
e) Objetivo Estratégico 5: Optimizar el marco normativo de la simplificación administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento.
La Secretaría de Gestión Pública (SGP) trabaja de manera participativa todas las iniciativas de cambio normativo. Así por ejemplo, la Política Nacional de Simplificación Administrativa, incluyendo su respectivo Plan, y las metodologías de simplificación y costos han sido trabajados involucrando a diferentes actores.
f) Objetivo Estratégico 6: Fortalecer la institucionalidad y liderazgo vinculados con la simplificación administrativa.
A través de TRAMIFACIL se busca empoderar a las entidades públicas en su rol supervisor de los diferentes aspectos vinculados a la Simplificación Administrativa.
 (¹) Política y Plan Nacional de Simplificación Administrativa.
(²) Ambos instrumentos están actualmente en un proceso de evaluación de los resultados obtenidos a la fecha con el propósito de afinar la estrategia y acciones a partir de los aprendizajes que surgen de esta primera etapa de implementación del Plan y las nuevas exigencias ciudadanas en el marco del contexto nacional. 
Este esfuerzo debe culminar en una propuesta de modificaciones a la Política y Plan que incorporen i) la prioridad que el nuevo gobierno asigna a los temas sociales, ii) la descentralización de acciones y resultados esperados y iii), simultáneamente, sinceren la responsabilidad de la 
SGP en función a los recursos humanos disponibles. 
(³) El referido Plan fue presentado en la Segunda Reunión de la Sociedad de Gobierno Abierto que se realizó en la ciudad de Brasilia,  República Federativa de Brasil, en abril de 2012, por lo que actualmente el Estado peruano forma parte de dicha sociedad.
PREGUNTAS A REFLEXIONAR:
   1.      Porque otros países tomaron con seriedad la Modernización de su Aparato Estatal.
   2.      Como perciben el avance del proceso de Modernización del País, que se debe hacer para lograr una visión compartida de futuro.
   3.      Denos una opinión de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública.
   4.      Creen que el Plan Nacional de Gobierno Electrónico en nuestro país es un éxito.
   5.      Las Cartas Iberoamericanas que función cumplen en la Modernización del Estado Peruano
  6.      Del Manual de Modernización del Estado, precísenos que hay que hacer para avanzar en la modernización del estado Peruano.
  7.      El PENUD: Que nos señala en su documento: PERÚ: LA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO CICLO DE DESARROLLO ESCENARIOS PROSPECTIVOS 2012-2016


TEMA 03
LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LEER:
Como hemos señalado, desde hace ya dos décadas las administraciones públicas experimentan diferentes transformaciones a partir de los cambios que el Estado mismo ha sufrido como consecuencia de un conjunto de reformas que sin duda siguen en curso y que “han abierto un camino que hay que seguir explorando”. (Blanca Olias de Lima; 2001).

“No se cambia la Sociedad por Decreto” con esta frase, Michael Crozier reflexionaba en 1979 acerca de la necesidad de establecer estrategias de cambio en las Administraciones Públicas, a propósito de una amplia reflexión sobre la necesidad de cambio en estas organizaciones que tanto pueden condicionar el bienestar y de hecho determinan muchas de nuestras actuaciones cotidianas.
En efecto, en un análisis como este, lo primero que debemos plantear es que la nueva gestión pública representa un cambio trascendental de la perspectiva tradicional de la Administración Pública, a un sistema que pone énfasis en los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional y que este cambio, no exento de controversias, obliga a asumir una posición en torno al futuro del sector público y al respecto no cabe duda que éste será inevitablemente gerencial; tanto en la teoría como en la práctica. (Owen E. Hugues 1994)

