LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Mag. CPC. Pedro A. Barboza Zelada
MODULO I:
LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
TEMA 01
LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO
LEER:
Los que Usufructúan de la
Riquezas de los Peruanos, no solo se creen dueño de ellas, sino también del
destino de los peruanos, el Sistema Político contribuye solo al fortalecimiento
de su enriquecimiento, estando seguros, con sus medios de comunicación, que
siempre inducen a los peruanos a elegir, a sus mismos servidores, que siguen el
sistema de corrupción, a costa del mejoramiento de calidad de vida, de los
mismos que los eligen. CUANDO ROMPAMOS ESTE CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA,
HABRA VISIÓN COMPARTIDA Y DEJAREMOS DE SER UNOS MENDIGOS SENTADOS EN UN GRAN
BANCO DE ORO.
Mag. CPC.
Pedro A. Barboza Zelada
¿ES LA
DEMOCRACIA EL MEJOR SISTEMA POLÍTICO?
POR Manuel Bautista Pérez
La
gran mayoría no dudaríamos en responder afirmativamente a esta pregunta. Es
más, nos sorprendería que nos la hicieran. ¿Acaso se está insinuando que nos
iría mejor en una dictadura? Pues no, obviamente no voy por ahí.
La
base de la democracia es que cada persona tiene un voto y además es libre para
decidir qué hace con él. A eso se añade que todos los votos valen lo mismo, lo
que significa que todos tenemos el mismo valor político sea
cual sea el nivel de formación de cada uno. Naturalmente, en los albores de la
democracia todo esto fue muy debatido.
Tanto
en Inglaterra como en otros países costó mucho tiempo admitir que votasen los
campesinos y obreros en pie de igualdad con la gente educada, o simplemente
adinerada. Se cuestionaba por ejemplo que, al no tener unos y otros capacidades
equiparables para decidir sobre su voto, carecía de sentido darles el mismo
poder para determinar los destinos de la nación. Pero no solo se discutía sobre
el nivel cultural o intelectual, sino también sobre los grados de libertad con
que cada cual podía formarse su propia opinión política. Así, el motivo por el
cual se negó durante mucho tiempo el voto a las mujeres fue por creer que estarían
mediatizadas por sus maridos.
Los
defensores de la universalización del voto no ignoraban que detrás de cada voto
habría niveles muy dispares de instrucción y de comprensión de la realidad
política, y que los más ignorantes serían más fácilmente manipulables. Pero su
apuesta se basaba en la convicción de que el hecho de votar animaría a estos a
esforzarse por elaborar más su opinión para acertar con su voto y, en
consecuencia, haría que progresivamente fuera elevándose el nivel medio de
cultura política de los ciudadanos. Por tanto, veían la democracia como un
proceso dinámico en el que su calidad iría mejorando con la práctica; no, desde
luego, como algo fijo, a
perpetuar.
Aunque
el nivel de educación académica ha aumentado mucho desde entonces, si hablamos
de formación política está claro que aún estamos muy lejos de haber alcanzado
ese ideal en el que todos depositaríamos nuestro voto con un nivel de capacidad
de análisis similar sobre lo que le conviene al país. Pero lo importante es si
nos estamos acercando a ese ideal o no. Hoy en día ya no se discute la
universalización del voto. Sin embargo, sigue teniendo sentido plantear con qué
grado de conocimiento se ejerce y, sobre todo, de cuánta libertad real se
dispone para adquirir ese conocimiento.
La
cultura política en una sociedad depende, básicamente, de la claridad y
sinceridad con la que hablen los políticos; del rigor y la independencia con
que nos informen los medios de comunicación y, finalmente, de la intención que
tengamos los ciudadanos para profundizar y discernir entre lo que unos y otros
nos cuenten. Aunque la mayoría de los políticos tienden a mentir por sistema,
es clave el papel de los medios de comunicación y, sobre todo, el que asumamos
los ciudadanos.
