Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora como Infraestructura de Desarrollo Humano y Valor Público Sostenible

 

MARCO TEÓRICO

Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora como Infraestructura de Desarrollo Humano y Valor Público Sostenible

1. Introducción teórica:

1.1 De la gestión administrativa al Estado que sirve

En el contexto contemporáneo, la gestión pública se encuentra en un punto de inflexión estructural marcado por la persistencia de brechas entre los compromisos normativos asumidos por los Estados y su capacidad real para cumplirlos. Diversos estudios han demostrado que los problemas centrales de la gobernanza pública no radican en la ausencia de marcos legales o políticas formales, sino en déficits profundos de capacidad institucional para implementar, coordinar y aprender de manera sostenida (Andrews et al., 2017). Esta disociación entre el diseño formal del Estado y su desempeño efectivo ha sido conceptualizada como una brecha de implementación, fenómeno especialmente agudo en América Latina y otras regiones en desarrollo.

Desde esta perspectiva, la gestión pública deja de ser concebida como un aparato meramente administrativo y pasa a entenderse como una infraestructura habilitante, determinante para que los derechos constitucionales, las políticas públicas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se traduzcan en resultados verificables de desarrollo humano. Como advierte Fukuyama (2013), la fortaleza de un Estado no se mide por la amplitud de sus funciones declaradas, sino por su capacidad efectiva para ejecutar decisiones colectivas y producir bienes públicos de calidad. En consecuencia, la crisis de legitimidad institucional que atraviesan numerosas democracias se explica, en gran medida, por la incapacidad del Estado para cerrar la distancia entre promesa normativa y experiencia ciudadana.

1.2 La brecha entre el Estado que tenemos y el Estado que queremos

El Estado que tenemos se caracteriza por una arquitectura institucional formalmente sofisticada, pero funcionalmente fragmentada. En este modelo, las reformas tienden a reproducir lo que Andrews et al. (2017) denominan capability traps, en las cuales los gobiernos adoptan estructuras, leyes o procedimientos inspirados en “mejores prácticas” internacionales sin desarrollar las capacidades subyacentes necesarias para que dichas reformas produzcan resultados. Este fenómeno, conocido como isomorfismo mimético, conduce a Estados que “parecen” modernos, pero que siguen siendo incapaces de resolver problemas públicos concretos.

En contraste, el Estado que queremos es un Estado con capacidad real de implementación, aprendizaje y adaptación. Bersch y Fukuyama (2023) sostienen que cerrar la brecha de implementación requiere abordar simultáneamente fallas multinivel: debilidades técnicas-operativas, déficits de legitimidad política y sistemas ineficaces de rendición de cuentas. Desde esta óptica, la gestión pública se convierte en el puente estructural que articula mandatos constitucionales, gobernanza multinivel y resultados tangibles en bienestar social.

1.3 Gestión pública como infraestructura del desarrollo humano

Un eje conceptual central de la teoría propuesta es la comprensión de la gestión pública como infraestructura institucional del desarrollo humano. Esta noción se alinea con el enfoque del desarrollo humano impulsado por el PNUD, que concibe el progreso no como crecimiento económico perse, sino como la expansión de las capacidades y libertades reales de las personas (UNDP, 2023). En este marco, la calidad del gobierno emerge como un determinante crítico de los resultados en salud, educación, protección social y reducción de desigualdades.

Rothstein y Teorell (2008) demuestran empíricamente que la imparcialidad y eficacia de las instituciones públicas explican mejor los niveles de bienestar social que variables económicas tradicionales como el ingreso per cápita. Asimismo, Huber y Stephens (2012) evidencian que incluso las políticas redistributivas más ambiciosas fracasan cuando no existen capacidades estatales suficientes para implementarlas. En consecuencia, la gestión pública no puede ser tratada como una función secundaria, sino como la columna vertebral del desarrollo humano sostenible.

1.4 El arte de servir y la creación de valor público

La noción de arte de servir se vincula conceptualmente con la teoría del valor público, desarrollada por Moore (1995), según la cual la acción estatal debe evaluarse en función de su capacidad para generar beneficios socialmente valorados por la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el éxito gubernamental no se mide por el cumplimiento de procedimientos ni por la ejecución presupuestal, sino por la producción de resultados que mejoren efectivamente la calidad de vida.

Este enfoque implica un cambio profundo en la lógica de la gestión pública: del control ex ante al aprendizaje continuo, y de la rendición de cuentas formal a la rendición de cuentas por resultados. Bourgon (2011) sostiene que gobernar en contextos complejos exige una administración pública capaz de integrar valores, evidencia y colaboración, superando visiones jerárquicas tradicionales. Así, servir mejor implica gobernar con evidencia, ética y orientación explícita al impacto social.

1.5 Orientación misional y capacidades dinámicas del Estado

La teoría se nutre, además, del enfoque de políticas orientadas por misiones, desarrollado por Mazzucato (2018), que redefine el rol del Estado como actor estratégico capaz de movilizar recursos, coordinar actores y asumir riesgos para alcanzar objetivos colectivos ambiciosos. Las misiones públicas como la transición ecológica, la reducción de desigualdades o la transformación digital inclusiva requieren un aparato estatal con capacidades dinámicas, es decir, con habilidad para aprender, adaptarse y re-configurar sus instrumentos de intervención (Kattel & Mazzucato, 2018).

En ausencia de estas capacidades, las políticas públicas tienden a fragmentarse y perder coherencia, reproduciendo la brecha entre intención y ejecución. Por ello, la gestión pública transformadora se concibe como el mecanismo que permite al Estado pasar de la formulación declarativa de objetivos a la orquestación efectiva de la acción colectiva.

1.6 Medir lo que importa: del gasto al valor público

Un componente clave del marco conceptual es la crítica a las métricas tradicionales de desempeño estatal centradas en insumos y productos. Birdsall y Savedoff (2010) advierten que el gasto público elevado no garantiza mejores resultados si los sistemas de gestión son ineficientes o inequitativos. En respuesta, la teoría adopta un enfoque de evaluación basado en resultados e impactos, alineado con indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y su versión ajustada por desigualdad (IDH-D), promovidos por el PNUD (UNDP, 2022).

Este giro evaluativo refuerza la idea de que el Estado que queremos es aquel que mide su éxito por la reducción de brechas sociales y territoriales, la mejora efectiva de los servicios públicos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. La gestión pública se convierte así en un instrumento de rendición de cuentas sustantiva, donde la legitimidad se construye a partir de resultados observables.

1.7 Síntesis conceptual integradora

En síntesis, la Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora como Infraestructura de Desarrollo Humano y Valor Público Sostenible se fundamenta en un cuerpo sólido de literatura académica que converge en una idea central: los déficits de desarrollo humano son, en gran medida, fallas de gestión pública. El tránsito del Estado que tenemos al Estado que queremos exige superar reformas superficiales y adoptar un enfoque integral orientado al fortalecimiento de capacidades institucionales, la creación de valor público y el aprendizaje continuo.

