MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PARA EL BIEN COMUN Y EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO
PARA EL BIEN COMÚN Y EL MEJORAMIENTO
DE CALIDAD DE VIDA
Los que Usufructúan
de la Riquezas de los Peruanos, no solo se creen dueño de ellas, sino también del destino de los Peruanos, el Sistema Político contribuye a sus
fortalecimientos de enriquecimiento, estando seguros, con sus medios de
comunicación, que siempre inducen a los Peruanos a elegir, a sus mismos
servidores, que siguen el sistema de corrupción, a costa del mejoramiento de
calidad de vida, de los mismos que los eligen. CUANDO ROMPAMOS ESTE CIRCULO
VICIOSO DE LA POBREZA, HABRÁ VISIÓN COMPARTIDA Y DEJAREMOS DE SER UNOS MENDIGOS
SENTADOS EN UN GRAN BANCO DE ORO.
Mag. CPC.
Pedro A. Barboza Zelada
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TEMAS
DESARROLLADOS
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TEMA 01: PORQUE DE UNA MODERNA GESTIÓN PÚBLICA
LEY Marco de la
Modernización de la Gestión del Estado Ley 27658
Ley de Bases de la
Descentralización Ley 27783
Primera Visión
compartida de Futuro
Ley Orgánica de
Municipalidades Ley 27972
Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Ley 27867
Políticas Públicas
Política Nacional de
Obligatorio Cumplimiento D.S. Nº 027-2007-PCM
Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo – LOPE, Ley 29158
Política Nacional de
Modernización del Estado al 2021
Planeamiento Estratégico
del Estado Peruano
Plan Bicentenario – El
Perú al Siglo XXI
Normas de Carácter
General del Planeamiento Estratégico
Planes Sectoriales
Planes Temáticos
Planes de Desarrollo
Regional Concertado
Los Objetivos del
Milenio
Las Cartas
Iberoamericanas
TEMA 02: LA SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA
Políticas y Estrategias
Desarrolladas
Gobierno Abierto
TEMA 03: LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TEMA 04: EL LIDERAZGO GERENCIAL EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Enfoque
Gubernamental Actual de la Gerencia Pública en el Perú.
Cuáles son los aportes
a la Nueva Gestión Pública en la modernización del Estado
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TEMA 01
PORQUE DE UNA MODERNA GESTIÓN
PÚBLICA.
PERÚ: LA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO CICLO DE DESARROLLO ESCENARIOS
PROSPECTIVOS 2012-2016
LINEA DE
TIEMPO:
La Gestión Pública y
Modernización del Estado, viene dándose en América Latina desde los años 90,
liderados por Brasil, Chile, Argentina y Colombia, la línea de tiempo de la
Modernización Estatal en nuestro País, se inicia el 20 de enero del 2002 con la
Artículo
1.- Declarase al Estado en proceso de modernización:
1.1. Declárase al Estado
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al
servicio del ciudadano.
1.2. El proceso de
modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada
entre el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de la
Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de
otras entidades cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario.
Artículo
2.- Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto
establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de
modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e
instancias.
Artículo
3.- Alcance de la ley
La presente Ley es de aplicación
en todas las dependencias de la Administración Pública a nivel nacional.
Artículo
4.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado
El proceso de modernización de la
gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
públicos.
El
objetivo es alcanzar un Estado:
a) Al
servicio de la ciudadanía.
b) Con
canales efectivos de participación ciudadana.
c)
Descentralizado y desconcentrado.
d)
Transparente en su gestión.
e) Con
servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado.
PRIMERA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO:
EL ACUERDO NACIONAL:
El Acuerdo Nacional es el
conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del
diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país
y afirmar su gobernabilidad democrática.
La suscripción del Acuerdo
Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de Gobierno, el 22 de
julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la República,
Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los
principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad
civil integrantes del AN.
Objetivos del Acuerdo
Nacional
Las políticas de
Estado están agrupadas en cuatro grandes objetivos:
Cada política de Estado tiene metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011, 2016 y 2021, que están trabajados en formatos denominados matrices.
El 17 de julio del 2002 se publica,
Artículo
3.- Finalidad La descentralización tiene como finalidad el
desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres
niveles de gobierno, en beneficio de la población.
Artículo
6.- Objetivos
La descentralización cumplirá, a
lo largo de su desarrollo, con los siguientes objetivos:
OBJETIVOS
A NIVEL POLÍTICO:
a)
Unidad y eficiencia del Estado, mediante la
distribución ordenada de las competencias públicas, y la adecuada relación
entre los distintos niveles de gobierno y la administración estatal.
b)
Representación política y de intermediación hacia
los órganos de gobierno nacional, regional y local, constituidos por elección
democrática.
c)
Participación y fiscalización de los ciudadanos en
la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad.
d)
Institucionalización de sólidos gobiernos
regionales y locales.
OBJETIVOS
A NIVEL ECONÓMICO:
a)
Desarrollo económico, autosostenido y de la
competitividad de las diferentes regiones y localidades del país, en base a su
vocación y especialización productiva.
b)
Cobertura y abastecimiento de servicios sociales
básicos en todo el territorio nacional.
c)
Disposición de la infraestructura económica y
social necesaria para promover la Inversión en las diferentes circunscripciones
del país.
d)
Redistribución equitativa de los recursos del
Estado.
e)
Potenciación del financiamiento regional y local.
OBJETIVOS
A NIVEL ADMINISTRATIVO:
a)
Modernización y eficiencia de los procesos y
sistemas de administración que aseguren la adecuada provisión de los servicios
públicos.
b)
Simplificación de trámites en las dependencias
públicas nacionales, regionales y locales.
c)
Asignación de competencias que evite la innecesaria
duplicidad de funciones y recursos, y la elusión de responsabilidades en la
prestación de los servicios.
OBJETIVOS
A NIVEL SOCIAL:
a)
Educación y capacitación orientadas a forjar un
capital humano, la competitividad nacional e internacional.
b)
Participación ciudadana en todas sus formas de
organización y control social.
c)
Incorporar la participación de las comunidades
campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase
de exclusión y discriminación.
d)
Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva
y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la
pobreza.
OBJETIVOS
A NIVEL AMBIENTAL:
a) Ordenamiento
territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la sostenibilidad
del desarrollo.
b) Gestión
sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
c) Coordinación
y concertación interinstitucional y participación ciudadana en todos los
niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
El 26 de mayo del 2003 se publica,
ARTÍCULO
V.- ESTADO DEMOCRÁTICO, DESCENTRALIZADO Y
DESCONCENTRADO
La estructura, organización y
funciones específicas de los gobiernos locales se cimientan en una visión de
Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la
finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. En el marco del proceso
de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más
cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función;
por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden
ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su
vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales.
ARTÍCULO
VI.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Los gobiernos locales promueven el desarrollo
económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de
planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el
desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
ARTÍCULO
IX.- PLANEACIÓN LOCAL
El proceso de planeación local es integral,
permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos.
En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo
en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas
establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de
planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus
vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición
de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y
neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales,
especialización de las funciones, competitividad e integración.
ARTÍCULO
X.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL
Los gobiernos locales promueven el
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia
social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es
permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven
el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno
regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y
propiciar las mejores condiciones de vida de su población.
El 27 de junio del 2003 se
publica,
Artículo
4.- Finalidad Los gobiernos regionales
Tienen por finalidad esencial
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y
la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Artículo
5.- Misión del Gobierno Regional
La misión de los gobiernos regionales es
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
Artículo
6.- Desarrollo regional
El desarrollo regional comprende
la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo
económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes,
programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el
crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo
social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en
el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de
hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.
POLÍTICAS PÚBLICAS
PRIMERAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
PRECISAMOS QUE:
La evaluación de políticas, programas y proyectos sociales es una
actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos
sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la
finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre
actividades, resultados e impactos de esos proyectos o programas y formular
recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y
mejorar la acción futura (Nirenberg et al., 2000: 32).
En definitiva lo importante es reconocer la función de la
evaluación para la sociedad, al inducir el aprendizaje en cuanto a las formas
que tiene el Estado para responder a los desafíos sociales que impone el
desarrollo, este aprendizaje al mismo tiempo traduce el logro de políticas y
programas sustentables en el tiempo con la finalidad de alcanzar el máximo
beneficio y participación de los ciudadanos en procesos plurales, transparentes
y efectivos, que al fin de cuentas deberían contar con el apoyo concreto y
palpable del Estado.
Se entiende por política
nacional, toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad
de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos
y contenidos principales de política pública así como los estándares nacionales
de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada
prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas.
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
1. EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN
1.1. Asegurar la
pronta y adecuada
transferencia de las
competencias, funciones y recursos
a los Gobiernos
Regionales y Locales,
respetando los principios
de subsidiariedad, gradualidad, complementariedad y neutralidad entre
los niveles de gobierno nacional, regional y local.
1.2. Delimitar con
precisión las funciones,
competencias y esquemas
adecuados de coordinación entre
los niveles de
gobierno, con el
fin de determinar
la responsabilidad administrativa y
funcional en la
provisión de servicios,
que redunden en el
fortalecimiento
administrativo y financiero
de los gobiernos regionales y locales.
1.3. Capacitar
sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y
consolidar una conveniente capacidad de gestión.
CONCORDANCIAS:
D.S. Nº 049-2008-PCM, Art. 6
1.4. Desarrollar plataformas regionales de
competitividad, que permitan el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de
las economías regionales y locales.
1.5. Institucionalizar la participación
ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde a la
Presidencia del Consejo de
Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización.
2. EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES
2.1 Promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas
Públicas, planes nacionales y prácticas del
Estado, así como en la contratación de servidores públicos y el acceso a los
cargos directivos.
2.2 Impulsar
en la sociedad,
en sus acciones
y comunicaciones, la
adopción de valores, prácticas,
actitudes y comportamientos equitativos
entre hombres y mujeres,
para garantizar el
derecho a la
no discriminación de
las mujeres y la
erradicación de la violencia familiar y sexual.
2.3 Garantizar
el ejercicio pleno
de los derechos
civiles, políticos, económicos,
Sociales y culturales de las mujeres.
2.4 Promover el acceso de
las mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y en la
administración pública.
2.5 Atender
prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o
riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres.
La supervisión del cumplimiento de
estas políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
CONCORDANCIAS:
·
D.S. Nº 004-2008-MIMDES (Precisan que los estatutos de todas las formas
de organización jurídica sin fines de lucro deberán adecuarse
a las normas de la Constitución
Política del Perú y de la Ley relativas a la igualdad jurídica del varón y la
mujer)
·
D.S. N° 008-2008-MIMDES (Creación
del Registro de
los Representantes de las Organizaciones Sociales
de los Asentamientos Humanos)
3. EN MATERIA DE JUVENTUD
3.1 Formular
planes, programas y
proyectos que atiendan
las demandas y aspiraciones de
la juventud en
los asuntos que
conciernan a cada
uno de los ministerios y las diferentes
instituciones del Estado.
3.2 Fortalecer
y fomentar la
participación juvenil en
los distintos espacios
políticos y sociales, así como en
los ministerios y las diferentes instituciones del Estado, para la promoción de
planes, proyectos y programas en materia de juventud.