¿Y
qué pasa cuando los medios de comunicación más influyentes en España son
propiedad de tres o cuatro empresas, que además comparten intereses con quienes
nos gobiernan o con quienes pueden llegar a hacerlo? Por ejemplo, el Gobierno
de Rajoy acaba de adjudicar los nuevos canales de televisión, a un paso de las
elecciones ¿lo ha hecho buscando promover la diversidad de opinión? Parece que
no; que los
beneficiados han
sido algunos de los grupos empresariales mediáticos ya establecidos. Cabe
sospechar que, más allá del negocio que represente explotar esas televisiones
(suponiendo que no pierdan dinero), lo que realmente subyace al afán de estos
grupos empresariales por controlar tales medios de comunicación es el poder que
les brindan para modelar las opiniones políticas de su público.
¿Hasta
dónde se puede llegar a manipular la opinión de la gente cuando los medios de
comunicación deciden alinearse activamente con el poder político? Un ejemplo
muy claro lo estamos viendo en Cataluña. En pocos años el voto independentista
ha pasado de no llegar al 15% a rozar el 50%. ¿Alguien se cree que eso se ha
debido a la reflexión libre e independiente de los ciudadanos? Es evidente que ahí
han jugado varios factores, pero sin duda los más decisivos han sido el
adoctrinamiento en las escuelas, la activa colaboración de los medios de
comunicación locales y, sobre todo, la instrumentalización por parte de la
Generalitat de todos los mecanismos de poder a su alcance para ir conformando
la opinión de los catalanes de acuerdo con sus intereses. ¡Y Artur Mas
presumiendo del ejemplo de democracia que están dando al mundo! Pasma el
descaro y la impunidad con el que se está manipulando la opinión de las
personas, en flagrante violación del principio democrático. Pero este es solo
un ejemplo que por su obviedad resulta especialmente ilustrativo. Hay otros
muchos que, aun siendo más sutiles y pasando más desapercibidos, probablemente
son tan eficaces como el de Cataluña.
En
la mayoría de los casos, detrás de los gobiernos suelen situarse los grandes
grupos financieros y empresariales. De hecho, los medios de comunicación
privados suelen depender en gran medida de su apoyo económico, sea porque
controlan su propiedad o por medio de la publicidad que les contratan. Y estos
grupos apuestan, básicamente, por una estabilidad y continuidad del modelo
político y económico vigente. No quiero decir con esto, que sean los que mueven
los hilos del Poder en la sombra y que los gobiernos y los políticos no sean
más que simples títeres suyos. No, no estoy diciendo eso. De hecho, creo que la
interrelación entre unos y otros debe ser bastante más compleja de lo que
parece. Pero lo importante es que eso crea una especie de coalición de
intereses que, por una parte, proporciona esa estabilidad que, con más o menos
matices, la mayoría de los ciudadanos desean, pero, por otra parte, actúa con
todos los medios a su alcance para moldear y direccionar a la opinión pública
en el sentido que a ellos les parece más conveniente, reduciendo con ello los
escasos márgenes de libertad de que disponemos los ciudadanos.
Como
ya me he referido a esto en otras ocasiones no me extenderé más sobre ello. Pero lo
que me importa señalar ahora es hacia qué clase de democracia vamos. Y si nos
dirigimos hacia un sistema político en el que el voto de la ciudadanía esté
cada vez más manipulado y todos estemos más aborregados y alienados, tendremos
que admitir que esta democracia no nos sirve. En tal caso, tendremos que
reinventarla, recuperando su esencia. Y hay margen para ello.
Por
una parte, el hartazgo de la gente con el sistema político actual, unido al
malestar creado por la crisis económica y la falta de confianza en el futuro,
está creando el caldo de cultivo para que surjan nuevas opciones políticas. Y
no me refiero solo a la aparición de partidos como Ciudadanos y Podemos, porque
lo más probable es que estos se quemen en unos años. Pero después surgirán
otros. Por otra parte, las posibilidades que ofrecen Internet y las nuevas
tecnologías están facilitando la aparición de nuevos periódicos, televisiones y
foros de opinión y debate más independientes, lo cual contribuirá a que la
gente se forme su opinión más libremente. Por otra parte, esta situación de
crisis parece estar animando a muchas personas a comprometerse en la activación
de nuevas formas de participación política, en una especie de regeneración
desde abajo. Y esto último es la clave.