Desde este marco, la gestión pública se posiciona como el núcleo operativo del proyecto democrático y del desarrollo sostenible, en coherencia con los ODS y los enfoques promovidos por UNESCO, CEPAL y el sistema de Naciones Unidas.

2. Delimitación analítica y propósito de la teoría

2.1 Delimitación analítica: alcance, nivel y fronteras conceptuales

La Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora como Infraestructura de Desarrollo Humano y Valor Público Sostenible se inscribe en el nivel meso–macro del análisis institucional, situándose en el cruce entre la teoría del Estado, la gestión pública comparada y los enfoques contemporáneos de desarrollo humano y gobernanza. Este posicionamiento responde a la constatación, ampliamente documentada en la literatura, de que los déficits persistentes del desempeño estatal no pueden explicarse adecuadamente ni desde el microanálisis organizacional ni desde aproximaciones macroeconómicas agregadas, sino desde el examen de las capacidades estructurales que median entre normas, políticas y resultados (Fukuyama, 2013).

En este marco, la teoría delimita su objeto de estudio en la gestión pública entendida como capacidad estructural del Estado, es decir, como el conjunto de arreglos institucionales, competencias organizacionales y marcos de gobernanza que permiten traducir mandatos constitucionales y compromisos globales en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en resultados efectivos de bienestar, equidad y legitimidad democrática. Esta delimitación se alinea con el enfoque de calidad de gobierno desarrollado por Rothstein y Teorell (2008), quienes sostienen que la imparcialidad y eficacia de las instituciones públicas constituyen determinantes clave de los resultados sociales, más allá del diseño formal de las políticas.

De manera deliberada, la teoría no se ocupa del análisis sectorial aislado (salud, educación, infraestructura, etc.) ni de reformas administrativas fragmentadas centradas en instrumentos específicos. Siguiendo la advertencia de Andrews, Pritchett y Woolcock (2017), este tipo de aproximaciones tiende a reproducir capability traps, en las que los Estados adoptan reformas formales sin desarrollar las capacidades subyacentes necesarias para su funcionamiento efectivo. En contraste, la teoría se orienta a explicar cómo la coherencia sistémica entre ética pública, capacidades organizacionales, uso de evidencia, gobernanza multinivel y sostenibilidad configura el desempeño estatal en su conjunto.

Desde esta delimitación, la gestión pública es concebida como una infraestructura institucional habilitante, comparable al concepto de “poder infraestructural del Estado” formulado por Mann y retomado por diversos autores contemporáneos, en tanto capacidad de penetrar el territorio y ejecutar decisiones colectivas de manera efectiva (Fukuyama, 2013). Esta perspectiva permite superar lecturas reduccionistas que equiparan la fortaleza del Estado con el tamaño del gasto o la densidad normativa, y desplaza el análisis hacia la capacidad real de implementación y aprendizaje institucional.

2.2 El Estado que tenemos: fragmentación, formalismo y brecha de implementación

Desde la perspectiva analítica de la teoría, el Estado que tenemos se caracteriza por una brecha estructural entre el diseño normativo y la práctica institucional. Numerosos estudios han mostrado que, especialmente en América Latina, los Estados cuentan con constituciones ambiciosas, marcos legales extensos y planes alineados discursivamente con la Agenda 2030, pero carecen de las capacidades necesarias para convertir estos compromisos en resultados sostenidos (Andrews et al., 2017).

Bersch y Fukuyama (2023) explican este fenómeno a través del concepto de fallas multinivel, que operan simultáneamente en los planos técnico-operativo, político y de rendición de cuentas. En el plano operativo, se manifiestan déficits de profesionalización, sistemas de información fragmentados y procesos administrativos ineficientes; en el plano político, se observan problemas de legitimidad y alineación de incentivos; y en el plano del control, sistemas débiles de monitoreo y sanción. Estas fallas se refuerzan mutuamente, generando un equilibrio institucional de bajo desempeño que reproduce la brecha entre el Estado formal y el Estado real.

Este diagnóstico coincide con la evidencia presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que identifica la capacidad estatal como un factor crítico para la reducción de desigualdades y la mejora del desarrollo humano (UNDP, 2023). Allí donde la gestión pública es débil, incluso políticas bien diseñadas tienden a fallar en su implementación, erosionando la confianza ciudadana y la legitimidad democrática.

2.3 El Estado que queremos: coherencia sistémica y capacidad transformadora

En contraste, la teoría proyecta un Estado que queremos: un Estado servidor, capaz de articular de manera coherente ética pública, evidencia, innovación y gobernanza multinivel para producir valor público sostenible. Este modelo se apoya en la noción de que la legitimidad del Estado contemporáneo se construye, fundamentalmente, a partir de su desempeño verificable en términos de bienestar y equidad, más que en la mera legalidad de sus actos (Moore, 1995).

Desde esta óptica, la gestión pública transformadora se concibe como el mecanismo que permite al Estado desarrollar capacidades dinámicas, entendidas como la habilidad para aprender, adaptarse y reconfigurar sus instrumentos de intervención frente a problemas públicos complejos (Kattel & Mazzucato, 2018). La orientación misional del Estado, propuesta por Mazzucato (2018), refuerza esta visión al sostener que los gobiernos deben pasar de un rol reactivo a uno estratégico, capaz de coordinar actores y recursos en torno a objetivos colectivos claros y medibles, como los ODS.

Asimismo, el enfoque de gobernanza multinivel adquiere centralidad en el Estado que queremos. La evidencia comparada muestra que la alineación efectiva entre niveles de gobierno es una condición necesaria para lograr resultados sostenibles, especialmente en contextos de descentralización y heterogeneidad territorial (Bersch & Fukuyama, 2023). La gestión pública, en este sentido, opera como arquitectura de coordinación, evitando la fragmentación y asegurando coherencia entre políticas nacionales, regionales y locales.

2.4 Propósito explicativo de la teoría

El propósito explicativo de la teoría consiste en identificar las causas estructurales que explican por qué algunos Estados logran traducir mandatos constitucionales y compromisos globales en resultados efectivos, mientras otros permanecen atrapados en ciclos persistentes de bajo desempeño. En línea con Rothstein y Teorell (2008), la teoría sostiene que las diferencias en desarrollo humano y confianza institucional se explican, en gran medida, por variaciones en la calidad de la gestión pública y no únicamente por factores económicos o culturales.

Al integrar aportes de la literatura sobre capacidad estatal, valor público y desarrollo humano, la teoría ofrece un marco analítico que permite comprender la relación causal entre integridad institucional, uso de evidencia, coordinación multinivel y resultados sociales. De este modo, contribuye a superar explicaciones parciales que atribuyen el fracaso estatal exclusivamente a la corrupción, la escasez de recursos o la inestabilidad política, mostrando que estos factores operan dentro de estructuras de capacidad más amplias.