En efecto, las Administraciones Públicas constituyen los instrumentos de que se dotan los estados modernos para el desarrollo de las políticas públicas que instrumentan los gobiernos con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y facilitar la prestación de los servicios básicos de una sociedad del bienestar. Pero conviene recordar que las Administraciones Públicas son organizaciones complejas de las sociedades modernas, cuyos órganos se interrelacionan entre sí en un entramado legal en muchos casos inextricable y cuyas decisiones, dudas o inoperancias inciden de manera decisiva en el nivel de bienestar y desarrollo de las sociedades en que se desarrollan y a las que sirven.
En efecto, están omnipresentes y condicionan desde la creación y mantenimiento de infraestructuras básicas de desarrollo, comunicación, económico-financieras y sociales e influyen directa o indirectamente en aspectos tales como la educación de los jóvenes, en la garantía de la salud de los ciudadanos, la asistencia de los mayores, o en el tipo de vivienda al que se puede acceder, reformar o rehabilitar, la conformación del urbanismo de las ciudades y barrios, la regulación de actividades extractivas, la agricultura y la pesca, los servicios sociales etc., es por esto que en algunos casos se las ha identificado más como problema que como paradigma de solución1 . Sobre ellas, periódicamente y en muchos casos ignorando o denostando implacablemente la, cuanto menos, pulcra actividad que realizan, se plantean las propuestas reformadoras coincidiendo, más o menos, con los grandes impulsos políticos de cambio, los cuales se anuncian ostentosamente, especialmente las propuestas de mayor impacto mediático, que recogen los programas electorales de gobierno, de los partidos en el poder y, en mayor medida, en los de la oposición.
Así aparecen iniciativas bienintencionadas de reforma o modernización, de necesidad de cambio, que tienen que ver con la insatisfacción ciudadana por los servicios públicos que recibe y por consiguiente con la necesidad real o expectativa, siempre patente, de incremento y mejora de la Calidad de los servicios públicos, y cuyos planteamientos y formulaciones teóricas, más a menudo de lo que se debería, dejan entrever, ingenuamente, que es suficiente con la manifestación expresa de la voluntad reformadora del proponente plasmada en los documentos programáticos para que la misma se lleve a cabo.
Los funcionarios, profesionales cualificados de la administración, saben que en la medida que no vayan acompañados de algo más que ímpetu innovador de carácter voluntarista, la simple plasmación de estas propuestas modernizadoras en espléndidos discursos teóricos perfectamente plasmados en magníficos “libros blancos, o verdes, planes o programas” sucumbirán en las intrincadas marañas jurídico - administrativas con el simple transcurrir del tiempo, cuando no, de forma más inmediata y contundente, al primer conflicto de opinión que provocará el anuncio de la propuesta que toda reforma o cambio comporta2, por parte de grupos de resistencia externos a la organización y en menor medida internos, conocidos en la jerga profesional como “Stakeholders”, y que tan sutilmente saben instrumentalizar su poder en un medio sobre el que disponen de resortes eficaces de influencia y que en muchos casos, constituyen apéndices nutricios de estas situaciones.
En la forma que ingeniosamente describieron los guionistas de la serie de la BBC “Sí, Ministro” J. Lynn y A. Jay, el alto funcionario nunca le manifestará una negativa contundente al responsable político del que depende. Sabe perfectamente que bastará que el paso del tiempo convenza al promotor de la reforma de los costes, en términos de imagen, que la medida le va a reportar y por tanto de la inviabilidad de su bienintencionada propuesta, languideciendo los ímpetus de tan circunstanciales líderes del cambio hasta su extinción definitiva. Propuesta que en breve descansará ordenadamente en al baúl de los recuerdos hasta nunca más saberse de ella.
Sería ingenuo responsabilizar a los altos funcionarios como adalides del inmovilismo o campeadores de resistencias al cambio, más o menos sutiles o numantinas. Antes al contrario, los funcionarios son personas inteligentes y preparadas, conocedoras asiduas del entorno administrativo en el que se mueven y en general disponen de la capacidad técnica, experiencia y en cierta medida, visión, no solo para aceptar y hacer suyas las iniciativas de innovación y cambio sino para constituirse en elementos clave a la hora de facilitar y gestionar técnica y jurídicamente aquellas ideas e iniciativas que introduzcan mejoras objetivas en el funcionamiento de los servicios públicos que prestan las Administraciones de las que dependen. Ello se produce en mayor medida cuando los líderes son capaces de saber transmitirles una visión aguda y coherente con los fines y principios que inspira el servicio público, atraerlos hacia la causa del cambio e involucrarlos en proyectos bien fundamentados técnicamente y apoyados en liderazgos consistentes. Ocurre que, en muchos casos, los fracasos más contundentes en este campo han tenido que ver, bien con una visión negativa un tanto apriorista, obtusa o distorsionada respecto a los fines de la organización o, en pensar que los cambios pueden imponerse contra la organización o, lo que es peor, al margen y fuera de la misma.
En resumen, es conveniente y acertado que las administraciones se centren en hacer bien aquello que es esencial para el desarrollo, estructurado y armónico desde el punto de vista de la sociedad a la que sirven y que no pueda o no deba hacer el sector privado. En este contexto se requiere que la reforma o modernización de las administraciones públicas, en definitiva, que las estrategias de cambio y mejora de la calidad de los servicios públicos que prestan se basen en las siguientes prioridades:
1.      Revisión dimensional de las Administraciones para reflexionar sobre la adecuación a las parcelas de actuación más necesarias, genuinas o propias de las administraciones públicas, en especial aquellas que mejor sabe y desarrolla el sector público, simplificando los procedimientos, trámites y protocolos, facilitando el acceso, descentralizando y acercando los servicios a los ciudadanos y usuarios —los clientes de los servicios públicos— y rebajando los costes y aumentando la calidad.