3.3 Promover
planes, programas y
proyectos de capacitación
para el trabajo, liderazgo, actitudes
solidarias y emprendedoras, que
contribuyan a la empleabilidad de la juventud.
3.4 Fomentar
el acceso universal
a la educación
con estándares adecuados
de calidad, que promuevan
capacidades críticas, la
formación profesional y
técnica descentralizada vinculada a las potencialidades económicas
regionales y locales, así como al acceso y promoción del uso de nuevas
tecnologías y comunicación.
3.5 Desarrollar planes,
programas y proyectos de salud orientados específicamente a la población
juvenil, garantizando un
clima de confianza,
respeto y confidencialidad en
su atención, eliminando
las barreras culturales,
sociales, legales y económicas
que impidan el
acceso de los
jóvenes a los
servicios de salud.
3.6 Desarrollar
planes, programas y
proyectos que garanticen
la prevención y rehabilitación de
jóvenes que se
encuentran en situaciones
de vulnerabilidad,
atendiendo su heterogeneidad, en
el marco de
una cultura de
paz, tolerancia y seguridad ciudadana.
3.7 Fortalecer
las capacidades de los jóvenes
rurales e indígenas
en sus espacios sociales y políticos locales, así
como su proyección
hacia los ámbitos regional
y nacional, reconociendo y promoviendo sus culturas e identidades.
3.8 Gestionar
la asistencia técnica
y económica ante
las instituciones públicas
y privadas nacionales e
internacionales, para la
ejecución de planes,
programas y proyectos dirigidos
al desarrollo integral de la juventud.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde al Ministerio
de Educación, a través de la Dirección Nacional de la Juventud.
4. EN RELACIÓN A LOS PUEBLOS
ANDINOS, AMAZÓNICOS, AFROPERUANOS Y ASIÁTICO PERUANOS
4.1 Coadyuvar en la
implementación de programas y proyectos de alcance nacional y de políticas
sectoriales para el
desarrollo integral de los Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.
4.2 Coordinar
con los Gobiernos
Regionales y Locales
las actividades de
desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y
Asiaticoperuanos.
4.3 Concertar, articular y
coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular,
capacitación, asistencia
técnica, y otros,
de las entidades
públicas y privadas,
a favor de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y
Asiaticoperuanos.
4.4 Coordinar
con los Gobiernos
Regionales las acciones
pertinentes para la protección a la diversidad biológica
peruana y los conocimientos colectivos de los Pueblos Andinos,
Amazónicos, Afroperuanos y
Asiaticoperuanos, en lo que
concierne a cada uno de los Sectores.
4.5 Asesorar a los Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos en las materias de su
competencia.
La supervisión del cumplimiento de estas
políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
5. EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5.1 Respetar y hacer
respetar, proteger y promover el respeto de los derechos de las
personas
con discapacidad y
fomentar en cada
Sector e institución
pública su contratación y acceso
a cargos de dirección.
5.2 Contribuir
a la efectiva
participación de las
personas con discapacidad
en todas las esferas de la vida
social, económica, política y cultural del país.
5.3 Erradicar
toda forma de
discriminación en contra
de las personas
con discapacidad.
5.4 Implementar
medidas eficaces de
supervisión para garantizar
la difusión y el
efectivo cumplimiento de
las normas legales
que protegen a
las personas con discapacidad.
La supervisión del cumplimiento de estas
políticas corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
6. EN MATERIA DE INCLUSIÓN
6.1 Promover la inclusión
económica, social, política y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente
excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales
o de ubicación
geográfica, principalmente ubicados
en el ámbito rural
y/o organizados en
comunidades campesinas y
nativas. Cada Ministerio e
institución del Gobierno Nacional destinará obligatoriamente una parte de sus
actividades y presupuesto
para realizar obras
y acciones a
favor de los grupos sociales excluidos.
6.2 Desarrollar
programas destinados a
reducir la mortalidad
infantil, prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la
nutrición de los menores de edad.
6.3 Adoptar
medidas de erradicación
del trabajo infantil y
apoyar la promoción de la
paternidad responsable.
6.4 Garantizar
el respeto de los derechos
de grupos vulnerables,
erradicando toda forma de
discriminación.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde a la
Presidencia del Consejo de
Ministros en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
7. EN MATERIA DE EXTENSIÓN
TECNOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD
7.1 Estimular
dentro de cada
institución del Gobierno
Nacional y promover
en la sociedad la
difusión de actividades
de investigación básica,
investigación aplicada y de
innovación tecnológica, estableciendo
incentivos para la participación de
investigadores en actividades
de transferencia tecnológica
en todas las regiones del país.
7.2 Promover actividades de
ciencia, tecnología e innovación tecnológica en forma desconcentrada y
descentralizada, a escala nacional, regional y local, concertando con
instituciones privadas la realización conjunta de programas y proyectos de
innovación tecnológica.
7.3 Aplicar
políticas sectoriales para
la incorporación de
tecnologías básicas de riego,
cocinas mejoradas, supresión
de humos e
instalación alejada de
letrinas en los hogares, entre otras.
7.4 Apoyar
la innovación tecnológica
del sector productivo,
principalmente a través de proyectos con participación
empresarial.
7.5 Otorgar respaldo
institucional a los investigadores, innovadores e inventores, en particular, a
los jóvenes y talentos.
7.6 Promover e impulsar
programas y proyectos de innovación tecnológica.
7.7 Apoyar
las estrategias nacionales,
regionales y locales
de lucha contra
la contaminación del medio ambiente.
7.8 Implementar
las medidas de
prevención de riesgos
y daños ambientales
que sean necesarias.
7.9 Promover el uso de
tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y
disposición final más limpias.
7.10 Proveer
la información necesaria
para el funcionamiento adecuado
de los mercados e implementar y
adoptar las medidas necesarias destinadas a mejorar el flujo
de la información,
con el propósito
que las empresas
identifiquen las oportunidades de
negocios.
7.11 Capacitar
a través de
programas a los
micro y pequeños
empresarios, en materia de
derechos de propiedad intelectual y contratación con el Estado.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde al Ministerio
de Educación.
8. EN RELACIÓN AL AUMENTO DE CAPACIDADES SOCIALES
8.1 Apoyar
las estrategias nacionales,
regionales y locales
de lucha contra
la pobreza y seguridad
alimentaria así como
los Planes Nacionales
Sectoriales para ser articulados con los planes de desarrollo
comunitario, local y regional.
8.2 Promover
el ejercicio de los derechos
y responsabilidades ciudadanas
con relación a las políticas, programas y servicios sociales.
8.3 Difundir
en todas sus
acciones y programas,
los valores éticos
de convivencia social tales
como la honestidad,
la transparencia, la
responsabilidad, la solidaridad,
el respeto y la puntualidad.
8.4 Fomentar
y apoyar los
liderazgos que promuevan
la cooperación y
el trabajo intersectorial e
interinstitucional.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde a la
Presidencia del Consejo de
Ministros en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
9. EN MATERIA DE EMPLEO Y MYPE
9.1 Desarrollar políticas
enfocadas en la generación de empleo digno.
9.2 Promover e impulsar el
fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MYPE.
9.3 Promover la
participación de las MYPE en las adquisiciones estatales.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde a los
Ministerios de Trabajo y
Promoción del Empleo
y de la
Producción, en sus
respectivos ámbitos de competencia.
10. EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
10.1 Promover la permanente
y adecuada simplificación de trámites, identificando los más frecuentes, a
efecto de reducir sus componentes y el tiempo que demanda realizarlos.
10.2 Implementar
ventanillas únicas de atención al ciudadano.
10.3 Promover la aplicación
del silencio administrativo positivo en los procedimientos administrativos de
las entidades del Gobierno Nacional.
10.4 Simplificar
la comunicación entre
los órganos de
línea, suprimiendo las comisiones, secretarías
o instancias intermediarias ajenas
a la celeridad
y la eficacia de la función
pública.
10.5 Promover el uso
intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las
distintas entidades públicas.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde a la
Presidencia del Consejo de
Ministros.
11. EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
11.1 Fortalecer la lucha
contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de
los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.
11.2 Garantizar la
transparencia y la rendición de cuentas.
11.3 Promover, a través de sus
acciones y comunicaciones, la Ética Pública.
11.4 Fomentar
la participación ciudadana
en la vigilancia
y control de
la gestión pública.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde a la
Presidencia del Consejo de
Ministros.
12. EN MATERIA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
12.1 Fomentar la
participación activa de todos los Sectores, niveles de Gobierno y de la sociedad
en su conjunto,
en el logro
de los objetivos
de la política
de Seguridad y Defensa Nacional.
12.2 Fomentar el orgullo y
la identidad nacional.
12.3 Impulsar
el establecimiento y
consolidación de fronteras
vivas como auténticos polos de desarrollo.
La
supervisión del cumplimiento
de estas políticas
corresponde a los
Ministerios de Defensa y del
Interior, en sus respectivos ámbitos de competencia.
CONCORDANCIAS:
R.M. N° 1249-2007-DE-SG
El 20 de
diciembre del 2007 se publica: la
LEY LOPE, el 20 de diciembre del
2007, para adecuarse a esa nueva visión, estratégica de su ROL, o función
principal, por lo que así, adecuo el funcionamiento del Poder Ejecutivo, QUE ESTABLECÍA
LA LEY LOPE: Dividía a los ministerios en dos acciones fundamentales
1.
Ministerios con
Competencias exclusivas, quienes se encargarían,
de la SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA y la SEGURIDAD ECONÓMICA.
2.
Ministerios con
Competencias Compartidas, quienes se encargarían
del mejoramiento de calidad de vida de los peruanos interactuando en los tres
niveles de Gobierno: GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.
“LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES Y DE LOS ANTEPROYECTOS DE
LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS MINISTERIOS QUE TIENEN A SU CARGO
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS”;
En donde todos
los Ministerios tendrían que precisar las competencias, funciones y
atribuciones compartidas de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, en los
tres niveles de gobierno, con la finalidad de tener una visión integradora y
poder delimitarlas e identificar las responsabilidades de cada nivel de
gobierno, evitando así la duplicidad y superposición de funciones, siendo que
el Poder Ejecutivo no debe asumir funciones y atribuciones que son asumidas por
los otros niveles de gobierno, conforme al Principio de Subsidiaridad.
Estas acciones
estaban acorde a:
QUE FUNCIONES
DEBEN DE REALIZAR ESTOS MINISTERIOS EN LA DEFINICION DE POLÍTICAS NACIONALES
INTEGRADAS:
La definición
de políticas nacionales plantea las principales responsabilidades de los
Ministerios en el marco de su rol rector en términos de:
- La definición de Objetivos claros y priorizados que den certeza a
los organismos públicos y los gobiernos regionales y locales respecto de
los que se busca lograr con cada política y, por lo tanto, permita evaluar
el desempeño y rendir cuentas de lo avanzado.
- Los Lineamientos y contenidos de las políticas que detallen los
instrumentos y mecanismos a utilizar para implementarlas adecuadamente;
- Los estándares nacionales de cumplimiento que establezcan
parámetros para conocer cuál es el nivel adecuado de provisión de un
servicio público y cuánto le falta a cada localidad para alcanzarlo; y
- La magnitud en la provisión del servicio y la cantidad de personas
o beneficiarios que deben recibir el servicio.