2.5 Propósito normativo–operativo: de la teoría a la acción pública

Junto a su dimensión explicativa, la teoría posee un propósito normativo–operativo claramente definido. Inspirada en la teoría del valor público (Moore, 1995) y en los enfoques contemporáneos de gestión basada en resultados, la teoría proporciona un marco aplicable para orientar reformas institucionales, diseñar sistemas de evaluación del desempeño y mejorar la toma de decisiones públicas.

Este propósito operativo se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el PNUD, que enfatizan la necesidad de medir el éxito gubernamental en función de resultados e impactos, y no únicamente de insumos o productos administrativos (UNDP, 2022). En este sentido, la teoría promueve un cambio de paradigma: del control procedimental al aprendizaje institucional, y de la rendición de cuentas formal a la rendición de cuentas sustantiva por resultados en desarrollo humano y equidad.

2.6 Síntesis del apartado: delimitación y propósito integrados

En síntesis, la delimitación analítica y el propósito de la teoría permiten articular de manera coherente el diagnóstico del Estado que tenemos marcado por fragmentación, brechas de implementación y baja capacidad con la proyección del Estado que queremos, caracterizado por gestión pública transformadora, coherencia sistémica y orientación al valor público sostenible. La teoría se posiciona, así como un marco explicativo y operativo de alto nivel académico, alineado con los ODS y con los enfoques promovidos por UNESCO, CEPAL y el sistema de Naciones Unidas, ofreciendo herramientas conceptuales robustas para comprender y transformar la acción pública en el siglo XXI.

3. El núcleo habilitante: la gestión pública como infraestructura del Estado

3.1 La gestión pública como infraestructura funcional del Estado moderno

El núcleo teórico central de la presente teoría sostiene que la gestión pública constituye la infraestructura funcional básica del Estado moderno, en un sentido análogo a la infraestructura física en el desarrollo económico. Desde una perspectiva institucional, no basta con la existencia de marcos constitucionales avanzados, políticas públicas formalmente coherentes o compromisos internacionales ambiciosos; lo decisivo es la capacidad del aparato estatal para ejecutar, coordinar y sostener dichas decisiones en el tiempo. En esta línea, Fukuyama (2013) plantea que la fortaleza del Estado reside en su capacidad infraestructural para implementar decisiones colectivas de manera efectiva, más que en la amplitud de sus funciones declaradas.

Bajo este enfoque, la gestión pública se redefine como el sistema nervioso del Estado, responsable de articular normas, recursos, organizaciones y actores para producir resultados de desarrollo humano. Esta concepción converge con los planteamientos de Rothstein y Teorell (2008), quienes demuestran que la calidad de gobierno entendida como imparcialidad, eficacia y capacidad institucional explica de manera más consistente los niveles de bienestar social que factores puramente económicos. En consecuencia, el desarrollo humano sostenible no puede comprenderse sin analizar la infraestructura institucional que lo hace posible.

3.2 Integridad institucional: de la ética declarativa a la capacidad estatal

La primera capacidad del núcleo habilitante es la integridad institucional, concebida no como una virtud individual ni como una declaración normativa, sino como una capacidad estructural del Estado. La literatura ha mostrado que los enfoques centrados exclusivamente en normas anticorrupción o códigos de ética resultan insuficientes cuando no están acompañados de sistemas efectivos de prevención, control y sanción (Rothstein & Teorell, 2008). Desde esta perspectiva, la integridad se manifiesta en la imparcialidad con la que las instituciones públicas aplican reglas, asignan recursos y toman decisiones.

En el Estado que tenemos, la integridad suele abordarse de manera reactiva y fragmentada, mediante controles formales que no logran modificar los incentivos subyacentes del comportamiento institucional. Por el contrario, el Estado que queremos incorpora la integridad como parte de su infraestructura de gestión, integrándola en los sistemas de recursos humanos, contratación pública, evaluación del desempeño y rendición de cuentas. Esta visión coincide con la evidencia presentada por Bersch y Fukuyama (2023), quienes sostienen que sin integridad institucional no es posible construir legitimidad ni capacidad estatal sostenida.

3.3 Eficiencia orientada a resultados: superar el formalismo procedimental

La segunda capacidad del núcleo habilitante es la eficiencia orientada a resultados, entendida como la capacidad del Estado para transformar recursos públicos en mejoras tangibles del bienestar ciudadano. Moore (1995) subraya que la acción gubernamental debe evaluarse en función del valor público que produce, y no únicamente por el cumplimiento de procedimientos o la ejecución presupuestal. Esta distinción es clave para comprender las limitaciones del modelo administrativo tradicional, centrado en insumos y productos administrativos.

En el Estado que tenemos, la eficiencia suele medirse en términos de gasto ejecutado, número de actividades realizadas o cumplimiento de plazos formales, sin una evaluación sistemática de los impactos sociales. En contraste, el Estado que queremos adopta una lógica de gestión por resultados, donde el desempeño institucional se mide por la reducción de brechas sociales, la mejora de los servicios públicos y el cumplimiento efectivo de metas asociadas a los ODS. Este giro evaluativo se alinea con los enfoques del PNUD, que destacan la necesidad de vincular la gestión pública con resultados en desarrollo humano y equidad (UNDP, 2022).

3.4 Gestión basada en evidencia: aprendizaje institucional y adaptación

La gestión basada en evidencia constituye la tercera capacidad del núcleo habilitante y representa un componente esencial de la transformación del Estado. Andrews, Pritchett y Woolcock (2017) argumentan que muchos gobiernos fracasan no por falta de recursos, sino por la incapacidad de aprender de la implementación y adaptar sus intervenciones a contextos cambiantes. Desde esta perspectiva, la evidencia no es un insumo técnico accesorio, sino el fundamento del aprendizaje institucional continuo.

En el Estado que tenemos, la toma de decisiones suele basarse en criterios políticos de corto plazo o en prácticas heredadas, con escaso uso sistemático de datos, evaluaciones y retroalimentación. Por el contrario, el Estado que queremos integra la evidencia en todo el ciclo de la política pública, desde el diagnóstico hasta la evaluación, promoviendo procesos iterativos de mejora. Esta capacidad es coherente con el enfoque de capacidades dinámicas del sector público propuesto por Kattel y Mazzucato (2018), quienes destacan la importancia de la experimentación y la adaptación para enfrentar problemas públicos complejos.

3.5 Equidad en la provisión de bienes y servicios públicos: legitimidad democrática

La cuarta capacidad del núcleo habilitante es la equidad en la provisión de bienes y servicios públicos, entendida como criterio central de legitimidad democrática. La evidencia empírica muestra que la desigualdad en el acceso a servicios públicos de calidad erosiona la confianza ciudadana y debilita el contrato social, incluso en contextos de crecimiento económico (Rothstein & Teorell, 2008). Desde el enfoque de desarrollo humano, la equidad no es un resultado colateral, sino un objetivo intrínseco de la acción estatal.