En
realidad, lo único que puede impedir el adoctrinamiento progresivo de los
ciudadanos en este sistema político es que estos perciban la amenaza y decidan
activarse y organizarse para ampliar su comprensión de la realidad, generar
visiones y políticas alternativas, y llegar a ser capaces de imponérselas a las
organizaciones políticas y económicas que detentan el poder. En definitiva,
solo tenemos dos opciones: o nos resignamos a ser pastoreados, o aprendemos a
vivir fuera del rebaño, asumiendo entonces el compromiso de ejercitar y
profundizar en la libertad de opinión, de promover su extensión en el seno de
la sociedad y de poner en marcha iniciativas sociales y políticas autónomas e
independientes de los grandes poderes públicos y privados
mencionados.
NUESTRO SISTEMA
POLÍTICO ¿ES UNA DEMOCRACIA?
MANUEL ALFONSECA MORENO
Universidad Autónoma
de Madrid
La
estadística demuestra [1] que no existe ningún sistema de elección democrática
perfecto: todos son injustos o contrarios a la intuición en algún sentido. Cualquier
sistema diseñado para arreglar un problema concreto, introduce otro, aunque
(por supuesto) algunos sistemas provocan más problemas que otros.
Sea
cual sea el procedimiento electoral, podemos preguntarnos si un sistema
político como el nuestro puede calificarse de democracia. La
respuesta la dio Aristóteles hace más de dos milenios. En su Política clasificó
los sistemas de gobierno en seis grupos, de acuerdo con la siguiente tabla:
Buenos
|
Malos
|
|
Gobierno de uno
|
Monarquía:
gobierno del mejor
|
Tiranía:
gobierno del más poderoso
|
Gobierno de pocos
|
Aristocracia:
gobierno de los mejores
|
Oligarquía:
gobierno de los más ricos
|
Gobierno de muchos
|
Democracia:
gobierno de todos (del pueblo)
|
Demagogia:
gobierno de los que engañan al pueblo
|
De una simple observación de la tabla se deduce que nuestro sistema no
es una democracia, sino que se parece más a una demagogia. Uno de nuestros
políticos, Enrique Tierno Galván, tuvo la sinceridad y la desfachatez de
reconocerlo, cuando dijo aquello: Ya se sabe que las promesas
electorales se hacen para no cumplirlas.
Por otra parte, el sistema de partidos políticos con listas cerradas y
bloqueadas, se aleja aún más de la democracia y se aproxima a la oligarquía,
entendida en este caso como gobierno, no de los más ricos, sino de los
mediocres. Léase lo que dice al respecto el sociólogo más importante del siglo
XX [2]. Obsérvese con qué exactitud nos describe, con sesenta años de
anticipación.
Todo
esto no es ninguna sorpresa. En su Política, Aristóteles constató
también que todo sistema político bueno tiene una tendencia
irreprimible a corromperse, convirtiéndose rápidamente en el malo correspondiente:
la monarquía en tiranía; la aristocracia en oligarquía; la democracia en
demagogia. Además, para Aristóteles el mejor sistema es la monarquía, seguido
por la aristocracia y finalmente por la democracia. Entre los malos, sería
preferible la demagogia, seguida por la oligarquía, y por el peor de todos, la
tiranía. De la combinación de ambas cosas se deduce que más vale partir de una
democracia, porque cuando inevitablemente se corrompa se convertirá en el menos
malo de los sistemas malos.
¿No
se podría hacer algo para refundir nuestro sistema político actual,
aproximándolo más a una democracia, alejándolo de la demagogia en que no tardó
en caer tras la transición, e introduciendo algunas trabas que dificulten la
recaída?