Así mismo el Gobierno el 01 de
febrero del 2013, se promulgo
QUE REAFIRMA
ESTA POLÍTICA:
En los últimos diez años, el Perú logró una de las
tasas más altas de crecimiento económico de la región. El Ingreso Nacional
Bruto por persona casi se triplicó, y las tasas de pobreza se redujeron a la
mitad. Desde 2010, el Perú se ubica en el grupo de países de ingresos medio
alto. Este crecimiento económico fue acompañado por un crecimiento parecido de
los ingresos del Estado. Desde 2005, la recaudación fiscal se incrementó en 13%
por año 2 , y el presupuesto público del año fiscal 2013 se proyecta en más del
doble del presupuesto de apertura del año 2006, incrementándose de S/.53,929
millones a S/.108,419 millones.
El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca
confianza de la población en el Estado y bajos niveles de satisfacción
ciudadana. Según el Latino barómetro 1995-2011, los niveles de satisfacción con
la democracia en el Perú se encuentran por debajo del promedio de la región
(31% en el Perú versus 39% en promedio en América Latina). Además, aún
persisten marcadas desigualdades sociales y territoriales 5; según el mismo
Latino barómetro, apenas el 14% de los peruanos considera que la distribución
de la riqueza en el país es justa, lo que se refleja en un grado alto de
insatisfacción con el sistema político y económico, y altos niveles de
conflictividad social que afectan la gobernabilidad democrática.
El proceso de descentralización satisfizo
aspiraciones y necesidades largamente postergadas, y también ha generado nuevas
expectativas por mayor inclusión y oportunidades para el desarrollo.
Las deficiencias del Estado tienen impacto en la
vida de los ciudadanos y en las actividades empresariales, lo que tiene
consecuencias en el bienestar de las personas, en la competitividad
empresarial, en la legitimidad de los gobiernos y, por lo tanto, en el sistema
democrático y sus instituciones. Tomando en cuenta las consecuencias que tienen
las deficiencias de desempeño del Estado en la vida de las personas y en la
competitividad y gobernabilidad democrática del país, es que se requiere una
política integradora de modernización de la gestión pública, para asegurar que
todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de manera articulada
y consistente en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en el
servicio a sus ciudadanos.
PRINCIPALES PUNTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:
EL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL ESTADO PERUANO
Adjunto a Uds. la normatividad de
Planeamiento Estratégico del Estado Peruano a nivel del Poder Legislativo,
resuelvan la siguiente pregunta:
1
Porque el Estado Peruano no
cumple con las Normas de Carácter General y los Planes Sectoriales del
Planeamiento Estratégico del País, donde se enmarca sus políticas públicas?
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - Actualizada al 01 Feb. 2016 -
AQUÍ
Para los
fines de la presente Directiva, se entiende por entidad o entidades de la
Administración Pública, a las siguientes:
1. Poder
Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Adscritos;
2. Poder
Legislativo;
3. Poder
Judicial;
4.
Gobiernos Regionales;
5.
Gobiernos Locales;
6.
Organismos Constitucionales Autónomos, sin afectar su autonomía.
Artículo 3. Finalidad
La
presente Directiva tiene por finalidad:
a)
Lograr que los planes estratégicos de las entidades de la Administración
Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN;
b)
Contribuir a que los recursos públicos se asignen y gestionen con
eficiencia y eficacia y contribuyan al desarrollo nacional, en función a
prioridades establecidas en los procesos de planeamiento estratégico;
c)
Promover que las entidades de la Administración Pública mejoren la
coordinación interinstitucional en sus procesos de planeamiento estratégico;
d)
Mejorar la capacidad de las entidades de la Administración Pública para
identificar, priorizar y aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos
del entorno;
I.
EL PLAN BICENTENARIO EL PERU HACIA EL SIGLO XXI
En el Perú se ha venido realizando un
permanente esfuerzo por lograr un Plan Nacional de Desarrollo de este tipo. Fue
en el año 2002 que el Foro del Acuerdo Nacional, donde participan todos los
partidos políticos y las instituciones civiles comprometidas con la democracia,
acordó un conjunto de Políticas de Estado para el fortalecimiento institucional
de nuestro sistema representativo y la definición consensual de las políticas
de desarrollo.
La quinta de estas Políticas de Estado
consideró la necesidad de establecer un sistema de planeamiento estratégico que
permita programar la asignación de los recursos y concertar las acciones
necesarias para alcanzar objetivos concretos de crecimiento, competitividad, mejor
calidad de vida y eficiencia administrativa.
Nuestro país se encaminó hacia esta
importante perspectiva cuando el 28 de junio de 2008 se publicó en el diario
oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1088, por el cual se creó el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN, adscrito al sector Presidencia
del Consejo de Ministros, como un organismo técnico especializado de derecho
público, rector, orientador y coordinador del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico; estableciéndose entre los objetivos del Sistema, articular e
integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Plan Bicentenario, enmarca sus objetivos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y
en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Como podrá el lector ver a
continuación en el presente folleto explicativo, nuestro Plan 2021 no pertenece
a un gobierno ni a un partido o grupo político. Pertenece a todos los peruanos.
Es un Plan Nacional que seguirá siendo enriquecido
con la participación ciudadana y cuya concepción y metodología lo hace sinónimo
de libertad política, de derechos civiles, de oportunidades económicas y
sociales, de protección a la persona y de transparencia en la gestión pública.
Es el medio para que el Estado y la sociedad puedan ofrecer los bienes
preferentes que permitan la realización de la libertad, para que el potencial
de nuestras capacidades humanas pueda desplegarse.
En el Plan Bicentenario, se ha
concebido una visión compartida del Perú en el siglo XXI.
Somos una sociedad
democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus
habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para
desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Un Estado moderno,
descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de
la ciudadanía; donde la economía es dinámica, diversificada, de alto nivel
tecnológico y equilibrado regionalmente, con pleno empleo y alta productividad
del trabajo. Un país que favorece la inversión privada y la innovación, e
invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las
oportunidades de la economía mundial; y donde la pobreza y la pobreza extrema
han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la
equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible,
manteniendo una buena calidad ambiental.
El Plan Bicentenario: El Perú hacia el
2021 considera seis objetivos estratégicos nacionales:
1. Un Estado basado en la plena
vigencia de los derechos fundamentales y el respeto a la dignidad de las
personas.
·
Que considere la libertad, la justicia, la paz y la dignidad
como derechos intrínsecos e inalienables de toda la familia humana.
·
Que considere el ejercicio universal de los derechos de las
personas como la finalidad esencial de toda sociedad humana.
·
Que considere las diferentes libertades como el fin supremo
del desarrollo y al mismo tiempo como el medio indispensable para alcanzarlo.
2. Una economía competitiva basada en
la generación masiva de empleos con alta productividad.
·
Que de un lugar prioritario a la iniciativa privada como
fuente primordial de la generación de recursos sostenibles y de empleo
calificado.
·
Que considere los mercados internacionales como la principal
fuente de oportunidades para el desarrollo económico y los recursos naturales
como la principal fuente de riqueza.
3. Una economía que ofrezca igualdad
de oportunidades y acceso irrestricto a los servicios.
·
Que oriente las políticas de desarrollo hacia la
erradicación de la pobreza y la pobreza extrema y todas las barreras sociales,
de género, culturales y de cualquier otro tipo que limiten las libertades y la
libre realización de su máximo potencial como seres humanos de todos los
peruanos.
·
Que asegure a los peruanos, sin excepción, en todos los
espacios geográficos, iguales oportunidades para el acceso a los servicios
básicos y para el desarrollo de sus actividades económicas, sociales y
culturales.
4. Un crecimiento económico basado en
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
·
Que garantice que las actividades extractivas se realicen en
las mejores condiciones ambientales que posibilite la tecnología moderna.
·
Que priorice la recuperación de la calidad ambiental de las
ciudades.
·
Que proteja la biodiversidad y asegure un manejo cuidadoso
de los recursos naturales, combinando medidas de protección con medidas
selectivas de promoción de actividades económicas rentables, sostenibles y de
alto valor agregado.
5. Desarrollo de una infraestructura adecuada y
distribuida adecuadamente entre las regiones.
·
Que dé solución a las desigualdades de infraestructura en el
interior del país de manera ordenada y coordinada.
·
Que canalice recursos tanto públicos como privados bajo la
forma de concesiones o asociaciones público-privadas, mediante consideraciones
de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de buen manejo
ambiental.
6. Lograr desde el Estado una gestión
pública eficiente que facilite la gobernabilidad y llegue a todos los sectores
de la sociedad y rincones del país.
·
Que facilite la gobernabilidad y haga respetar los derechos
fundamentales.
·
Que coadyuve a la erradicación de la pobreza y defienda la
igualdad de oportunidades ante la ley para toda la población.
·
Que asegure el acceso a los servicios básicos a toda la
población del país.
·
Que provea servicios de educación y de salud de calidad.
·
Que asegure el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la calidad del medio ambiente.
·
Que promueva la inversión privada en infraestructura y tome
la iniciativa de invertir directamente cuando no se cuente con la oferta
privada.
II. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
·
Ley
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico DECRETO
LEGISLATIVO Nº1088
·
Decreto
Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN DECRETO
SUPREMO Nº 046-2009-PCM
·
Aprueban
Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010
- 2021 RESOLUCION
DE RESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 009-2009-CEPLAN-PCD
·
Decreto
Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 DECRETO
SUPREMO Nº 054-2011-PCM
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PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
LOS OBJETIVOS DEL MILENIO:
El 08
septiembre de 2000, basada en un decenio de grandes conferencias y cumbres de
las Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus
países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema
pobreza y estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del plazo está
fijado para el año 2015. El Perú estuvo obligado al cumplimiento de estos
objetivos que fueron enmarcados en acciones del estado, y de donde salieron los
Programas Sociales y la Carrera Publica Magisterial.
El 25 de septiembre, los
países tendrán la oportunidad de adoptar un conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada
objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
LAS CARTAS
Las Cartas Iberoamericanas
elaboradas en el marco del CLAD son resultado de los consensos alcanzados por
los gobiernos iberoamericanos en materia de buen gobierno y administración
pública. Si bien abordan diversos temas, como los de la función pública, el
buen gobierno, el gobierno electrónico, la calidad en la gestión pública y la
participación ciudadana, el centro en ellas es el ciudadano y sus derechos. Su
contribución a la teoría de la democracia, en el contexto Iberoamericano, es
importante y merece ser conocido.
En
el ámbito latinoamericano, las propuestas de reforma de la Administración
Pública desde fines de los años 90 han surgido desde el Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo, más conocido como CLAD. El CLAD es un
organismo público internacional, de carácter intergubernamental.
Se constituyó en el año
1972 por iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela y su creación
fue recomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 2802
- XXVI) con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de
su actividad la modernización de las administraciones públicas como factor
estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.
Su
misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos
en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración
Pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas,
la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e
información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de
actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de
otras regiones.