En el Estado que tenemos, las brechas territoriales y sociales en el acceso a servicios básicos reflejan una gestión pública fragmentada y poco coordinada. En contraste, el Estado que queremos concibe la equidad como un principio operativo de la gestión, orientando la asignación de recursos y el diseño de políticas hacia la reducción de desigualdades estructurales. Este enfoque se alinea con los postulados del PNUD, que enfatizan la necesidad de políticas públicas sensibles a la desigualdad para avanzar hacia un desarrollo humano sostenible (UNDP, 2023).

3.6 Sostenibilidad fiscal, social y ambiental: viabilidad intergeneracional

La quinta capacidad del núcleo habilitante es la sostenibilidad fiscal, social y ambiental, concebida como condición de viabilidad intergeneracional del Estado. Mazzucato (2018) sostiene que los Estados deben asumir un rol estratégico en la orientación de las economías hacia misiones de largo plazo, como la transición ecológica y la cohesión social, lo cual requiere una gestión pública capaz de equilibrar objetivos presentes y futuros.

En el Estado que tenemos, la sostenibilidad suele abordarse de manera sectorial o discursiva, sin una integración real en la toma de decisiones fiscales y de inversión pública. Por el contrario, el Estado que queremos incorpora la sostenibilidad como criterio transversal de la gestión, alineando presupuestos, políticas y evaluaciones con los ODS y con una visión de largo plazo. Esta integración es fundamental para evitar soluciones de corto plazo que comprometan el bienestar de las generaciones futuras.

3.7 Síntesis del núcleo habilitante: del Estado que tenemos al Estado que queremos

En síntesis, el núcleo habilitante de la Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora articula cinco capacidades interdependientes que explican la transición del Estado que tenemos, caracterizado por fragmentación, formalismo y baja capacidad de implementación, hacia el Estado que queremos: un Estado servidor, íntegro, orientado a resultados, basado en evidencia, equitativo y sostenible. Estas capacidades no operan de manera aislada, sino como un sistema integrado, cuya coherencia determina la capacidad real del Estado para generar desarrollo humano y valor público sostenible, en consonancia con los ODS y los enfoques promovidos por UNESCO y CEPAL.

4. El puente UNESCO–ODS: conocimiento, gestión y resultados

4.1 De los marcos globales a la capacidad estatal efectiva

La articulación entre los marcos normativos y programáticos promovidos por la UNESCO y la Agenda 2030 constituye uno de los ejes estratégicos de la teoría propuesta. En este enfoque, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no pueden ser comprendidos como una agenda técnica externa al Estado ni como un conjunto de metas aspiracionales desvinculadas de la gestión pública cotidiana. Por el contrario, los ODS deben interpretarse como criterios de desempeño institucional, cuyo cumplimiento depende directamente de la capacidad del Estado para coordinar actores, movilizar conocimiento y producir resultados verificables en desarrollo humano (UNDP, 2022).

Desde esta perspectiva, el Estado que tenemos suele incorporar los ODS de manera declarativa, integrándolos en planes estratégicos, discursos oficiales o matrices de alineamiento formal, sin que ello se traduzca necesariamente en transformaciones sustantivas de la gestión pública. Andrews, Pritchett y Woolcock (2017) advierten que este tipo de adopciones formales tienden a reproducir isomorfismos institucionales, en los cuales los Estados “parecen” alineados con agendas globales, pero carecen de las capacidades necesarias para implementarlas de manera efectiva. El resultado es una brecha persistente entre compromiso internacional y desempeño real.

4.2 UNESCO y el eje del conocimiento como infraestructura del desarrollo

En contraste con enfoques reduccionistas centrados exclusivamente en metas cuantitativas, la UNESCO aporta una visión estructural del desarrollo sostenible basada en conocimiento, ética pública, ciencia aplicada y educación de calidad. Este enfoque reconoce que la sostenibilidad no puede lograrse sin sistemas de conocimiento capaces de formar talento, generar evidencia y orientar la toma de decisiones públicas en contextos de alta complejidad. En este sentido, la teoría se alinea con la concepción de la UNESCO del conocimiento como bien público global, indispensable para fortalecer las capacidades estatales y democráticas.

El Estado que tenemos suele subutilizar este eje del conocimiento, manteniendo una separación rígida entre el sistema educativo-universitario y la gestión pública. La investigación académica, cuando existe, permanece frecuentemente desconectada de los problemas reales de la administración pública, y la formación del talento público se orienta más al cumplimiento procedimental que al desarrollo de capacidades analíticas y estratégicas. Esta desconexión limita la posibilidad de aprendizaje institucional y adaptación, elementos centrales para enfrentar desafíos complejos como la desigualdad, el cambio climático o la transformación digital (Fukuyama, 2013).

4.3 El Estado que queremos: universidad, ciencia y gestión pública integradas

El Estado que queremos, proyectado por la teoría, concibe a la universidad y al sistema científico como actores estructurales de la gestión pública, y no como instancias periféricas de asesoría ocasional. En esta lógica, la universidad se convierte en coproductora de capacidad estatal, contribuyendo a la formación de talento público especializado, a la generación de evidencia para la toma de decisiones y al acompañamiento de procesos de investigación–acción en los territorios. Este enfoque es coherente con la noción de capacidades dinámicas del sector público, que enfatiza la necesidad de aprendizaje continuo, experimentación y adaptación (Kattel & Mazzucato, 2018).

La integración entre gestión pública y conocimiento permite superar uno de los principales déficits del Estado contemporáneo: la incapacidad para traducir información y datos en decisiones estratégicas. Rothstein y Teorell (2008) muestran que los Estados con mayores niveles de imparcialidad y calidad institucional son aquellos que logran incorporar conocimiento experto en sus procesos decisionales sin capturas corporativas ni sesgos clientelares. En este sentido, el puente UNESCO–ODS se materializa cuando la gestión pública crea las condiciones institucionales para que el conocimiento se convierta en valor público.

4.4 Gestión pública transformadora como mecanismo de alineación UNESCO–ODS

La gestión pública transformadora constituye el mecanismo central que permite articular el eje del conocimiento promovido por la UNESCO con los objetivos de resultados planteados por la Agenda 2030. Moore (1995) sostiene que la acción pública debe evaluarse por su capacidad de crear valor público socialmente legitimado, lo cual implica integrar valores, evidencia y capacidades organizacionales. Desde esta óptica, los ODS operan como una arquitectura de resultados, mientras que la UNESCO aporta los fundamentos cognitivos y éticos para alcanzarlos.