2.      Introducción de técnicas de gestión que favorezcan un funcionamiento más eficiente, eficaz, rápido y próximo a los ciudadanos y usuarios, que satisfagan sus expectativas y necesidades. Hay que prestar atención a la Calidad, los procesos de innovación permanente, de mejora continua que exige la concienciación e involucración de todos los empleados de las administraciones, los servidores públicos.

A este respecto, los Recursos Humanos, el factor humano, son un factor esencial y decisivo en la gestión de las organizaciones que son, como las Administraciones Públicas, prestadoras de servicios y que constituyen un elemento estratégico de primer orden. Así pues, considerada como elemento clave de las organizaciones, la gestión de los recursos humanos se debe realizar ofreciendo un buen servicio a sus clientes, respondiendo a sus expectativas y, por lo tanto, gestionando la calidad en los diversos ámbitos de sus funciones.

LOS RECURSOS HUMANOS
En las Administraciones Públicas, los servicios públicos los prestan las personas, de forma que el elemento humano es fundamental para realizar un buen servicio a los ciudadanos.
Las personas, los Recursos Humanos, son esenciales para un servicio público de calidad pues son ellos los que:
·         Conocen los problemas, pueden aportar con mayor facilidad las mejores soluciones.
·         Conocen las expectativas razonables de los clientes y su grado de satisfacción.
·         Ellos son el servicio y por tanto los directos responsables de su imagen. Representan la imagen de la organización.
·         Hacen posible el éxito de las organizaciones. En este contexto, todo directivo debe cuidar y potenciar dos aspectos esenciales en los empleados de la organización.
TEMA 04
EL LIDERAZGO GERENCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
LEER:


INTRODUCCION:
“La gobernabilidad democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar de democracia.” (Prats i Català (2001), pp. 133)

La democracia delegativa parece tener las mismas características formales que las democracias liberales pero son institucionalmente huecas y frágiles.  Los votantes son movilizados por vínculos clientelistas, populistas, personalistas (más que programáticos); los partidos y los grupos de interés son débiles y fragmentados.  En lugar de producir un medio efectivo de representación de los intereses populares, las elecciones delegan una autoridad amplia y en gran parte irresponsable a quien gana las presidenciales. (Prats i Català (2001), pp. 138-139)

La gran pregunta que nos hacemos los peruanos es:
1.      Que tal eficiente y eficaz es la actual organización del Estado Peruano en sus tres niveles de Gobierno?
2.      Que tal eficiente y eficaz es el Sistema Político que sostiene la dirección del Estado Peruano?
3.      Los ciudadanos Peruanos saben elegir, a quienes asume la responsabilidad Gerencial de dirigir el Estado Peruano?
4.      Es eficaz el Sistema de elegir a los que Gerencia las actividades estatales?