Institucionalmente
es la secretaría técnica permanente de las Conferencias Iberoamericanas de
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado que se realizan en el
marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Bajo su
propuesta, los Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado han
aprobado en las Cumbres la “Carta Iberoamericana de la Función Pública”, en
Bolivia, en 2003; el “Código Iberoamericano de Buen Gobierno”, en Uruguay, en
2006; la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”, en Chile, en 2007; la
“Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”, en El Salvador, en
2008 , y la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana”, en Portugal, en
2009, entre otros documentos internacionales.
DECLARACIONES,
CONSENSOS Y CARTAS IBEROAMERICANAS
Declaraciones, Consensos y
resoluciones
Documento doctrinario suscrito por el Consejo Directivo del CLAD,
octubre de 1998
Documento doctrinario suscrito por el Consejo Directivo del CLAD.
Documento doctrinario suscrito por el Consejo Directivo del CLAD.
XI Conferencia Iberoamericana, Portugal, junio de 2009
Adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana, Portugal, diciembre de
2009
Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana, El Salvador, octubre
de 2008
XIII Conferencia Iberoamericana de
Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, Paraguay,
julio de 2011.
Adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana, Chile, noviembre de
2007
Adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana, Chile, 2007, versión
en portugués
Respaldado por la XVI Cumbre Iberoamericana, Uruguay, noviembre de
2006
Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana, Bolivia, noviembre
de 2003
Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana, Bolivia 2003,
versión en inglés.
Documento firmado en la IX Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado,
Pucón, Chile 2007
Documento firmado en la VIII
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del
Estado, Montevideo, Uruguay 2006
Madrid, España, 23 y 24 de junio de
2005. VII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y
Reforma del Estado
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26 y
27 de junio de 2003. V Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado
Foro Iberoamericano: Revitalización de
la Administración Pública. Estrategias para la implementación de la Carta
Iberoamericana de la Función Pública. México, mayo 2005
Documento firmado en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros
de Administración Pública y Reforma del Estado, San Salvador, El Salvador 2008
Documento firmado en la X Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, San
Salvador, El Salvador 2008. Versión en portugués
En un gesto de especial significación
la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que finalizó en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre del 2003, incluyó en su
declaración final, denominada "Declaración de Santa Cruz de la
Sierra", un respaldo categórico y taxativo a la profesionalización de la
función pública, el fortalecimiento institucional del Estado y el
potenciamiento en las agendas gubernamentales de las políticas de reforma de la
administración pública.
Documento aprobado por la XL Reunión
Ordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Santo Domingo, República Dominicana,
8-9 de noviembre de 2010
Boca Chica, Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, 27 y
28 de junio de 2002
Ciudad de Panamá, Panamá, 26 y 27 de junio de 2000
La Habana, Cuba, 24 y 25 de Junio de 1999
Lisboa, Portugal, 27 y 28 de Julio de 1998
XII Conferencia Iberoamericana,
Argentina, julio 2010. Los Documentos aprobados en el Consenso están
disponibles en la página de la XII Conferencia:
http://www.clad.org/reuniones-internacionales/eventos-realizados
XII Conferencia Iberoamericana, Argentina, julio 2010
Foro Ministerial sobre Reforma
Regulatoria en Iberoamérica, México, julio de 2011
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del CLAD, México,
mayo de 2012
Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Panamá,
junio de 2013
Aprobada por el Consejo Directivo del
CLAD en reunión presencial-virtual celebrada desde Caracas el 10 de octubre de
2013
LO QUE PENSAMOS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO:
Toda la línea de tiempo que hemos
puesto a sus conocimientos, nos lleva a concluir que los cambios a la
Modernización del Estado en el Perú, no fueron porque a los gobernantes de
turno les nació el nacionalismo o tuvieron una visión de futuro, se hicieron
porque fueron obligados a modernizar el aparato estatal.
Toda Reforma que se hace por
presión Internacional por salvaguardar un Estado Democrático en defensa de la
democracia, camina mal porque no hay un involucramiento consciente de lo que se
trata, sino fijémonos en la Modernización de la Educación marchas y contra
marchas, que va a generar un conflicto.
Uno de los Grandes problemas de
la Reforma de Modernización es que no hay involucramiento al Empleado Público,
se está haciendo esta con precisión con la nueva ley Servir, cuando esta debió
comenzar por formar equipos de trabajo multifuncionales y técnicos, y señalar
un aprendizaje hacia que queremos llegar o trazar el horizonte hacia dónde
vamos a caminar.
En el video están las cosas
claras de este problema, pero que no han atinado a desarrollar el cambio
respectivo.
Que Tenemos que cambiar para fortalecer nuestro estado
Nuestro País ha venido
sosteniendo un crecimiento económico constante por encima del 6% del PBI,
crecimiento que no ha sido reflejado en el bienestar de nuestra Población,
nuestro Estado Peruano aún no se ha modernizado, y no hay sostenibilidad
de este crecimiento con el desarrollo social, son múltiples los esfuerzos
que se han venido realizando, pero a la fecha no se han realizado las
transformaciones requeridas en el aparato estatal, de ahí que la población no
siente que ha habido un avance profundo en el mejoramiento de su calidad de
vida.
Los Peruanos estamos requiriendo
acciones más transparentes, de parte del Gobierno Central, los hechos de
corrupción son escandalosos en los últimos 20 años y que ha retrasado el
bienestar de los Peruanos.
Que tenemos que evitar para lograr un ESTADO ÉTICO
Que debe hacer el Estado
Peruano, esas interrogantes las Planteamos en el contenido del Presente
trabajo he aquí un planteamiento de esas interrogantes y que sirva
como aporte para generar conciencia de las tareas que debemos asumir si
queremos un país con futuro.
NUEVA GESTION PUBLICA
La noción de "gubernamentalidad" y
su utilidad para pensar las prácticas pedagógicas
CALIDAD DE LA GESTION PUBLICA: Éxito
Brasileño
Conflicto de intereses en el sector público
El Open Government
Gobierno
Electrónico
Gestión del
talento basado en competencias
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y
TECNOLOGÍA
INTERNET DE LAS COSAS
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
COMPETENCIAS
DEL NUEVO DOCENTE
Todo es
posible en una ciudad digital
Presentación
de la Estrategia y Plan Nacional de Gobierno Electrónico
Porque defender nuestro Estado Peruano:
El Nuevo Rol del Estado - Escándalos
Éticos: Informe Kliksberg
TEMA 02
LA SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA
La institución encargada de coordinar y
dirigir el proceso de modernización de la gestión pública en el país para una
efectiva calidad en la prestación de los servicios públicos es la Secretaría
de Gestión Pública (SGP).
La SGP es la entidad nacional competente en materia de organización del Estado para lo cual aprueba y propone normas en materia de estructura del Estado y sistemas administrativos, en concordancia con las normas de modernización, racionalización y descentralización del Estado.
Son funciones de la SGP las siguientes (Art. 37 del Decreto Supremo 057-2009 PCM "Decreto Supremo que Modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Decreto Supremo 063-2007-PCM", publicado el 15 de agosto de 2008):
a) Coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública,
así como formular y evaluar las propuestas para su mejora;
b) Emitir opinión sobre autógrafas y proyectos normativos referidos a
organización y estructura del Estado, como es la creación de Ministerios,
Entidades, Instituciones, Organismos Públicos Descentralizados, Autoridades
Autónomas, Corporaciones, Fondos o de cualquier otra entidad del Estado; así
como, el Reglamento
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, de
los Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados para fines de su
aprobación;
c) Proponer normas y directivas en materia de funcionamiento y
organización del Estado, ética y transparencia;
d) Detectar los casos de duplicidad de funciones o de procedimientos
administrativos en las distintas entidades de la Administración Pública y
proponer las medidas necesarias para su corrección;
f) Emitir informe sobre los proyectos o normas que propongan la fusión
de direcciones, programas, dependencias, entidades, organismos públicos
descentralizados, comisiones y en general toda instancia de la administración
pública central, así como la modificación respecto de la adscripción sectorial
de un organismo público descentralizado o de otras entidades;
g) Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa
y evaluar los procesos de simplificación administrativa en relación con el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las entidades del Poder Ejecutivo, para lo cual está facultada a
solicitar la información que requiera, y emitir directivas y/o lineamientos;
h) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de
simplificación administrativa contenidas en la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y detectar los incumplimientos para lo cual deberá otorgar
a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. De no producirse la subsanación, deberá
realizar las gestiones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad de los
funcionarios involucrados;
i) Formular
propuestas para la aplicación de la Ley Nº
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
k) Emitir opinión respecto a los conflictos de competencia entre
autoridades del Poder Ejecutivo que son puestos en consideración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM);
l) Emitir opinión
técnica en materia de su competencia; y
m) Otras funciones que le sean encomendadas pro la Alta Dirección.
POLITICAS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Para el cumplimiento de sus funciones,
la Secretaría de Gestión Pública
(SGP) ha implementado una serie
de intervenciones que se encuentran plasmadas en la nueva Estrategia
de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), recientemente
aprobada a través del Decreto
Supremo N° 109-2012-PCM "Aprueban la Estrategia para la Modernización de
la Gestión Pública", publicada el 1 de noviembre de 2012.
La Estrategia
de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016)contiene acciones
e instrumentos de mediano y corto plazo que tiene por objetivo mejorar y
reformar el Sistema de Modernización del Estado previsto en la Ley
29158 "Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 30 de diciembre de
2008".
LA ESTRATEGIA CUENTA CON 4 LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS:
1. Formulación y aprobación de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y del Plan de Implementación al 2021 y
alineamiento de los Planes Institucionales Estratégicos y Operativos a dichos
instrumentos:
La SGP se encuentra diseñando de manera
concertada la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) y su respectivo Plan de Implementación, con objetivos claros y medibles, orientada a resultados, que considere al ciudadano como eje
y fin de la reforma, y que contemple mecanismos eficientes para la coordinación
y articulación entre las distintas entidades y niveles de gobierno involucrados
en el proceso de modernización, así como para el monitoreo y evaluación de los
resultados.
La PNMGP establece una nueva visión de Estado:
un Estado Moderno al servicio de las personas. Ello implica un Estado orientado
al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto
(transparente y que rinde cuentas). Partiendo de esa visión, la PNMGP tiene como objetivo general, orientar,
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte
positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.
Para lograrlo, se plantean los
siguientes objetivos específicos:
a) Promover que las entidades públicas en los tres niveles de gobierno
cuenten objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las
Políticas Nacionales y Sectoriales;
b) Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos
presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y
valoran;
c) Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y
funciones de las entidades en concordancia con el proceso de descentralización;
d) Implementar procesos de simplificación administrativa en todas las
entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los
procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas;
e) Promover que el sistema de recursos humanos asegure la
profesionalización de la función pública a fin de contar con funcionarios y
servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan;
f) Monitorear y evaluación la eficiencia y eficacia en la transformación
de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan;
g) Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que
permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan
mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión;
h) Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como soporte a los procesos de
producción y gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez
consolidar propuestas de gobierno abierto;
i) Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la
colaboración ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión
de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las
entidades;
j) Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación
interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros niveles de
gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio del Estado en beneficio de
los ciudadanos mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades
institucionales;
k) Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales se
encuentran articuladas, las cuales se analizan, diseñan, aprueban, implementan,
evalúan y mejoran promoviendo el debate y la participación ciudadana;
l) Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para
lograr una coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres
niveles de gobierno;
m) Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades,
capacidades y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de
gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes
y servicios públicos que los ciudadanos demandan; y
n) Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un
funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas en lo
referente a sus funciones, tamaño y capacidades.