En el Estado que tenemos, esta articulación suele verse obstaculizada por estructuras administrativas rígidas, sistemas de incentivos desalineados y una cultura organizacional adversa al aprendizaje. Por el contrario, el Estado que queremos promueve una gestión pública capaz de coordinar políticas educativas, científicas y tecnológicas con objetivos de desarrollo humano, utilizando los ODS como marco de evaluación del desempeño estatal. Esta visión coincide con el enfoque del PNUD, que destaca la necesidad de integrar capacidades institucionales, conocimiento y políticas públicas para avanzar hacia un desarrollo humano sostenible e inclusivo (UNDP, 2023).

4.5 Gobernanza del conocimiento y resultados en desarrollo humano

Un elemento clave del puente UNESCO–ODS es la gobernanza del conocimiento, entendida como la capacidad del Estado para organizar, regular y utilizar el conocimiento de manera ética y orientada a resultados. Bersch y Fukuyama (2023) subrayan que la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre actores Estado, academia, sector privado y sociedad civil limita severamente la capacidad de los gobiernos para implementar agendas complejas como los ODS. En este contexto, la gestión pública transformadora actúa como arquitectura de coordinación, evitando la fragmentación y asegurando coherencia entre conocimiento producido y decisiones adoptadas.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, esta gobernanza del conocimiento se traduce en mejores políticas públicas, mayor equidad en la provisión de servicios y una reducción sostenida de brechas sociales y territoriales. El Estado que queremos es, por tanto, un Estado que aprende, que evalúa y que corrige, utilizando el conocimiento como insumo estratégico para la acción pública, y no como un recurso marginal o decorativo.

4.6 Síntesis del puente UNESCO–ODS: del discurso a los resultados

En síntesis, el puente UNESCO–ODS propuesto por la teoría permite articular conocimiento, gestión y resultados en una arquitectura coherente de acción pública. El Estado que tenemos suele incorporar los ODS como discurso y la educación como política sectorial aislada; el Estado que queremos, en cambio, integra el conocimiento, la ciencia y la universidad en el corazón de la gestión pública, utilizando los ODS como criterios de desempeño institucional y como marco de rendición de cuentas por resultados en desarrollo humano y valor público sostenible.

Este enfoque posiciona a la Gestión Pública Global Transformadora como el eje operativo que convierte los compromisos globales en mejoras tangibles de bienestar, alineando ética, conocimiento y acción estatal en coherencia con los principios promovidos por la UNESCO, la CEPAL y el sistema de Naciones Unidas.

5. Fundamentación epistemológica e institucional

5.1 Fundamentación epistemológica: enfoque pragmático–crítico

Desde el punto de vista epistemológico, la Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora se inscribe en un enfoque pragmático–crítico, que concibe el conocimiento no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar la capacidad real del Estado para servir. En este marco, la validez del conocimiento en gestión pública no se define por su coherencia formal o elegancia teórica, sino por su capacidad para producir cambios verificables en la acción pública. Andrews et al. (2017) sostienen que las reformas institucionales solo generan impacto cuando están ancladas en procesos de aprendizaje adaptativo y resolución iterativa de problemas, en lugar de modelos prescriptivos rígidos.

Este enfoque epistemológico implica un desplazamiento deliberado desde el diseño normativo hacia la implementación, la evaluación y el aprendizaje institucional. La teoría asume que la “verdad institucional” no se verifica en la promulgación de leyes o planes estratégicos, sino en la capacidad del Estado para ejecutar políticas, corregir errores y adaptar sus intervenciones a contextos cambiantes. En esta línea, la gestión basada en evidencia se convierte en un pilar epistemológico central, al permitir que la toma de decisiones públicas se sustente en datos, evaluaciones y retroalimentación sistemática, en lugar de intuiciones o intereses de corto plazo (Rothstein & Teorell, 2008).

Asimismo, el enfoque pragmático–crítico reconoce el carácter normativamente cargado de la gestión pública. No se trata de una técnica neutral, sino de un campo donde se toman decisiones con implicancias distributivas, éticas y políticas. Por ello, la teoría integra metodologías como la investigación–acción y los procesos adaptativos de resolución de problemas, que permiten articular conocimiento científico, valores públicos y práctica institucional, fortaleciendo la legitimidad democrática de la acción estatal (Moore, 1995).

5.2 Fundamentación institucional: UNESCO, PNUD y CEPAL

En el plano institucional, la teoría se alinea de manera explícita con los marcos promovidos por la UNESCO, el PNUD y la CEPAL, los cuales convergen en una premisa central: el desarrollo humano sostenible depende de la calidad del gobierno y de las capacidades estatales. Los informes del PNUD han mostrado de manera consistente que las diferencias en desarrollo humano entre países y territorios no se explican únicamente por el nivel de ingresos, sino por la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas eficaces, equitativas y sostenibles (UNDP, 2022; UNDP, 2023).

Desde esta perspectiva, la teoría refuerza la idea de que los compromisos internacionales —incluidos los ODS solo adquieren eficacia cuando existen instituciones íntegras, capacidades técnicas suficientes, coordinación multinivel y sistemas efectivos de rendición de cuentas. Bersch y Fukuyama (2023) advierten que la ausencia de estos elementos conduce a Estados formalmente alineados con agendas globales, pero funcionalmente incapaces de cumplirlas. Este diagnóstico es particularmente relevante en contextos de alta desigualdad estructural, donde la debilidad institucional amplifica las brechas sociales y territoriales.

La CEPAL, por su parte, ha enfatizado la necesidad de un Estado estratégico y transformador, capaz de articular políticas sociales, económicas y ambientales en una visión de desarrollo de largo plazo. En coherencia con esta visión, la teoría posiciona a la gestión pública transformadora como la infraestructura institucional que permite pasar de la planificación declarativa a la acción efectiva, integrando conocimiento, gobernanza y resultados en desarrollo humano.

5.3 Síntesis epistemológica e institucional

En síntesis, la fundamentación epistemológica e institucional de la teoría consolida una visión de la gestión pública como campo de conocimiento aplicado, normativamente orientado y empíricamente verificable. El enfoque pragmático–crítico permite comprender por qué muchas reformas fracasan cuando se limitan al diseño formal, mientras que la alineación con UNESCO, PNUD y CEPAL proporciona el marco institucional que legitima la orientación de la teoría hacia el desarrollo humano, la equidad y la sostenibilidad.

De este modo, la Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora se configura como un marco robusto para interpretar y transformar la acción estatal en el siglo XXI, articulando conocimiento, gestión y resultados en coherencia con los desafíos globales y las realidades institucionales de los Estados contemporáneos.

6. Proposiciones teóricas centrales

La Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora se articula a partir de un conjunto de proposiciones teóricas que sintetizan el marco conceptual desarrollado y permiten explicar, de manera coherente y sistemática, las diferencias en desempeño estatal, desarrollo humano y legitimidad democrática entre países y territorios. Estas proposiciones no operan como afirmaciones normativas aisladas, sino como enunciados causales sustentados en la literatura académica contemporánea sobre capacidad estatal, calidad de gobierno y valor público.