Es entendible comprender, que si carecemos de partidos políticos eficientes y sumamente débiles, no existe en el Perú un sistema Político que pueda asumir la gran responsabilidad de liderar al Estado Peruano.
Es entendible comprender también, que solo existen Partidos Políticos para elecciones y casi desapareciendo del contexto Político, lo que asumimos que solo hay grupos de interés, de organizaciones gremiales, organizaciones empresariales y de organizaciones lobistas a los grande intereses foráneos, sin dejar de lado del interés del narcotráfico y el sistema de corrupción operante.
Bajo ese contexto, no es difícil suponer quienes son los que asumen la gran responsabilidad de dirigir nuestra gran empresa Peruana denominada Estado Peruano.
Los ciudadanos nos preguntamos que hay que cambiar para tener un Estado Eficiente y Eficaz que atiende el mejoramiento de calidad de vida y nos enrumbe a nuevos cambios económicos, en donde se considere que nuestros recursos deben ser usados para el usufructo de los peruanos y no al revés.
Cuán importante es que entendamos, que tenemos una gran empresa en manos equivocadas y es nuestra responsabilidad que sea así.
Tenemos un sistema burocrático, De acuerdo a Mintzberg:
“La burocracia profesional contrata especialistas debidamente entrenados y adoctrinados –profesionales– para operar la institución, y luego les da un gran grado de control sobre su propio trabajo... este autocontrol significa que el profesional trabaja en forma relativamente independiente de sus colegas, pero cercano a los clientes que él sirve... Estas suelen ser estructuras inflexibles: adecuadas para producir un output estandarizado pero muy inadecuadas para adaptarse a la producción de nuevos outputs”.

No existe una Escuela donde se prepare profesionales al servicio de la organización estatal, obteniendo como unica repuesta a esas deficiencias burocráticas, lo que queremos realmente es que se salga de ese contexto de burócratas a gerentes, para esos hay que atacar el mal desde sus inicios el Sistema Político.
El diagnóstico es importante para definir mejor los problemas que afectan a los gobiernos. Un buen diagnóstico de la situación actual es un requisito para empezar cualquier reforma. Sin embargo, Metcalfe señala que los grandes desafíos no se pueden diagnosticar a través de la perspectiva de un solo individuo o una sola organización. Cuando hay múltiples intereses en juego, se requiere un proceso colectivo y político para llegar a un consenso tanto sobre la naturaleza del problema como sobre sus posibles soluciones.
Lo señalado ha sido nuestro interés en nuestros Diplomas de Especialización que esperamos sirvan de interés para acercarnos a una realidad que hay cambiar.



EL ENFOQUE GUBERNAMENTAL ACTUAL DE LA GERENCIA PÚBLICA EN EL PERU.
LEER LO QUE DICEN NUESTROS GERENTES PUBLICOS:
GRUPO DE DIRECTIVOS PÚBLICOS DEL SERVICIO CIVIL PERUANO

Hemos venido resaltando. Que la calidad de LA GESTIÓN PÚBLICA DEBE ESTAR ENMARCADA EN SUS PRINCIPIOS Y FINES EN EL VALOR PÚBLICO, cultura que impulse a la Administración Pública a una mejora permanente para satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de la ciudadanía en su mejoramiento de calidad de vida. 
La Calidad de la Gestión Pública:... es una cultura transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La calidad en la gestión pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores de la Administración Pública y de acuerdo a resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad. (Ruiz, 2002).