Para lograr estos objetivos, la apuesta
central de la PNMGP es una gestión pública orientada a
resultados al servicio del ciudadano. Esta es una gestión en la que
funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan - en el marco de
políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las
competencias que corresponden a cada nivel de gobierno - por entender las
necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o
actividades (como conjunto de acciones que transforman los insumos en productos
en la "cadena de valor") como los de soporte (los sistemas
administrativos), con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad
jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como
resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y
al menor costo posible.
La PNMGP se basa en 5 pilares centrales y 3
ejes transversales. Estos son:
i)
las políticas públicas nacionales y el planeamiento,
ii)
el presupuesto para resultados,
iii)
la gestión por procesos y la organización institucional,
iv)
el servicio civil meritocrático y
v)
el seguimiento, monitoreo, evaluación y la gestión del conocimiento;
acompañados por:
i)
el gobierno abierto,
ii)
el gobierno electrónico y
iii)
la articulación interinstitucional, siendo animados por un proceso
explícito de gestión del cambio.
Luego de aprobarse la Política y el
Plan de Implementación, se tiene por propósito priorizar las acciones
necesarias para alinear o incorporar en el planeamiento de las entidades
públicas, los principios, objetivos y estrategias establecidos en dichos
instrumentos, así como aquellas acciones que busquen incorporar en la propia
organización, estructura y diseño de procesos de las entidades, los principios
orientadores de la política, así como las metas que se planteen en el Plan.
Ello tanto a nivel estratégico como operativo. El Plan de Implementación se
retroalimentará de las experiencias y resultados de los Pilotos de
Modernización, los cuales serán evaluados y monitoreados, a través de un
Observatorio de Modernización de la Gestión Pública, el cual se tiene por
propósito desarrollar en paralelo.
2.
Adecuación del marco normativo que regula la estructura, organización y
funcionamiento del Estado
Es necesario revisar y adecuar el marco
legal vigente a fin de contar con mecanismos que permitan una estructura del
Estado ágil, articulada y eficiente. El objetivo central es encontrar el
equilibrio entre la rigidez de un sistema que lleva al incumplimiento y la
inacción a uno más flexible hacia el logro de resultados.
Para ello, se han planteado como
acciones principales y prioritarias:
·
Una clara delimitación de competencias (exclusivas y compartidas) y
funciones del ámbito nacional, regional y local, por cada Sector.
·
Revisar y modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
·
Revisar y modificar la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública.
·
Culminar el proceso de adecuación de las Leyes de Organización y
Funciones (LOF) de los Ministerios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)
y al proceso de descentralización.
·
Establecer lineamientos más flexibles para la elaboración de los
Reglamentos de Organización y Funciones (ROF) y los CAP en los tres niveles de
gobierno.
·
Brindar asesoría técnica a las entidades de los tres niveles de gobierno
en los aspectos vinculados a su estructura, organización y funcionamiento.
3.
Mejora en la Calidad de Servicios
En los procedimientos administrativos
debe promoverse un cambio hacia la búsqueda de mejora continua de la calidad de
los servicios públicos y de la atención a los ciudadanos. En ese sentido, la
optimización de procesos bajo el enfoque de la gestión por procesos será una de
las intervenciones sobre las que se trabajará para avanzar hacia servicios
públicos de calidad a nivel nacional:
En el desarrollo de la gestión por
procesos es importante continuar con los esfuerzos relacionados a la
simplificación administrativa, ya que ésta contribuye a mejorar la calidad, la
eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos
que la ciudadanía realiza ante la administración pública (¹).
La simplificación administrativa tiene
por objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la
sociedad, que genera el inadecuado funcionamiento de la Administración Pública.
Como herramienta para promover la simplificación administrativa, se aprobó
mediante Decreto
Supremo Nº 025-2010-PCM "Decreto Supremo que Aprueba el Plan Nacional de
Simplificación Administrativa", publicada el 13 de febrero de 2010, la Política
Nacional de Simplificación Administrativa (PNSA) que declara los principios,
objetivos y estrategias que rigen la reforma.
En esa línea, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) elaboró el Plan
Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014 como un modelo sistemático de la actuación pública para dirigir y
facilitar la implementación de la Política Nacional de Simplificación
Administrativa (²). No obstante, la SGP ha
elaborado una propuesta de modificación del referido plan para el periodo
2013-2016.
En ese sentido, se busca fortalecer las
siguientes líneas centrales de trabajo:
·
Simplificación administrativa:
(i)
implementar el Sistema Único de Trámites (SUT) como medio para
simplificación de procedimientos y elaboración de los Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos;
(ii)
seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Simplificación
Administrativa incluyendo indicadores de impacto;
(iii)
replicar estrategia TRAMIFACIL para la eliminación de restricciones o problemas
que afectan la competitividad de empresas en el país e incorporar trámites
vinculados a prestaciones sociales;
(iv)
implementación de la metodología de costos de los procedimientos y
servicios para determinar la tasa por derecho de trámite que se cobra a la
ciudadanía.
Las metodologías de simplificación
administrativa y de costeo de procedimientos administrativos han sido aprobadas
mediante Decreto
Supremo 007-2011-PCM "Decreto Supremo que aprueba la metodología de
simplificación administrativa y establece disposiciones para su implementación,
para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad", publicado el 28 de enero de 2011 y Decreto
Supremo 064-2010-PCM "Decreto Supremo que aprueba la metodología de
determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad comprendidos en los Textos de Procedimientos
Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del
artículo 44 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General",
publicado el 5 de junio de 2010, respectivamente. Mediante un diploma virtual y talleres presenciales, se
está capacitando a los funcionarios públicos para la implementación de estas
metodologías.
·
Optimización de Procesos, que busca ajustar el flujo de tareas, entradas y salidas de los procesos
de manera que entreguen la mejor calidad al menor costo operativo posible y en
el menor tiempo y además respondan a los objetivos y aporten a los resultados
institucionales. Para ello es preciso incorporar la Gestión por Procesos.
Mejor Atención al Ciudadano, estrategia
multicanal aprobada mediante Decreto
Supremo 091-2011-PCM "Decreto Supremo que crea el Centro y el Portal Mejor
Atención al Ciudadano", publicado el 3 de diciembre de 2011 que permite ampliar y optimizar los servicios del Estado para una mejor
atención a la ciudadanía, y que se compone de:
a) Plataformas
presenciales. Centros de
atención integrados en los que el Estado - a través de un conjunto de entidades
públicas (en el ámbito nacional, regional y local) - brinda servicios públicos
en una misma plataforma física integrada de atención al ciudadano.
b) Plataforma
telefónica. Centro de Atención
Telefónico "Aló MAC", creado mediante Decreto
Supremo 027-2010-PCM "Decreto Supremo que crea el Centro de Atención
Telefónica - Aló MAC - como servicio integrado de atención dirigido a la
ciudadanía", publicado el 16 de febrero de 2010 como servicio integrado de atención a la ciudadanía que tiene como
objetivo brindar a los ciudadanos la información básica sobre requisitos,
plazos de atención, costos y el contenido de los procedimientos y servicios
prestados en exclusividad contenidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de las entidades del Poder Ejecutivo, cuya cobertura
inicial han sido las entidades del Gobierno Nacional con sede en Lima.
c) Plataforma virtual. Portal Web que permite al ciudadano acceder a los procedimientos
administrativos e información del Estado.
El primer centro integrado de atención
al ciudadano denominado Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), fue inaugurado en
2010. Este local ha atendido en 18 meses a más de un millón de personas y
atiende a 3000 personas diarias. El segundo MAC ha sido inaugurado en el Callao y es
administrado por el Gobierno Regional de Callao. Se tiene previsto abrir cuatro
nuevos MAC hasta el 2014.
Campañas de fiscalización del cumplimiento
de la normatividad vigente y campañas para la eliminación o simplificación de
trámites con la participación de la ciudadanía.
GOBIERNO
ABIERTO: TRANSPARENCIA, ÉTICA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El gobierno del Perú elaboró un Plan de
Acción para su incorporación a la Sociedad de Gobierno Abierto (Open Government
Partnership), que fue aprobado por Resolución Ministerial Nº
085-2012-PCM "Aprueba el Plan de Acción para su incorporación en la
Sociedad de Gobierno Abierto", publicada el 10 de abril de 2012.
Este Plan contiene compromisos
concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública,
integridad pública, gobierno electrónico y promoción del desarrollo de nuevas
tecnologías, participación ciudadana y rendición de cuentas, con el fin de
promover un gobierno más abierto, eficaz y responsable en el manejo del
presupuesto y la información pública (³).
En ese sentido, el gobierno abierto se
inserta dentro de la Estrategia
de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016), a fin de alcanzar
como objetivo la institucionalización en los tres niveles de gobierno, de
la ética pública, la transparencia y la participación ciudadana. Para tal fin,
se han priorizado las siguientes acciones:
1.
Procurar la participación activa del Estado peruano en la Sociedad de
Gobierno Abierto.
2.
Adecuada implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto.
3.
Implementación de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) en todas
las entidades de los tres niveles de gobierno.
4.
Diseño e implementación del Portal de Datos Abiertos.
5.
Lanzamiento del Ranking de Buenas Prácticas en materia de Gobierno
Abierto y del Distintivito de Gobierno Abierto, certificación que otorgará la SGP a
aquellas entidades que cumplan con estándares adecuados en materia de buen
gobierno, ética, transparencia y acceso a la información pública y vigilancia
ciudadana
6.
Diseñar e implementar un plan de capacitaciones para los funcionarios
responsables de acceso a la información pública y de actualizar la información
en los PTE sobre la nueva normativa.
7.
Diseñar la metodología de supervisión y los indicadores que permitan verificar
el nivel de cumplimiento en la actualización oportuna de información en los PTE
por parte de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
8.
Promover el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de
la sociedad civil y de la ciudadanía para garantizar una participación y vigilancia
informada y activa en la gestión de las políticas públicas, sensibilizándoles
sobre sus derechos y responsabilidades al involucrarse en estos procesos.
9.
Promover el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y
servidores públicos para dar importancia a los procesos de participación
ciudadana, así como para garantizar que estos realicen de forma exitosa y de
acuerdo a las normas.
10. Promover en las
instituciones públicas la utilización de tecnologías de la información para
recoger opiniones y sugerencias de la ciudadanía, así como para devolverles
información relevante.
11.
Ampliar el uso de la tecnología de la información para facilitar una
mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía,
identificando y tomando lecciones aprendidas de las iniciativas
existentes.
La Estrategia
de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) busca, entre otras
cosas, generar impacto en un plazo menor y con énfasis en los gobiernos
descentralizados, mediante la implementación de acciones graduales y
habilitantes que permitirán luego escalar las medidas a otros territorios o
jurisdicciones.