Proposición 1

La gestión pública es el principal determinante de la capacidad estatal efectiva

La primera proposición sostiene que la capacidad efectiva del Estado para cumplir sus funciones fundamentales depende, en mayor medida, de la calidad de su gestión pública que de la amplitud de su marco normativo o del volumen de recursos disponibles. Fukuyama (2013) argumenta que la fortaleza del Estado se define por su capacidad para implementar decisiones colectivas de manera consistente y sostenida, lo que implica contar con sistemas administrativos competentes, coordinados y profesionalizados. En esta misma línea, Andrews, Pritchett y Woolcock (2017) demuestran que muchos Estados fracasan no por falta de políticas o leyes, sino por déficits persistentes de capacidad de implementación, aprendizaje y adaptación institucional.

Desde esta perspectiva, la gestión pública se configura como el núcleo operativo de la capacidad estatal, actuando como infraestructura funcional que conecta decisiones políticas con resultados reales. Esta proposición permite explicar por qué Estados con marcos legales similares presentan desempeños radicalmente distintos: la diferencia reside en la calidad de su gestión pública y no únicamente en el diseño formal de sus instituciones.

Proposición 2

Los déficits de desarrollo humano son, en esencia, fallas de gestión pública

La segunda proposición establece que los déficits persistentes en desarrollo humano expresados en brechas de acceso a salud, educación, protección social y oportunidades no pueden atribuirse exclusivamente a limitaciones económicas, sino que reflejan fallas estructurales de gestión pública. El enfoque de desarrollo humano del PNUD subraya que la expansión de capacidades y libertades depende de la acción estatal efectiva, particularmente en contextos de desigualdad estructural (UNDP, 2022; UNDP, 2023).

Rothstein y Teorell (2008) aportan evidencia empírica que refuerza esta proposición al demostrar que la calidad del gobierno explica mejor los niveles de bienestar social que variables como el ingreso per cápita. En consecuencia, esta teoría sostiene que mejorar el desarrollo humano requiere, de manera prioritaria, fortalecer la gestión pública como infraestructura institucional capaz de traducir recursos y políticas en resultados equitativos y sostenibles.

Proposición 3

La integridad institucional es una capacidad estructural habilitante del desarrollo sostenible

La tercera proposición afirma que la integridad institucional no constituye un elemento accesorio de la gestión pública, sino una capacidad estructural habilitante del desarrollo sostenible. Rothstein y Teorell (2008) conceptualizan la integridad como imparcialidad en el ejercicio del poder público, destacando que los sistemas institucionales percibidos como justos y no corruptos generan mayores niveles de confianza, cumplimiento normativo y eficacia de las políticas públicas.

Bersch y Fukuyama (2023) sostienen que los Estados con bajos niveles de integridad institucional enfrentan serias dificultades para construir legitimidad y coordinar acciones colectivas, incluso cuando disponen de recursos financieros suficientes. En este sentido, la integridad no es solo un principio ético, sino una condición funcional que permite al Estado ejecutar políticas, movilizar cooperación social y sostener estrategias de desarrollo de largo plazo.

Proposición 4

La evidencia y la tecnología solo generan valor público cuando están gobernadas éticamente

La cuarta proposición señala que el uso de evidencia, datos y tecnología en la gestión pública no garantiza, por sí mismo, la creación de valor público. Moore (1995) advierte que la acción estatal solo produce valor público cuando está alineada con valores socialmente legitimados y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En ausencia de una gobernanza ética, la evidencia puede ser instrumentalizada de manera selectiva y la tecnología puede profundizar desigualdades o debilitar derechos.

Kattel y Mazzucato (2018) refuerzan esta idea al destacar que las capacidades dinámicas del sector público requieren no solo innovación tecnológica, sino también marcos normativos y éticos que orienten su uso hacia objetivos colectivos. Desde esta óptica, la teoría sostiene que la gestión pública transformadora integra evidencia y tecnología dentro de una arquitectura institucional que prioriza el desarrollo humano, la equidad y la sostenibilidad.

Proposición 5

La gobernanza multinivel efectiva es condición necesaria para reducir brechas territoriales

La quinta proposición establece que la reducción de brechas territoriales y sociales depende de la existencia de una gobernanza multinivel efectiva, capaz de articular políticas, recursos y actores entre los distintos niveles del Estado. Bersch y Fukuyama (2023) muestran que la fragmentación entre niveles de gobierno constituye una de las principales causas del bajo desempeño estatal, especialmente en países descentralizados.

Desde el enfoque de capacidad estatal, la gestión pública cumple una función clave como arquitectura de coordinación, evitando duplicidades, conflictos de competencias y vacíos de responsabilidad. Esta proposición explica por qué muchas políticas bien diseñadas fracasan en territorios específicos: no por fallas de intención, sino por debilidades en los mecanismos de coordinación y ejecución multinivel.

Proposición 6

La universidad es un actor estructural en la transformación del Estado

La sexta proposición sostiene que la universidad y el sistema científico no deben concebirse como actores periféricos de la gestión pública, sino como actores estructurales en la transformación del Estado. Andrews et al. (2017) destacan la importancia del aprendizaje institucional y la generación de conocimiento contextualizado para fortalecer capacidades estatales. En este marco, la universidad cumple un rol clave en la formación del talento público, la producción de evidencia y el acompañamiento de procesos de investigación–acción.

Esta proposición se articula con el enfoque de capacidades dinámicas del sector público, que reconoce el valor de la experimentación, la evaluación y la adaptación continua frente a problemas complejos (Kattel & Mazzucato, 2018). El Estado que logra integrar a la universidad en su infraestructura de gestión incrementa significativamente su capacidad de innovación y mejora del desempeño.

Proposición 7

La legitimidad democrática se construye a partir del desempeño verificable del Estado

La séptima proposición afirma que la legitimidad democrática contemporánea se fundamenta, cada vez más, en el desempeño verificable del Estado y no únicamente en la legalidad formal o en la representación electoral. Moore (1995) plantea que la legitimidad del gobierno depende de su capacidad para generar valor público reconocido por la ciudadanía. En contextos de alta desigualdad y desconfianza institucional, el desempeño efectivo se convierte en un factor crítico para sostener el contrato social.

El PNUD ha señalado que la erosión de la confianza en las instituciones públicas está estrechamente vinculada a la percepción de ineficacia estatal y a la incapacidad de los gobiernos para responder a las necesidades ciudadanas (UNDP, 2023). Desde esta perspectiva, la teoría sostiene que fortalecer la gestión pública transformadora es una condición necesaria para reconstruir la legitimidad democrática y garantizar la sostenibilidad de los sistemas políticos.

Síntesis de las proposiciones teóricas

En conjunto, estas proposiciones configuran un sistema teórico coherente que explica cómo la gestión pública opera como infraestructura habilitante del desarrollo humano y del valor público sostenible. Lejos de ser afirmaciones normativas aisladas, constituyen enunciados analíticos que permiten comprender la transición del Estado que tenemos, caracterizado por fragmentación y bajo desempeño, hacia el Estado que queremos: íntegro, competente, orientado a resultados y legítimo ante la ciudadanía.