Porque es importante señalar el tema de Liderazgo en el proceso de modernización del Estado y el asumir la nueva gerencia publica que establezca valor público a las acciones del Estado.

Los procesos de cambio son urgentes y necesarios en especial en épocas de crisis.

Hablar de liderazgo es hablar de un proceso gradual que va en función a un proceso de cambio y hablar de no líder es hablar de una persona por un interés en común. El problema con la palabra líder es que nos hace creer que hay personas que tienen la condición de tal de forma permanente y hay quienes no la tienen.
Eso nos lleva a la errada búsqueda de las características del líder, como si hubiera un tipo de persona en especial que puede ejercer el liderazgo y hubiese otro tipo de persona que no pudiese hacerlo. Y esto definitivamente no es así.  Dependiendo de las circunstancias y los propósitos, podríamos decir que casi cualquier persona puede ejercer el liderazgo en cierto momento y no podrá ejercerlo en otros.
En las lecturas que se alcanzan, analices realizados por LOS GERENTES PUBLICOS – SERVIR, está enmarcado este proceso necesario para hablar de verdaderos cambios de Modernización del Estado, rompiendo el viejo mito dual entre Liderazgo Político y Liderazgo Gerencial.
Es increíble que los ejecutivos públicos sean nombrados como de confianza sin reunir los perfiles necesarios de manejar una gran empresa estatal, no existe una escuela de gerentes públicos y aún más de carrera de la Gestión Pública, estos se forman empíricamente en base a sus experiencias laborales, las fuentes de información que estamos alcanzando sobre sobre materias gerenciales es básicamente para organizar y desarrollar sus esfuerzos de la manera más efectiva en el mundo de la Gerencia Pública.
Dentro de los múltiples desafíos que implica la reforma, se encuentra el desarrollo de la gerencia pública que nuestro país necesita. Dotar de directivos públicos capaces de generar resultados concretos que impacten en los ciudadanos y las ciudadanas es una tarea de largo aliento, que irá cambiándole el rostro al Estado. Para ello es indispensable discutir las bases conceptuales sobre las cuales se sostendrá el nuevo segmento directivo, producto de la implementación de la reforma.
La cantidad de puestos Jefaturales asciende a 6543 puestos en el nivel nacional y 5127 en el nivel regional. La gran mayoría se encuentra en el segundo y tercer nivel organizacional. Los sectores que más puestos Jefaturales tienen son Salud, Educación y Economía y Finanzas, en este último caso especialmente por la SUNAT.
El actual segmento directivo se caracteriza por ser un modelo directivo “politizado”, en el cual el acceso a la mayoría de puestos está limitado únicamente a la confianza política. Más del 70% de los puestos Jefaturales son designados por confianza, en los que no existe la selección y promoción en base al mérito y la evaluación del desempeño está ligada sobre todo a la lealtad a sus superiores. No existe seguridad en el empleo, se propician las relaciones clientelares y en muchos casos es un caldo de cultivo para la corrupción. Este modelo de función directiva es considerado como pre-burocrático.
El problema central del actual segmento directivo es la existencia de insuficientes recursos humanos profesionales con las competencias necesarias para gerenciar las entidades públicas del Estado. Por ello se propone un modelo de función directiva profesional de corte gerencial. Este modelo se rige bajo principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad por resultados en la ciudadanía y creación de valor público.
El acceso se realiza sobre principios de mérito, cuentan con un espacio de independencia para la toma de decisiones y son evaluados en función a sus resultados. Los Directivos Públicos gerencian bajo criterios de creación de valor público, responsabilidad por resultados y racionalidad económica. Una dirección pública profesional tiene que tener en cuenta una visión integral de la función directiva, en la que un directivo desarrolle tres tipos de gestión: la gestión del entorno político con la finalidad de conseguir legitimidad y apoyo para lograr resultados para los ciudadanos, la gestión estratégica y la gestión operativa. Una función directiva profesional requiere que los directivos públicos se caractericen por poseer determinadas competencias, entendiendo por competencias al conjunto de comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso involucra de forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y contexto determinado.
Las competencias de los Directivos Públicos son: vocación de servicio, orientación a resultados, trabajo en equipo (transversales a todos los servidores civiles) y liderazgo, articulación con el entorno político, visión estratégica y capacidad de gestión (identificadas para directivos públicos).
La introducción de la gestión por competencias tiene una importante aplicación, especialmente en los concursos de selección, el desarrollo de capacidades y la gestión del rendimiento de directivos públicos. El objetivo central frente al segmento directivo es institucionalizar y profesionalizar la función directiva pública, basada en principios de creación de valor público, responsabilidad por resultados y racionalidad económica.
En ese sentido se identificaron tres tipos de dirección pública:
      1.            LA DIRECCIÓN POLÍTICO-ESTRATÉGICA,
      2.            LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y
      3.            LA DIRECCIÓN OPERATIVO-ESTRATÉGICA.
Los Directivos Públicos tienen características propias que los diferencian tanto del estamento superior de los Funcionarios Públicos, como del espacio inmediatamente inferior de los Servidores de Carrera.
Se calcula que la composición del grupo de Directivos Públicos en el nivel nacional asciende a un número aproximado de 3603 puestos de los 6039 puestos Jefaturales identificados.
Esto trae como consecuencia que la gran mayoría de puestos Jefaturales que no se encontrarían en el grupo de Directivos Públicos pasen al nivel más alto de la carrera (Ejecutivos). Cabe señalar que dentro de la carrera pueden existir puestos Jefaturales.
Dentro de estos puestos se encontrarían una gran cantidad de puestos Jefaturales que actualmente se encuentran en el tercer nivel organizacional. Si bien al considerarlos como Servidores de Carrera contarían con una mayor estabilidad laboral y línea de carrera, habría una diferencia importante en su compensación económica frente a la del grupo de Directivos Públicos.
Otra consecuencia a considerar es que, a menor cantidad de puestos directivos, existiría una menor cantidad de puestos de confianza posibles en el segmento directivo, dado que la Ley del Servicio Civil estipuló que puede haber un máximo de 20% de puestos de confianza en el grupo de Directivos Públicos de cada entidad.
Mayores precisiones de nuestros comentarios esta en nuestro Diploma de Especialización en Gerencia de Desarrollo Humano SERVIR.