Se
me ocurre una forma de hacerlo. En primer lugar, sería preciso asegurar la
separación de poderes, apartando el ejecutivo del legislativo y del judicial,
pues ahora están entrelazados y todos dependen del resultado de una única
elección que se realiza cada cuatro años. Propongo lo siguiente:
1. El poder
legislativo se elegiría como ahora, por medio de elecciones periódicas entre
candidatos independientes y con listas abiertas. Su misión sería el control del
gobierno y la aprobación, enmienda o rechazo de las leyes propuestas por el
gobierno, por ellos mismos o por cierto número mínimo de ciudadanos.
2. El poder
ejecutivo se asignaría por sorteo cualificado, realizado cada dos años entre
los ciudadanos. El presidente, por ejemplo, se sortearía entre todos los
españoles que cumplan ciertos criterios cuidadosamente especificados. El
ministro de sanidad, entre los profesionales de la medicina con edad comprendida
entre los 40 y los 70 años (por ejemplo). El de educación, entre los
profesionales de la educación. El de defensa, entre los militares retirados de
alta graduación. Y así sucesivamente, hasta un máximo de ocho ministerios.
Todos los cargos por debajo de los ministros se profesionalizarían,
alcanzándose por alguno de los métodos usuales: concurso de méritos, oposición
o ascenso justificado.
3. El poder
judicial se elegiría o sortearía entre los profesionales del derecho. No habría
en el gobierno un ministerio de justicia.
Naturalmente,
para instaurar un sistema así habría que cambiar la constitución, lo que está
ahora en manos de los partidos políticos, que perderían toda su influencia si
esta reforma se aprobara. Una situación semejante se dio en España al inicio de
la transición, cuando el parlamento franquista aprobó su propia disolución y un
cambio de reglas del juego que les privó del poder político. Entonces hubo
quien supo dirigir el proceso. ¿Habrá ahora alguien capaz de ello?
[1] La
elección más justa, Investigación y Ciencia, jun.2004.
[2] La
forma actual de organización de partido conduce a que sean elegidos como
dirigentes las mediocridades y los hipócritas. No siendo tolerada la
independencia de pensamiento, los individuos de mentalidad original, valientes
y honrados, evitarán adherirse al partido. O si se incorporan, permanecerán en
calidad de minoría ineficaz… Se establece entonces una oligarquía de la
mediocridad. En su intento de obtener la mayor cantidad posible de sufragios,
los partidos prometen al pueblo ríos de leche con orillas de crema
helada. Sus programas, muchas veces contradictorios, permanecen vagos,
indefinidos y oscuros, imposibles de realizar en sus puntos fundamentales. La
voluntad de las masas es ignorada antes y después de las elecciones. Las
promesas de los partidos no son tomadas en serio apenas consiguen ser elegidos.
De ahí la indiferencia y la declinación del espíritu creador de las masas. Los
ciudadanos no se interesan por los desórdenes de la vida pública, pues son
aprobados por el partido, que sofoca toda individualidad. En vez de educar al
individuo para la libertad, el partido lo acostumbra al servilismo. P.
Sorokin, Sociedad, cultura y personalidad, 1947.
¿DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA?
La democracia como estilo de vida, no es un sistema electoral o
elección gubernamental es un conjunto de reglas de conducta orientadas a una
convivencia ordenada y a un estilo de vida basado en el respeto a la dignidad
humana y la búsqueda del bien común.
Tucídides en su
Historia de las Guerras del Peloponeso pone en boca de Pericles una oración
fúnebre dedicada a los primeros atenienses muertos en dichas luchas, en la que
describe la democracia ateniense como un régimen que imprimía carácter a toda
la vida de Atenas en sus diversas actividades.
“Nuestro régimen político es la democracia, y se llama así
por los derechos que reconoce a todos los ciudadanos.