Para ello, se implementará un mecanismo
llamado Piloto de Modernización, contemplado en la Ley 27658 "Ley Marco de
Modernización del Estado", publicada el 30 de enero de 2002.
Pilotos de
Modernización:
Este instrumento, debe permitir diseñar
e institucionalizar una intervención articulada a nivel de la administración
pública central, regional y local. La base de esta intervención de gestión
serán los gobiernos regionales y locales quienes serán los ejecutores. La SGP tendrá
un rol rector y articulador de diversas entidades del Poder Ejecutivo que serán
las que brinden herramientas para modernizar la gestión pública. Dichas
herramientas deberán ser brindadas en función de las necesidades específicas de
cada nivel de gobierno y se priorizarán de manera concertada, contando con los
incentivos suficientes para el logro de los resultados
Los pilotos de modernización consisten
en un paquete de medidas a corto plazo que se basa en el mejoramiento de la gestión
del gobierno descentralizado, en función a la articulación con los demás
sistemas administrativos que intervienen en la cadena de valor de la prestación
de servicios públicos al ciudadano, a fin de hacerla más eficiente y eficaz. Lo
que se busca es lograr que los gobiernos descentralizados alcancen mayores
niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios al ciudadano en
su respectivo ámbito de competencia. Asimismo, que están en la capacidad de
acceder a los incentivos que ofrecen los programas del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) y puedan reinvertir a
mejorar la gestión y la provisión de servicios públicos para el ciudadano.
Objetivos
generales:
·
Retroalimentación y ajustes al Plan de implementación al 2021.
·
Réplica de la experiencia a nivel macro-regional y local.
Objetivos
específicos:
·
Alinear los planes estratégicos institucionales de los gobiernos
descentralizados con la Estrategia de Modernización, haciendo lo propio con su
estructura organizacional, procesos relevantes y mecanismos de coordinación.
·
Reforzar su capacidad gerencial, con el fin de brindar un mejor servicio
al ciudadano.
·
Apoyar a los gobiernos descentralizados a articularse con las
intervenciones sectoriales como por ejemplo aquellas canalizadas a través de
programas presupuestales.
·
Proporcionar un paquete de medidas y herramientas que puedan ser
replicadas.
Para llevar a cabo estos objetivos, se
suscribirá Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional que serán
complementados luego, dependiendo el caso, con planes de acción contenidos en
Convenios Específicos ya sea para implementación de los Centros de Servicios Mejor Atención al Ciudadano
(MAC), o para la implementación de los Pilotos de Modernización
(que implicarán la inyección de un paquete de herramientas, metodologías,
optimización de procesos, etc.). Todo ello, se llevará a cabo con la asistencia
técnica de la SGP, la cual tendrá
además un rol articulador. Llevar a cabo Pilotos de Modernización, que deben permitir
diseñar e implementar una intervención articulada y sostenible a nivel de la
administración pública central y descentralizada.
Una de las herramientas normativas con
las que también se cuenta, es el Plan
Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014. Dicho plan consta
de seis objetivos estratégicos:
a) Objetivo Estratégico 1: Generalizar la gestión de procesos en los procedimientos y
los servicios administrativos por medio de mecanismos definidos por el ente
rector (Plan
Nacional de Simplificación Administrativa 2010-2014).
b) Objetivo Estratégico 2: Universalizar en forma progresiva el uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación en las distintas entidades
públicas y promover la demanda de servicios en línea por la ciudadanía.
La Secretaría de Gestión Pública (SGP) impulsó el desarrollo de la primera
Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Esta plataforma soporta actualmente
el aplicativo de constitución de empresas en línea y debe albergar en los
próximos años los procedimientos administrativos más demandados del país.
Por otro lado, en enero de
2013 debe entrar en funcionamiento el Sistema Único de Trámites -SUT, el cual
registra el total de trámites de las entidades públicas en los distintos
niveles de gobierno. El SUT permitirá crear, modificar, aprobar y eliminar
procedimientos administrativos y servirá como medio de análisis de la
información relativa a los procedimientos administrativos existentes en el
país.
Así mismo, se ha trabajado con
el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) un plan de trabajo para la
implementación de firmas digitales en los procedimientos administrativos.
c) Objetivo Estratégico 3: Proveer al personal de las entidades públicas de las
competencias adecuadas para facilitar su relación con la ciudadanía y las
empresas, e incentivar su participación y motivación.
d) Objetivo Estratégico 4: Involucrar a los diferentes actores para impulsar y
consolidar el proceso de simplificación administrativa.
e) Objetivo Estratégico 5: Optimizar el marco normativo de la simplificación
administrativa y reforzar los mecanismos para su cumplimiento.
La Secretaría de Gestión Pública (SGP) trabaja de manera participativa todas
las iniciativas de cambio normativo. Así por ejemplo, la Política Nacional de
Simplificación Administrativa, incluyendo su respectivo Plan, y las
metodologías de simplificación y costos han sido trabajados involucrando a
diferentes actores.
f)
Objetivo Estratégico 6: Fortalecer
la institucionalidad y liderazgo vinculados con la simplificación
administrativa.
A través de TRAMIFACIL se busca empoderar a las entidades
públicas en su rol supervisor de los diferentes aspectos vinculados a la
Simplificación Administrativa.
(¹) Política y Plan Nacional de
Simplificación Administrativa.
(²) Ambos
instrumentos están actualmente en un proceso de evaluación de los resultados
obtenidos a la fecha con el propósito de afinar la estrategia y acciones a
partir de los aprendizajes que surgen de esta primera etapa de implementación
del Plan y las nuevas exigencias ciudadanas en el marco del contexto nacional.
Este esfuerzo debe culminar en una propuesta de modificaciones a la Política y Plan que incorporen i) la prioridad que el nuevo gobierno asigna a los temas sociales, ii) la descentralización de acciones y resultados esperados y iii), simultáneamente, sinceren la responsabilidad de la SGP en función a los recursos humanos disponibles.
Este esfuerzo debe culminar en una propuesta de modificaciones a la Política y Plan que incorporen i) la prioridad que el nuevo gobierno asigna a los temas sociales, ii) la descentralización de acciones y resultados esperados y iii), simultáneamente, sinceren la responsabilidad de la SGP en función a los recursos humanos disponibles.
(³) El referido
Plan fue presentado en la Segunda Reunión de la Sociedad de Gobierno Abierto
que se realizó en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil,
en abril de 2012, por lo que actualmente el Estado peruano forma parte de dicha
sociedad.
PREGUNTAS A REFLEXIONAR:
1. Porque otros países tomaron con
seriedad la Modernización de su Aparato Estatal.
2. Como perciben el avance del
proceso de Modernización del País, que se debe hacer para lograr una visión
compartida de futuro.
3. Denos una opinión de la Política
Nacional de la Modernización de la Gestión Pública.
4. Creen que el Plan Nacional de
Gobierno Electrónico en nuestro país es un éxito.
5. Las Cartas Iberoamericanas que
función cumplen en la Modernización del Estado Peruano
6. Del Manual de Modernización del
Estado, precísenos que hay que hacer para avanzar en la modernización del
estado Peruano.
7. El PENUD: Que nos señala en su
documento: PERÚ: LA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO CICLO DE DESARROLLO ESCENARIOS
PROSPECTIVOS 2012-2016
TEMA 03
LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LEER:
GESTIÓN PÚBLICA Y CALIDAD: HACIA LA MEJORA
CONTINUA Y EL REDISEÑO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO – Dar clic.
Como hemos señalado, desde hace ya
dos décadas las administraciones públicas experimentan diferentes
transformaciones a partir de los cambios que el Estado mismo ha sufrido como
consecuencia de un conjunto de reformas que sin duda siguen en curso y que “han
abierto un camino que hay que seguir explorando”. (Blanca Olias de Lima; 2001).
“No se
cambia la Sociedad por Decreto” con esta frase, Michael Crozier
reflexionaba en 1979 acerca de la necesidad de establecer estrategias de cambio
en las Administraciones Públicas, a propósito de una amplia reflexión sobre la
necesidad de cambio en estas organizaciones que tanto pueden condicionar el
bienestar y de hecho determinan muchas de nuestras actuaciones cotidianas.
En efecto, en un análisis como
este, lo primero que debemos plantear es que la nueva gestión pública
representa un cambio trascendental de la perspectiva tradicional de la
Administración Pública, a un sistema que pone énfasis en los resultados, que
reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional y que este cambio,
no exento de controversias, obliga a asumir una posición en torno al futuro del
sector público y al respecto no cabe duda que éste será inevitablemente
gerencial; tanto en la teoría como en la práctica. (Owen E. Hugues 1994)
En efecto, las
Administraciones Públicas constituyen los instrumentos de que se dotan los
estados modernos para el desarrollo de las políticas públicas que instrumentan
los gobiernos con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, asegurar el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y facilitar la
prestación de los servicios básicos de una sociedad del bienestar. Pero
conviene recordar que las Administraciones Públicas son organizaciones
complejas de las sociedades modernas, cuyos órganos se interrelacionan entre sí
en un entramado legal en muchos casos inextricable y cuyas decisiones, dudas o
inoperancias inciden de manera decisiva en el nivel de bienestar y desarrollo
de las sociedades en que se desarrollan y a las que sirven.
En efecto, están
omnipresentes y condicionan desde la creación y mantenimiento de infraestructuras
básicas de desarrollo, comunicación, económico-financieras y sociales e
influyen directa o indirectamente en aspectos tales como la educación de los
jóvenes, en la garantía de la salud de los ciudadanos, la asistencia de los
mayores, o en el tipo de vivienda al que se puede acceder, reformar o
rehabilitar, la conformación del urbanismo de las ciudades y barrios, la
regulación de actividades extractivas, la agricultura y la pesca, los servicios
sociales etc., es por esto que en algunos casos se las ha identificado más como
problema que como paradigma de solución1 . Sobre ellas, periódicamente y en
muchos casos ignorando o denostando implacablemente la, cuanto menos, pulcra
actividad que realizan, se plantean las propuestas reformadoras coincidiendo,
más o menos, con los grandes impulsos políticos de cambio, los cuales se
anuncian ostentosamente, especialmente las propuestas de mayor impacto
mediático, que recogen los programas electorales de gobierno, de los partidos
en el poder y, en mayor medida, en los de la oposición.
Así aparecen iniciativas
bienintencionadas de reforma o modernización, de necesidad de cambio, que
tienen que ver con la insatisfacción ciudadana por los servicios públicos que
recibe y por consiguiente con la necesidad real o expectativa, siempre patente,
de incremento y mejora de la Calidad de los servicios públicos, y cuyos
planteamientos y formulaciones teóricas, más a menudo de lo que se debería,
dejan entrever, ingenuamente, que es suficiente con la manifestación expresa de
la voluntad reformadora del proponente plasmada en los documentos programáticos
para que la misma se lleve a cabo.