Cuál es la apreciación de la actual Gestión Administrativa Publica como entidad:


Cuál es la apreciación de la actual Gestión Administrativa Publica que los Peruanos vemos como usuarios:

CUALES SON LOS APORTES A LA NUEVA GESTIÓN PUBLICA – EN LA MODERNIZACION DEL ESTADO.
LEER:

Los ejes centrales de esta carta está dada en:
Son notas básicas de esta noción las siguientes:
a)      Se entiende por administración profesional una Administración Pública dirigida y controlada por la política en aplicación del principio democrático, pero no patrimonializada por ésta, lo que exige preservar una esfera de independencia e imparcialidad en su funcionamiento, por razones de interés público.
b)      La noción utilizada es compatible con la existencia de diferentes modelos de función pública. Los arreglos institucionales que enmarcan el acceso al empleo público, la carrera de los empleados públicos, las atribuciones de los diferentes actores y otros elementos de la gestión del empleo y los recursos humanos no tienen por qué ser necesariamente los mismos en los distintos entornos nacionales.
c)      Los sistemas de función pública pueden incluir uno o más tipos de relación de empleo entre las organizaciones públicas y sus empleados, más o menos próximas al régimen laboral ordinario. La función pública de un país puede albergar relaciones de empleo basadas en un nombramiento o en un contrato, reguladas por el derecho público o por el derecho privado, y cuyas controversias se sustancian ante órganos judiciales especiales o ante tribunales comunes.
El buen desempeño económico y social del país ha transformado la economía del Perú en una de ingreso medio y su nivel de desarrollo genera que el proceso de crecimiento, imprescindible para un progreso sostenido, dependa cada vez más de ganancias sostenidas de productividad. No obstante, la existencia de brechas de acceso a los servicios sociales, infraestructura y oportunidades económicas entre las áreas rurales y urbanas constituye uno de los principales desafíos en el camino hacia un mayor desarrollo. De este modo, Perú deberá lograr conformar un modelo que, junto con el desarrollo de un Estado más eficiente, sostenga el crecimiento económico y fomente la recuperación de los equilibrios sociales y territoriales (BID, 2012:2).