Todos somos iguales ante la ley, y cuando la república otorga honores a algún ciudadano lo hace en consideración a sus virtudes y no a su rango social. Todos exponemos libremente nuestras opiniones sobre los asuntos públicos; y en la vida privada, no miramos con ojos recelosos, las acciones de los demás, no juzgamos pecaminosas sus alegrías, ni nos presentamos ante ellos con esa frente severa que, si no hiere, aflige.
Por la institución de los juegos públicos y de las fiestas
anuales y por el tono agradable y dulce de nuestra vida privada ofrecemos al
espíritu recreos en que descanse nuestra fatiga, y cada día tiene sus alegrías
que disipan nuestros disgustos. No nos preocupan las miserias ni los trabajos
antes que vengan; y cuando llegan los sufrimos con tanto ánimo y corazón como
los que se han pasado la vida en continua tortura para acostumbrarse a
sufrirlos.
Nos comunicamos sin pesadumbre unos a otros nuestros bienes particulares, y aunque no reine la austeridad en nuestra vida, aunque en ella ocupen un lugar importante las diversiones, cumplir espontáneamente y no por miedo a ningún castigo todas las leyes, y especialmente aquellas que han sido dictadas en favor de los oprimidos.
Nuestra ciudad se halla abierta a todos los hombres; ninguna ley prohíbe en ella la entrada a los extranjeros, ni les priva de nuestras instituciones y nuestros espectáculos; nada hay en Antenas oculto, y se permite a todos que vean y aprendan en ella lo que bien les pareciere, sin esconderles ni aquellas cosas cuyo conocimiento puede aprovechar nuestro enemigo, porque confiamos para vencer no en preparativos misteriosos ni en ardides y estratagemas, sino en nuestro valor y en nuestra inteligencia.
Tenemos el gusto de lo bello y cultivamos la filosofía, sin que ello debilite nuestro carácter. Si poseemos riquezas, no es para guardarlas ociosas, ni para envanecernos de su posesión, sino para emplearlas productivamente. Para nadie es vergonzoso entren nosotros confesar que es pobre; lo que sí es vergonzoso es no tratar de salir de la pobreza por medio del trabajo. Todos los ciudadanos, incluso los que se dedican a los trabajos manuales, toman parte de la vida pública; y si hay alguno que se desinteresa de ella, se le considera como un hombre inútil e indigno de toda consideración.
Examinamos detenidamente los negocios públicos porque no creemos que el razonamiento perjudique la acción; lo que si creemos perjudicial para la patria es no instruirnos previamente por el estudio de lo que debemos ejecutar. Esto hace que tengamos al mismo tiempo inteligencia para razonar los actos que debemos ejecutar, y audacia para ejecutarlos, diferenciándonos así de los demás pueblos, en que la ignorancia los vuelve audaces, y la razón inactivos. Y los hombres verdaderamente valerosos son aquellos que sabiendo discernir bien lo que puede ser agradable y lo que puede ser terrible en la vida, afrontan sin temor los peligros en nombre de su patria.
Celebrar la gloria de nuestra patria es adornar con los elogios merecidos sus virtudes colectivas y la de los hombres que han muerto por ella. La muerte a expuesto su valor a plena luz; a comenzado por darlos a conocer y ha acabado por abrirles las puertas de la inmortalidad.
La tumba de los grandes hombres es el universo entero; no tiene necesidad de destacarse por inscripciones grabadas en columnas costeadas por la república o en sepulturas privadas; su memoria vive en un monumento imperecedero porque se eleva en el corazón de todos los hombres.”
LA DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA
|
DEMOCRACIA
COMO FORMA DE GOBIERNO
|
·
El
reconocimiento de la dignidad de la persona humana
·
El
respeto de los derechos de las personas
·
La
igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos participen en el
destino de la sociedad
·
La
búsqueda del bien común como objetivo fundamental de la sociedad
·
La
limitación del poder de las autoridades y su control por el pueblo
·
La
tolerancia de opiniones, ideas y gustos
|
·
Las
autoridades son elegidas periódicamente, mediante elecciones populares
·
La
autoridad es ejercida por funcionarios que integran los distintos poderes del
Estado
·
Se
respetan los derechos de los ciudadanos
·
En
determinadas ocasiones se consulta al pueblo para la toma de decisiones de
gobierno
|
PRINCIPIOS DE CONDUCTA
A SEGUIR:
Democracia como forma de
organización política:
- respeto a la voluntad popular.