7. Hipótesis derivadas

7.1 Hipótesis general

A partir del conjunto de proposiciones teóricas desarrolladas, se formula la siguiente hipótesis general:

HG: A mayor nivel de gestión pública transformadora, mayor es la capacidad del Estado para generar desarrollo humano, reducir desigualdades sociales y territoriales y cumplir de manera efectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta hipótesis general se sustenta en la literatura sobre capacidad estatal, calidad de gobierno y valor público, que demuestra que los resultados en desarrollo humano no dependen exclusivamente de factores económicos o normativos, sino de la capacidad real del Estado para implementar políticas públicas de manera coherente, íntegra y orientada a resultados (Fukuyama, 2013; Rothstein & Teorell, 2008). Desde el enfoque del PNUD, la expansión de capacidades humanas y la reducción de desigualdades están directamente asociadas con la eficacia de las instituciones públicas, particularmente en contextos de alta heterogeneidad social (UNDP, 2022; UNDP, 2023).

Asimismo, Andrews, Pritchett y Woolcock (2017) evidencian que los Estados que desarrollan capacidades adaptativas de gestión logran mejores resultados sostenidos que aquellos centrados en reformas formales sin fortalecimiento institucional. En consecuencia, la gestión pública transformadora se conceptualiza como la infraestructura habilitante que permite convertir compromisos globales —como los ODS— en resultados verificables de bienestar y legitimidad democrática.

7.2 Hipótesis específicas

Hipótesis específica 1: Integridad institucional

H1: A mayor nivel de integridad institucional en la gestión pública, mayor es la eficacia del Estado para producir resultados sostenibles de desarrollo humano y fortalecer la confianza ciudadana.

Esta hipótesis se fundamenta en el enfoque de calidad de gobierno, que identifica la imparcialidad y la ausencia de corrupción como factores clave del desempeño estatal (Rothstein & Teorell, 2008). La integridad institucional, entendida como capacidad estructural y no como mera norma ética, permite reducir costos de transacción, mejorar la asignación de recursos y fortalecer la cooperación social. Bersch y Fukuyama (2023) señalan que los Estados con bajos niveles de integridad enfrentan serias dificultades para implementar políticas públicas complejas y sostener estrategias de desarrollo de largo plazo, aun cuando cuenten con recursos financieros suficientes.

Hipótesis específica 2: Uso de evidencia y aprendizaje institucional

H2: A mayor uso sistemático de evidencia y mecanismos de aprendizaje institucional en la gestión pública, mayor es la efectividad de las políticas públicas orientadas al desarrollo humano y la reducción de desigualdades.

Esta hipótesis se apoya en la literatura sobre capacidad estatal adaptativa, que destaca el papel central del aprendizaje, la evaluación y la retroalimentación en la mejora del desempeño gubernamental (Andrews et al., 2017). La gestión basada en evidencia permite corregir fallas de diseño, adaptar intervenciones a contextos específicos y evitar la reproducción de políticas ineficaces. Desde esta perspectiva, el uso de evidencia no es un complemento técnico, sino un componente estructural de la gestión pública transformadora, indispensable para enfrentar problemas públicos complejos y dinámicos.

Hipótesis específica 3: Gobernanza multinivel

H3: A mayor nivel de coordinación y coherencia en la gobernanza multinivel, menor es la brecha territorial en la provisión de bienes y servicios públicos asociados al desarrollo humano.

La formulación de esta hipótesis se sustenta en los estudios sobre fallas multinivel del Estado, que muestran cómo la fragmentación entre niveles de gobierno limita la efectividad de las políticas públicas, especialmente en contextos descentralizados (Bersch & Fukuyama, 2023). La gobernanza multinivel efectiva permite alinear objetivos, recursos y responsabilidades, reduciendo duplicidades y vacíos institucionales. En este sentido, la gestión pública actúa como arquitectura de coordinación, condición necesaria para disminuir desigualdades territoriales y asegurar la implementación efectiva de los ODS a nivel local.

Hipótesis específica 4: Formación del talento público y rol de la universidad

H4: A mayor nivel de formación y profesionalización del talento público, apoyada en la articulación con la universidad y el sistema científico, mayor es la capacidad del Estado para innovar y mejorar su desempeño institucional.

Esta hipótesis se fundamenta en la literatura que resalta la importancia del capital humano y el aprendizaje organizacional para el fortalecimiento de la capacidad estatal (Andrews et al., 2017). La universidad, concebida como actor estructural del Estado, contribuye a la formación de cuadros técnicos, a la generación de conocimiento aplicado y al acompañamiento de procesos de investigación–acción. Kattel y Mazzucato (2018) subrayan que los Estados con mayores capacidades dinámicas son aquellos que logran integrar conocimiento científico y gestión pública en una lógica de innovación orientada a misiones.

Hipótesis específica 5: Adopción ética de tecnologías y datos

H5: A mayor adopción ética y gobernada de tecnologías y datos en la gestión pública, mayor es la creación de valor público y la efectividad de las políticas orientadas al desarrollo humano.

Esta hipótesis reconoce que la tecnología y los datos, por sí solos, no garantizan mejores resultados públicos. Moore (1995) advierte que la creación de valor público requiere que los instrumentos de gestión estén alineados con valores democráticos y mecanismos de rendición de cuentas. En ausencia de una gobernanza ética, la tecnología puede profundizar desigualdades o debilitar derechos. Kattel y Mazzucato (2018) refuerzan esta idea al señalar que la innovación pública debe estar normativamente orientada hacia objetivos colectivos claros, como los ODS, para generar impactos sostenibles.

Coherencia del sistema de hipótesis

En conjunto, la hipótesis general y las hipótesis específicas configuran un sistema analítico coherente, que permite operacionalizar empíricamente la Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora. Cada hipótesis específica representa un mecanismo causal a través del cual la gestión pública influye en los resultados de desarrollo humano, reducción de desigualdades y cumplimiento de los ODS. Este sistema es consistente con los enfoques promovidos por UNESCO, PNUD y CEPAL, y proporciona una base sólida para investigaciones empíricas comparadas, evaluaciones de políticas públicas y análisis institucionales de alto nivel académico.