Los funcionarios,
profesionales cualificados de la administración, saben que en la medida que no
vayan acompañados de algo más que ímpetu innovador de carácter voluntarista, la
simple plasmación de estas propuestas modernizadoras en espléndidos discursos
teóricos perfectamente plasmados en magníficos “libros blancos, o verdes,
planes o programas” sucumbirán en las intrincadas marañas jurídico - administrativas
con el simple transcurrir del tiempo, cuando no, de forma más inmediata y
contundente, al primer conflicto de opinión que provocará el anuncio de la
propuesta que toda reforma o cambio comporta2, por parte de grupos de
resistencia externos a la organización y en menor medida internos, conocidos en
la jerga profesional como “Stakeholders”, y que tan sutilmente saben
instrumentalizar su poder en un medio sobre el que disponen de resortes
eficaces de influencia y que en muchos casos, constituyen apéndices nutricios
de estas situaciones.
En la forma que
ingeniosamente describieron los guionistas de la serie de la BBC “Sí, Ministro”
J. Lynn y A. Jay, el alto funcionario nunca le manifestará una negativa
contundente al responsable político del que depende. Sabe perfectamente que
bastará que el paso del tiempo convenza al promotor de la reforma de los
costes, en términos de imagen, que la medida le va a reportar y por tanto de la
inviabilidad de su bienintencionada propuesta, languideciendo los ímpetus de
tan circunstanciales líderes del cambio hasta su extinción definitiva.
Propuesta que en breve descansará ordenadamente en al baúl de los recuerdos
hasta nunca más saberse de ella.
Sería ingenuo
responsabilizar a los altos funcionarios como adalides del inmovilismo o
campeadores de resistencias al cambio, más o menos sutiles o numantinas. Antes
al contrario, los funcionarios son personas inteligentes y preparadas,
conocedoras asiduas del entorno administrativo en el que se mueven y en general
disponen de la capacidad técnica, experiencia y en cierta medida, visión, no
solo para aceptar y hacer suyas las iniciativas de innovación y cambio sino
para constituirse en elementos clave a la hora de facilitar y gestionar técnica
y jurídicamente aquellas ideas e iniciativas que introduzcan mejoras objetivas
en el funcionamiento de los servicios públicos que prestan las Administraciones
de las que dependen. Ello se produce en mayor medida cuando los líderes son
capaces de saber transmitirles una visión aguda y coherente con los fines y
principios que inspira el servicio público, atraerlos hacia la causa del cambio
e involucrarlos en proyectos bien fundamentados técnicamente y apoyados en
liderazgos consistentes. Ocurre que, en muchos casos, los fracasos más contundentes
en este campo han tenido que ver, bien con una visión negativa un tanto
apriorista, obtusa o distorsionada respecto a los fines de la organización o,
en pensar que los cambios pueden imponerse contra la organización o, lo que es
peor, al margen y fuera de la misma.
En resumen, es conveniente
y acertado que las administraciones se centren en hacer bien aquello que es
esencial para el desarrollo, estructurado y armónico desde el punto de vista de
la sociedad a la que sirven y que no pueda o no deba hacer el sector privado.
En este contexto se requiere que la reforma o modernización de las
administraciones públicas, en definitiva, que las estrategias de cambio y
mejora de la calidad de los servicios públicos que prestan se basen en las
siguientes prioridades:
1.
Revisión dimensional de las Administraciones para reflexionar sobre la
adecuación a las parcelas de actuación más necesarias, genuinas o propias de
las administraciones públicas, en especial aquellas que mejor sabe y desarrolla
el sector público, simplificando los procedimientos, trámites y protocolos,
facilitando el acceso, descentralizando y acercando los servicios a los
ciudadanos y usuarios —los clientes de los servicios públicos— y rebajando los
costes y aumentando la calidad.
2.
Introducción de técnicas de gestión que favorezcan un funcionamiento más
eficiente, eficaz, rápido y próximo a los ciudadanos y usuarios, que satisfagan
sus expectativas y necesidades. Hay que prestar atención a la Calidad, los
procesos de innovación permanente, de mejora continua que exige la
concienciación e involucración de todos los empleados de las administraciones,
los servidores públicos.
A este respecto, los Recursos
Humanos, el factor humano, son un factor esencial y decisivo en la gestión de
las organizaciones que son, como las Administraciones Públicas, prestadoras de
servicios y que constituyen un elemento estratégico de primer orden. Así pues,
considerada como elemento clave de las organizaciones, la gestión de los
recursos humanos se debe realizar ofreciendo un buen servicio a sus clientes,
respondiendo a sus expectativas y, por lo tanto, gestionando la calidad en los
diversos ámbitos de sus funciones.
LOS
RECURSOS HUMANOS
En las Administraciones Públicas,
los servicios públicos los prestan las personas, de forma que el elemento
humano es fundamental para realizar un buen servicio a los ciudadanos.
Las personas, los Recursos
Humanos, son esenciales para un servicio público de calidad pues son ellos los
que:
·
Conocen los problemas, pueden aportar con mayor facilidad las mejores
soluciones.
·
Conocen las expectativas razonables de los clientes y su grado de
satisfacción.
·
Ellos son el servicio y por tanto los directos responsables de su
imagen. Representan la imagen de la organización.
·
Hacen posible el éxito de las organizaciones. En este contexto, todo
directivo debe cuidar y potenciar dos aspectos esenciales en los empleados de
la organización.
TEMA
04
EL
LIDERAZGO GERENCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
LEER:
- Kliksberg, Bernardo. “¿Cómo modernizar el
Estado y formar los gerentes sociales necesarios? Algunas sugerencias para
la acción”. ¿DE BURÓCRATAS A GERENTES?: Las ciencias de la
gestión aplicadas a la administración del Estado
INTRODUCCION:
“La
gobernabilidad democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de
autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se
produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar de
democracia.” (Prats i Català (2001), pp. 133)
“La
democracia delegativa parece tener las mismas características formales que las
democracias liberales pero son institucionalmente huecas y frágiles. Los votantes son movilizados por vínculos
clientelistas, populistas, personalistas (más que programáticos); los partidos
y los grupos de interés son débiles y fragmentados. En lugar de producir un medio efectivo de
representación de los intereses populares, las elecciones delegan una autoridad
amplia y en gran parte irresponsable a quien gana las presidenciales. (Prats i Català
(2001), pp. 138-139)
La gran pregunta que nos hacemos los peruanos es:
1.
Que tal eficiente y eficaz es la actual organización del Estado Peruano
en sus tres niveles de Gobierno?
2.
Que tal eficiente y eficaz es el Sistema Político que sostiene la
dirección del Estado Peruano?
3.
Los ciudadanos Peruanos saben elegir, a quienes asume la responsabilidad
Gerencial de dirigir el Estado Peruano?
4.
Es eficaz el Sistema de elegir a los que Gerencia las actividades
estatales?
Es entendible comprender, que si
carecemos de partidos políticos eficientes y sumamente débiles, no existe en el
Perú un sistema Político que pueda asumir la gran responsabilidad de liderar al
Estado Peruano.
Es entendible comprender también, que solo existen Partidos Políticos para elecciones y casi desapareciendo del contexto Político, lo que asumimos que solo hay grupos de interés,
de organizaciones gremiales, organizaciones empresariales y de organizaciones
lobistas a los grande intereses foráneos, sin dejar de lado del interés del
narcotráfico y el sistema de corrupción operante.
Bajo ese contexto, no es
difícil suponer quienes son los que asumen la gran responsabilidad de dirigir
nuestra gran empresa Peruana denominada Estado Peruano.
Los ciudadanos nos
preguntamos que hay que cambiar para tener un Estado Eficiente y Eficaz que
atiende el mejoramiento de calidad de vida y nos enrumbe a nuevos cambios
económicos, en donde se considere que nuestros recursos deben ser usados para
el usufructo de los peruanos y no al revés.
Cuán importante es que
entendamos, que tenemos una gran empresa en manos equivocadas y es nuestra
responsabilidad que sea así.
Tenemos un sistema burocrático, De
acuerdo a Mintzberg:
“La
burocracia profesional contrata especialistas debidamente entrenados y
adoctrinados –profesionales– para operar la institución, y luego les da un gran
grado de control sobre su propio trabajo... este autocontrol significa que el
profesional trabaja en forma relativamente independiente de sus colegas, pero
cercano a los clientes que él sirve... Estas suelen ser estructuras
inflexibles: adecuadas para producir un output estandarizado pero muy
inadecuadas para adaptarse a la producción de nuevos outputs”.
No existe una Escuela donde
se prepare profesionales al servicio de la organización estatal, obteniendo
como unica repuesta a esas deficiencias burocráticas, lo que queremos realmente
es que se salga de ese contexto de burócratas a gerentes, para esos hay que
atacar el mal desde sus inicios el Sistema Político.
El diagnóstico es importante para definir
mejor los problemas que afectan a los gobiernos. Un buen diagnóstico de la situación
actual es un requisito para empezar cualquier reforma. Sin embargo, Metcalfe
señala que los grandes desafíos no se pueden diagnosticar a través de la
perspectiva de un solo individuo o una sola organización. Cuando hay múltiples
intereses en juego, se requiere un proceso colectivo y político para llegar a
un consenso tanto sobre la naturaleza del problema como sobre sus posibles
soluciones.
Lo
señalado ha sido nuestro interés en nuestros Diplomas de Especialización que
esperamos sirvan de interés para acercarnos a una realidad que hay cambiar.
EL ENFOQUE GUBERNAMENTAL ACTUAL DE LA GERENCIA PÚBLICA EN EL
PERU.
LEER
LO QUE DICEN NUESTROS GERENTES PUBLICOS:
GRUPO DE DIRECTIVOS PÚBLICOS DEL SERVICIO CIVIL PERUANO
Hemos venido resaltando. Que la
calidad de LA GESTIÓN PÚBLICA DEBE ESTAR
ENMARCADA EN SUS PRINCIPIOS Y FINES EN EL VALOR PÚBLICO, cultura que
impulse a la Administración Pública a una mejora permanente para satisfacer
plenamente las necesidades y expectativas de la ciudadanía en su mejoramiento
de calidad de vida.
La Calidad
de la Gestión Pública:... es una cultura transformadora que impulsa a la
Administración Pública a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las
necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad
y eficiencia en el uso de los recursos públicos. La calidad en la gestión
pública debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y
adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo a
metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores de la
Administración Pública y de acuerdo a resultados cuantificables que tengan en
cuenta el interés y las necesidades de la sociedad. (Ruiz, 2002).
Porque es
importante señalar el tema de Liderazgo en el proceso de modernización del
Estado y el asumir la nueva gerencia publica que establezca valor público a las
acciones del Estado.
Los procesos
de cambio son urgentes y necesarios en especial en épocas de crisis.
Hablar de liderazgo es hablar de un proceso
gradual que va en función a un proceso de cambio y hablar de no líder es hablar de una persona por un
interés en común. El problema con la palabra líder es que nos hace creer que hay personas que tienen la
condición de tal de forma permanente y hay quienes no la tienen.
Eso nos lleva a la errada
búsqueda de las características del líder, como si hubiera un tipo de persona
en especial que puede ejercer el liderazgo
y hubiese otro tipo de persona que no pudiese hacerlo. Y esto definitivamente
no es así. Dependiendo de las
circunstancias y los propósitos, podríamos decir que casi cualquier persona
puede ejercer el liderazgo en cierto momento y no podrá ejercerlo en otros.