- división de Poderes.
- periodicidad de funcionarios.
- acceso a cargos.
- voto Universal, Secreto, Igual y
Obligatorio.
- publicidad en los actos de gobierno.
- rendición de cuentas.
- participación en los asuntos de interés público y político.
- ser tolerante ante diferencias con otros.
- valorar la libertad, la justicia, la solidaridad con otros.
- preferir el diálogo a la violencia.
- aceptar responsabilidad por acciones propias.
- conocer y estar informado sobre los sucesos de interés público y
político.
El objetivo fundamental es
evitar el abuso del poder.
Democracia como estilo
de vida:
- libertad e igualdad.
- respeto por la ley, la verdad y los
Derechos Humanos.
- honestidad y transparencia.
- gobernantes y gobernados al servicio del
Bien Común.
- idoneidad de los funcionarios.
- justicia.
- respeto por las opiniones de las personas.
- búsqueda permanente por el Bien Común.
Esto permite el pleno
desarrollo de la Persona Humana.
Por lo tanto, podemos decir
que para que la democracia funcione como un sistema político debe estar vigente
diferentes condiciones:
- respeto a la voluntad popular que es la
fuente de legitimidad de la democracia.
- existencia de una constitución
estableciendo división de poderes, derechos y garantías de los ciudadanos
y el resto de las leyes que limitan el poder de los gobernantes.
- periodicidad de las funciones de gobierno (se
trata de impedir la perpetuación de los funcionarios en el poder).
- acceso a los cargos: todos los ciudadanos
son libres y están en igualdad de condiciones jurídicas para elegir y ser
elegidos a través del voto, sin restricciones y acorde a las leyes.
- gestión transparente: las decisiones deben
hacerse públicas para que el pueblo las conozca, caso contrario se
favorece a que existan situaciones de corrupción.
- rendición de cuentas: ayuda a la
transparencia de los actos de gobierno. Los gobernantes, legisladores, etc.,
tienen la responsabilidad ante el pueblo que los eligió.
- el respeto por la verdad crea un clima de
confianza entre gobernantes y gobernados permitiendo construir una
política realista y creíble. Además, la honestidad contribuye a este clima
de confianza. Es importante que se puedan anteponer los intereses
personales al bien común tanto de gobernantes como gobernados.
- la idoneidad de los funcionarios también
debe estar presente, que deben estar capacitados para servir adecuadamente
a la sociedad que los eligió. Los mandatarios son los gobernantes y los
mandantes es el pueblo.
- la justicia tiene su principio ordenador
en la ley; deben existir normas claras y una justicia independiente.
- la protesta social por parte de los
ciudadanos ayuda a precisar el tipo de sociedad que deseamos vivir, ésto
significa no sólo estar informados, sino salir a protestar, señalar
errores, exigir el cumplimiento de ciertos bienes básicos, para que se
puedan concretizar.
- la palabra democracia ( demo=pueblo ,
kratos=gobierno, autoridad). El poder reside en el pueblo y los ciudadanos
somos quienes delegamos ese poder mediante el voto, por un tiempo
determinado y para una función determinada.
- los funcionarios deben cumplir sus
obligaciones, deben brindar explicaciones por su conducta pública, deben
escuchar la opinión de los ciudadanos, deben escuchar la opinión de la
oposición y también de las minorías ( étnicas, religiosas, culturales o de
otra índole).
LA DEMOCRACIA
COMO ESTILO DE VIDA CRISTIANO
LOS
QUE QUIERAN TRATAR A PARTE LA POLITICA Y LA MORAL.NO ENTENDERAN PALABRA NI DE
UNA NI DE OTRA.
Emilio J.J. Rosseau.