 CONCLUSIONES FINALES:
PORQUE HABLAMOS DE UN CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA 
REFLEJADO EN NUESTRO PRIMER CUADRO AL INICIO DEL PRESENTE MANUAL SOBRE GESTIÓN PUBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
La Normatividad sobre la Modernización del Estado, es frondosa, pero inoperante, QUE DATA DESDE 1972 y por falta de liderazgo, y una VISON COMPARTIDA, de los que conforman EL SISTEMA POLITICO, quienes manejan el destino de nuestro estado y que son elegidos por la misma sociedad Peruana, que solo miran sus interés particulares sin una misión y visión de país, por la inexistencia de una real Clase Política, una Real Clase Empresarial, una Real Clase de Movimientos Regionales, una Real Clase de Universidades, Una Real Clase de Organizaciones Sindicales, una Real Clase de comunidades religiosas, una real clase de comunidades indígenas, etc…
“La gobernabilidad democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar de democracia.” (Prats i Català (2001), pp. 133)

LOS PERUANOS ESTAMOS RETRASADOS EN LA HISTORIA DE NUESTRO DESARROLLO.
Nos quedamos con la frase de Jose CarlosMariategui:
EL PERÚ UN CONCEPTO POR CREAR

Mag. CPC. Pedro A. Barboza Zelada
Director Ejecutivo de Ideas Gubernamentales

Comentarios

  1. MUY INTERESANTE SU PUBLICACIÓN. SE LA AGRADEZCO Y LA ESTUDIARÉ PARA COMPRENDER EL PORQUÉ DE LA LENIDAD DE LOS EMPLEADOS ESTATALES. Y CÓMO PUEDE SUPERARSE TAN PERJUDICIAL PROBLEMA.

    ResponderBorrar
  2. TENEMOS QUE EMPEZAR A CAMBIAR NUESTRA MENTALIDAD, DEJAR DE LADO EL MINDO ES ASI Y NO SE PUEDE HACER NADA , INTENTEMOSLO , PORQUE NO HAY PEOR GESTION QUE LA QUE NO SE HACE!

    ResponderBorrar
  3. Muy interesante la propuesta y le agradezco la deferencia y es momento de supervisar a todas las instituciones publicas y privadas con referencia a la aplicacion de las normas para una funcion eficiente y eficaz

    ResponderBorrar
  4. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    ResponderBorrar
  5. Interesante publicación y muy buena recopilación-concatenación a través de los links electrónicos de leyes, decretos, normas, cartas,etc que merecen una Felicitación para el autor Mg. CPC Pedro Arturo Barboza Zelada, espero sean ampliamente difundidas no sólo por la red, ya que esto hará reflexionar y cambiar a tantos funcionarios públicos que además de corruptos muchas veces están totalmente desinformados. Mi valoración al presente documento. Atte., José Vera Ruiz.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Gracias estimado Jose Vera, debemos comprometernos para la Modernización del Estado una manera de luchar contra la corrupcion

      Borrar
  6. Interesante información, mucha gracias señor Pedro.

    ResponderBorrar
  7. MUY BUENA GUÍA PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS.

    ResponderBorrar

Publicar un comentario

Entradas más populares de este blog

MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

LA GESTION DEL TALENTO HUMANO EN EL PERU - SERVIR