En las lecturas que se
alcanzan, analices realizados por LOS GERENTES PUBLICOS – SERVIR, está
enmarcado este proceso necesario para hablar de verdaderos cambios de
Modernización del Estado, rompiendo el viejo mito dual entre Liderazgo Político
y Liderazgo Gerencial.
Es increíble que los ejecutivos públicos sean nombrados como de
confianza sin reunir los perfiles necesarios de manejar una gran empresa estatal,
no existe una escuela de gerentes públicos y aún más de carrera de la Gestión
Pública, estos se forman empíricamente en base a sus experiencias laborales,
las fuentes de información que estamos alcanzando sobre sobre materias
gerenciales es básicamente para organizar y desarrollar sus esfuerzos de la
manera más efectiva en el mundo de la Gerencia Pública.
Dentro de los múltiples
desafíos que implica la reforma, se encuentra el desarrollo de la gerencia
pública que nuestro país necesita. Dotar de directivos públicos capaces de
generar resultados concretos que impacten en los ciudadanos y las ciudadanas es
una tarea de largo aliento, que irá cambiándole el rostro al Estado. Para ello
es indispensable discutir las bases conceptuales sobre las cuales se sostendrá
el nuevo segmento directivo, producto de la implementación de la reforma.
La cantidad de puestos
Jefaturales asciende a 6543 puestos en el nivel nacional y 5127 en el nivel
regional. La gran mayoría se encuentra en el segundo y tercer nivel organizacional.
Los sectores que más puestos Jefaturales tienen son Salud, Educación y Economía
y Finanzas, en este último caso especialmente por la SUNAT.
El actual segmento
directivo se caracteriza por ser un modelo directivo “politizado”, en el cual
el acceso a la mayoría de puestos está limitado únicamente a la confianza
política. Más del 70% de los puestos Jefaturales son designados por confianza,
en los que no existe la selección y promoción en base al mérito y la evaluación
del desempeño está ligada sobre todo a la lealtad a sus superiores. No existe
seguridad en el empleo, se propician las relaciones clientelares y en muchos
casos es un caldo de cultivo para la corrupción. Este modelo de función
directiva es considerado como pre-burocrático.
El problema central del
actual segmento directivo es la existencia de insuficientes recursos humanos
profesionales con las competencias necesarias para gerenciar las entidades
públicas del Estado. Por ello se propone un modelo de función directiva
profesional de corte gerencial. Este modelo se rige bajo principios de
eficiencia, eficacia, responsabilidad por resultados en la ciudadanía y
creación de valor público.
El acceso se realiza sobre
principios de mérito, cuentan con un espacio de independencia para la toma de
decisiones y son evaluados en función a sus resultados. Los Directivos Públicos
gerencian bajo criterios de creación de valor público, responsabilidad por
resultados y racionalidad económica. Una dirección pública profesional tiene
que tener en cuenta una visión integral de la función directiva, en la que un
directivo desarrolle tres tipos de gestión: la gestión del entorno político con
la finalidad de conseguir legitimidad y apoyo para lograr resultados para los
ciudadanos, la gestión estratégica y la gestión operativa. Una función
directiva profesional requiere que los directivos públicos se caractericen por
poseer determinadas competencias, entendiendo por competencias al conjunto de
comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso involucra de forma
integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, las cuales son el factor
diferenciador dentro de una organización y contexto determinado.
Las competencias de los
Directivos Públicos son: vocación de servicio, orientación a resultados,
trabajo en equipo (transversales a todos los servidores civiles) y liderazgo,
articulación con el entorno político, visión estratégica y capacidad de gestión
(identificadas para directivos públicos).
La introducción de la
gestión por competencias tiene una importante aplicación, especialmente en los
concursos de selección, el desarrollo de capacidades y la gestión del
rendimiento de directivos públicos. El objetivo central frente al segmento
directivo es institucionalizar y profesionalizar la función directiva pública, basada
en principios de creación de valor público, responsabilidad por resultados y
racionalidad económica.
En ese sentido se identificaron
tres tipos de dirección pública:
1.
LA
DIRECCIÓN POLÍTICO-ESTRATÉGICA,
2.
LA
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y
3.
LA
DIRECCIÓN OPERATIVO-ESTRATÉGICA.
Los Directivos Públicos
tienen características propias que los diferencian tanto del estamento superior
de los Funcionarios Públicos, como del espacio inmediatamente inferior de los
Servidores de Carrera.
Se calcula que la
composición del grupo de Directivos Públicos en el nivel nacional asciende a un
número aproximado de 3603 puestos de los 6039 puestos Jefaturales
identificados.
Esto trae como consecuencia
que la gran mayoría de puestos Jefaturales que no se encontrarían en el grupo de
Directivos Públicos pasen al nivel más alto de la carrera (Ejecutivos). Cabe
señalar que dentro de la carrera pueden existir puestos Jefaturales.
Dentro de estos puestos se
encontrarían una gran cantidad de puestos Jefaturales que actualmente se
encuentran en el tercer nivel organizacional. Si bien al considerarlos como
Servidores de Carrera contarían con una mayor estabilidad laboral y línea de
carrera, habría una diferencia importante en su compensación económica frente a
la del grupo de Directivos Públicos.
Otra consecuencia a
considerar es que, a menor cantidad de puestos directivos, existiría una menor
cantidad de puestos de confianza posibles en el segmento directivo, dado que la
Ley del Servicio Civil estipuló que puede haber un máximo de 20% de puestos de
confianza en el grupo de Directivos Públicos de cada entidad.
Mayores precisiones de nuestros comentarios esta en nuestro Diploma de
Especialización en Gerencia de Desarrollo Humano SERVIR.
Cuál es la apreciación de la
actual Gestión Administrativa Publica como entidad:
Cuál es la apreciación de
la actual Gestión Administrativa Publica que los Peruanos vemos como usuarios:
CUALES SON LOS APORTES A LA NUEVA GESTIÓN PUBLICA – EN LA
MODERNIZACION DEL ESTADO.
LEER:
Los ejes centrales de esta carta
está dada en:
Son notas básicas de esta noción
las siguientes:
a)
Se entiende por administración
profesional una Administración Pública dirigida y controlada por la política en
aplicación del principio democrático, pero no
patrimonializada por ésta, lo que exige preservar una esfera de independencia e imparcialidad en
su funcionamiento, por razones de interés público.
b)
La noción utilizada es compatible con la existencia de diferentes
modelos de función pública. Los arreglos institucionales que enmarcan el acceso
al empleo público, la carrera de los empleados públicos, las atribuciones de
los diferentes actores y otros elementos de la gestión del empleo y los
recursos humanos no tienen por qué ser necesariamente los mismos en los
distintos entornos nacionales.
c)
Los sistemas de función pública pueden incluir uno o más tipos de
relación de empleo entre las organizaciones públicas y sus empleados, más o
menos próximas al régimen laboral ordinario. La función pública de un país
puede albergar relaciones de empleo basadas en un nombramiento o en un
contrato, reguladas por el derecho público o por el derecho privado, y cuyas
controversias se sustancian ante órganos judiciales especiales o ante
tribunales comunes.
El buen desempeño económico y
social del país ha transformado la economía del Perú en una de ingreso medio y
su nivel de desarrollo genera que el proceso de crecimiento, imprescindible
para un progreso sostenido, dependa cada vez más de ganancias sostenidas de
productividad. No obstante, la existencia de brechas de acceso a los servicios
sociales, infraestructura y oportunidades económicas entre las áreas rurales y
urbanas constituye uno de los principales desafíos en el camino hacia un mayor
desarrollo. De este modo, Perú deberá lograr conformar un modelo que, junto con
el desarrollo de un Estado más eficiente, sostenga el crecimiento económico y
fomente la recuperación de los equilibrios sociales y territoriales (BID,
2012:2).
PORQUE
HABLAMOS DE UN CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA
REFLEJADO
EN NUESTRO PRIMER CUADRO AL INICIO DEL PRESENTE MANUAL SOBRE GESTIÓN PUBLICA Y
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
La Normatividad sobre la
Modernización del Estado, es frondosa, pero inoperante, QUE DATA DESDE 1972 y por
falta de liderazgo, y una VISON COMPARTIDA, de los que conforman EL SISTEMA
POLITICO, quienes manejan el destino de nuestro estado y que son elegidos por
la misma sociedad Peruana, que solo miran sus interés particulares sin una
misión y visión de país, por la inexistencia de una real Clase Política, una
Real Clase Empresarial, una Real Clase de Movimientos Regionales, una Real
Clase de Universidades, Una Real Clase de Organizaciones Sindicales, una Real
Clase de comunidades religiosas, una real clase de comunidades indígenas, etc…
“La
gobernabilidad democrática se dará sólo cuando la toma de decisiones de
autoridad y la resolución de conflictos entre los actores estratégicos se
produzca conforme a un sistema de reglas y fórmulas que podamos calificar de
democracia.” (Prats i Català (2001), pp. 133)
LOS PERUANOS ESTAMOS RETRASADOS EN LA HISTORIA DE NUESTRO DESARROLLO.
Nos quedamos con la frase de Jose
CarlosMariategui:
EL PERÚ UN CONCEPTO POR CREAR
Mag.
CPC. Pedro A. Barboza Zelada
Director
Ejecutivo de Ideas Gubernamentales
MUY INTERESANTE SU PUBLICACIÓN. SE LA AGRADEZCO Y LA ESTUDIARÉ PARA COMPRENDER EL PORQUÉ DE LA LENIDAD DE LOS EMPLEADOS ESTATALES. Y CÓMO PUEDE SUPERARSE TAN PERJUDICIAL PROBLEMA.
ResponderBorrarMuchas gracias por sus valiosos comentarios
BorrarMuchas gracias por sus valiosos comentarios
BorrarTENEMOS QUE EMPEZAR A CAMBIAR NUESTRA MENTALIDAD, DEJAR DE LADO EL MINDO ES ASI Y NO SE PUEDE HACER NADA , INTENTEMOSLO , PORQUE NO HAY PEOR GESTION QUE LA QUE NO SE HACE!
ResponderBorrarSi los Peruanos no nos comprometemos es bien difícil que construyamos un real País.
BorrarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
BorrarMuy interesante la propuesta y le agradezco la deferencia y es momento de supervisar a todas las instituciones publicas y privadas con referencia a la aplicacion de las normas para una funcion eficiente y eficaz
ResponderBorrargracias Walter por tu deferencia
Borrargracias Walter por tu deferencia
BorrarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrarInteresante publicación y muy buena recopilación-concatenación a través de los links electrónicos de leyes, decretos, normas, cartas,etc que merecen una Felicitación para el autor Mg. CPC Pedro Arturo Barboza Zelada, espero sean ampliamente difundidas no sólo por la red, ya que esto hará reflexionar y cambiar a tantos funcionarios públicos que además de corruptos muchas veces están totalmente desinformados. Mi valoración al presente documento. Atte., José Vera Ruiz.
ResponderBorrarGracias estimado Jose Vera, debemos comprometernos para la Modernización del Estado una manera de luchar contra la corrupcion
BorrarInteresante información, mucha gracias señor Pedro.
ResponderBorrarGracias estimado Abraham gracias por el aprecio
BorrarMUY BUENA GUÍA PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS.
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