8. Variables, dimensiones e indicadores (operativización mínima)

Variable	Dimensiones	Indicadores
Gestión pública transformadora	Integridad, eficiencia, evidencia, equidad, sostenibilidad	Índices de desempeño, auditorías, evaluaciones
Desarrollo humano	Salud, educación, ingresos	IDH, IDH-D
Capacidad estatal	Profesionalización, coordinación, tecnología	Cobertura efectiva
Legitimidad	Confianza, satisfacción ciudadana	Encuestas desagregadas

Nota: Elaboración propia

9. Aporte teórico e integración con el libro

9.1 De modelo aplicado a teoría explícita: contribución conceptual central

El principal aporte teórico de la Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora como Infraestructura de Desarrollo Humano y Valor Público Sostenible radica en que no introduce un marco analítico externo al libro, sino que sistematiza, ordena y eleva su propuesta central al nivel de teoría explícita, dotándola de coherencia interna, capacidad explicativa y potencial comparativo. Mientras que el libro desarrolla de manera integrada un diagnóstico crítico del Estado contemporáneo y propone un modelo de gestión pública orientado al servicio y a los resultados, la teoría consolida estos aportes en una arquitectura conceptual formal compuesta por delimitación analítica, fundamentos epistemológicos, proposiciones teóricas e hipótesis contrastables.

Este proceso de teorización responde a una necesidad identificada en la literatura sobre gestión pública: la existencia de múltiples enfoques normativos y modelos de reforma, pero una escasez de teorías integradoras que expliquen de manera sistemática por qué los Estados logran o no transformar compromisos normativos en resultados sostenibles de desarrollo humano (Fukuyama, 2013). En este sentido, la teoría propuesta contribuye a cerrar la brecha entre modelos aplicados y teoría general, ofreciendo un marco que articula capacidades estatales, valor público y desarrollo humano en una misma estructura analítica.

9.2 Integración del diagnóstico: de la brecha de implementación a la infraestructura institucional

Un segundo aporte central de la teoría es la integración conceptual del diagnóstico desarrollado en el libro, particularmente en lo referido a la brecha persistente entre el Estado formal y el Estado real. La teoría no se limita a describir esta brecha, sino que la reformula teóricamente como un problema de infraestructura institucional, entendida como el conjunto de capacidades que permiten al Estado implementar, coordinar y aprender. Esta reformulación dialoga directamente con la literatura sobre capability traps, que muestra cómo muchos Estados quedan atrapados en reformas formales sin desarrollo real de capacidades (Andrews, Pritchett & Woolcock, 2017).

Al conceptualizar la gestión pública como infraestructura del Estado, la teoría integra aportes de la literatura sobre capacidad estatal y calidad de gobierno, mostrando que la eficacia del Estado depende menos del diseño normativo y más de la coherencia sistémica entre integridad, evidencia, gobernanza multinivel y sostenibilidad (Rothstein & Teorell, 2008; Bersch & Fukuyama, 2023). De este modo, el libro deja de ser leído únicamente como una propuesta de mejora administrativa y se posiciona como un diagnóstico estructural del desempeño estatal contemporáneo.

9.3 Aporte epistemológico: conocimiento aplicado y aprendizaje institucional

Desde el punto de vista epistemológico, la teoría aporta una clarificación explícita del enfoque de conocimiento que subyace a la propuesta del libro. Al inscribirse en un enfoque pragmático–crítico, la teoría establece que el conocimiento válido en gestión pública es aquel que mejora efectivamente la capacidad del Estado para servir, y no aquel que se agota en la coherencia formal o la prescripción normativa. Esta posición dialoga con los planteamientos de Andrews et al. (2017), quienes sostienen que las reformas exitosas son aquellas que se apoyan en procesos de aprendizaje adaptativo, experimentación y corrección iterativa.

Este aporte epistemológico resulta especialmente relevante para el campo de la gestión pública, donde persiste una tensión entre enfoques tecnocráticos y aproximaciones normativas abstractas. La teoría integra esta tensión al reconocer el carácter normativo de la acción pública, pero anclar su validación en la implementación, la evaluación y los resultados verificables, en línea con la teoría del valor público (Moore, 1995). Así, el libro se consolida no solo como una propuesta ética o política, sino como un marco de conocimiento aplicado con criterios claros de validación empírica.

9.4 Alineación global: UNESCO, ODS y CEPAL como marco de legitimación teórica

Otro aporte sustantivo de la teoría es su alineación explícita con los marcos globales promovidos por UNESCO, la Agenda 2030 y la CEPAL, no como referencias externas, sino como horizontes normativos y operativos integrados en la estructura teórica. La teoría clarifica que los ODS deben ser comprendidos como criterios de desempeño institucional, cuya materialización depende de la calidad de la gestión pública y de las capacidades estatales (UNDP, 2022; UNDP, 2023).

En esta línea, la teoría dialoga con el enfoque de desarrollo humano del PNUD, que identifica la calidad del gobierno como un determinante central del bienestar y la equidad, y con la visión de la CEPAL sobre la necesidad de un Estado estratégico y transformador capaz de articular políticas económicas, sociales y ambientales. Asimismo, la incorporación del eje del conocimiento promovido por la UNESCO educación, ciencia, ética pública y universidad permite posicionar al libro como una propuesta coherente con los desafíos globales del siglo XXI, especialmente en contextos de alta desigualdad y complejidad institucional.

9.5 Vocación comparada y aplicabilidad institucional

La formalización teórica desarrollada en este capítulo dota al libro de una vocación comparada que trasciende su contexto inmediato. Al definir proposiciones teóricas e hipótesis explícitas, la teoría permite su aplicación en estudios comparados entre países, regiones o niveles de gobierno, así como en evaluaciones institucionales y diseños de políticas públicas. Esta capacidad comparativa responde a una demanda identificada en la literatura contemporánea sobre gobernanza, que requiere marcos analíticos capaces de explicar variaciones en desempeño estatal en contextos diversos (Fukuyama, 2013; Bersch & Fukuyama, 2023).

Desde el punto de vista institucional, la teoría ofrece un lenguaje común para decisores públicos, académicos y organismos internacionales, facilitando la traducción de principios normativos en criterios operativos de evaluación y reforma. En este sentido, el libro deja de ser únicamente una obra de reflexión y se convierte en una herramienta estratégica para el fortalecimiento de capacidades estatales, alineada con los ODS y con los enfoques promovidos por UNESCO y CEPAL.

9.6 Síntesis del aporte teórico e integración final

En síntesis, la Teoría de la Gestión Pública Global Transformadora representa un aporte teórico sustantivo al campo de la gestión pública al:

1. Elevar el modelo del libro a teoría explícita, con coherencia interna y capacidad explicativa.
2. Integrar diagnóstico, epistemología, proposiciones e hipótesis en una arquitectura conceptual unificada.
3. Alinear la propuesta con marcos globales (UNESCO, ODS, CEPAL) desde una lógica operativa y no meramente declarativa.
4. Dotar al libro de vocación académica, institucional y comparada, ampliando su impacto potencial.

De este modo, el libro no solo ofrece una propuesta aplicada de gestión pública transformadora, sino que contribuye a la construcción de una teoría contemporánea del Estado servidor, capaz de explicar y orientar la acción pública en el siglo XXI, en coherencia con los desafíos globales del desarrollo humano y la sostenibilidad.

DR. CPC.Pedro Arturo Barboza Zelada

Docente investigador.

Wasap 976161668.