El estilo de vida cristiano:
La
democracia auténtica se basa en la dinámica de la acción individual y en el
respeto irrestricto a los derechos y libertades fundamentales de la persona. En
los mecanismos democráticos, el ciudadano es un sujeto político que hace
conocer su voluntad para que esta sea parte de la voluntad gobernante. Debe
tener la facultad de poder deliberar con el resto de los individuos en igualdad
de condiciones para lograr decisiones legítimas[4] y de decidir las discrepancias y divergencias
resultantes de tales deliberaciones por mecanismos de participación y votación.
Estos
mecanismos provocan una tensión entre el individuo y "los otros", que
produce una dicotomía en la sociedad que contiene en sí misma las libertades
del individuo y la soberanía de un pueblo como un todo, aun cuando esto
signifique limitar ciertas libertades –y por lo tanto intereses– individuales
en aras del bien común.[5] La libertad y la equidad (que no es lo mismo que la
"igualdad"), el individuo y la comunidad, el ciudadano y el Estado,
forman dinámicas que entran en tensión constante, hasta el extremo de que
pueden polarizarse si no se respeta el Estado de derecho y son capaces de
empujar a la sociedad afectada al caos de la oclocracia y a su ulterior
consecuencia, el totalitarismo.
Muchos
politólogos famosos, como Robert Dahl (La Poliarquía, Participación y
oposición; Editorial REI, Bs. As, 1989), han definido abundantemente los muchos
mecanismos –y también las muchas condiciones para que estos mecanismos
funcionen– para que un sistema pueda calificarse como “democracia”. Pero
ya estamos viendo en el caso venezolano y otros más en varios continentes, que
el mecanismo por sí solo no garantiza la práctica genuina de la
democracia. El mecanismo democrático se convierte entonces en una farsa.
Bachrach, Macpherson y Pateman afirman
que para que haya una sociedad más equitativa es necesario un sistema político
más participativo.[6] Rescatan
la dimensión de la democracia que hace referencia a la participación de los
ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. La democracia no sería entonces
sólo un método: posee una dimensión ética, implica una dimensión amplia de lo
político que abarca no sólo las instituciones representativas gubernamentales
sino aquellos espacios en los que se toman decisiones que afectan los valores
sociales.
EL CRISTIANISMO SE FUNDA
EN VALORES EMANADOS DE LA DOCTRINA DE JESÚS, EL CRISTO. SER CRISTIANO ES
TODO UN ESTILO DE VIDA BASADO EN LA TOLERANCIA Y EL AMOR COMO PROMOTORES DE UN
PROPÓSITO COMÚN QUE ASPIRA A LA PERFECCIÓN. ES UNA CONVICCIÓN COMPARTIDA
DE QUE PODEMOS ALCANZAR ENTRE TODOS UNA EXISTENCIA MEJOR Y CONVIVIR EN PAZ.
Hemos
aprendido que todos formamos parte de una conciencia universal que conforma la
dignidad intrínseca e inalienable del ser humano. Ese concepto, que los
antiguos denominaban como ley
natural, ha permitido el reconocimiento universal de los derechos
humanos como norma codificada obligatoria que nos protege de los abusos y
arbitrariedades que provocan las pasiones y ambiciones desmedidas. Y este
reconocimiento es el resultado de las tradiciones milenarias trasmitidas de
generación en generación hasta nuestros días.
Las
enseñanzas y la tradición cristianas reconocen esa ley natural y han
estructurado en su doctrina los preceptos del derecho natural que antecede a
todas las leyes porque todo ser humano es una célula elemental de un solo
y mismo cuerpo, el de toda la Humanidad. En otras palabras, es lo que
nosotros llamamos “el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia”, en el concepto católico
(universalista) que abarca a todos los hijos de Dios. Por lo tanto, todos
tenemos los mismos derechos para poder beneficiarnos del mismo respeto y gozar
de la misma libertad, independientemente del país, la cultura o el régimen
político en que vivamos.
Es
decir, que asumir un estilo de vida cristiano no proscribe la práctica de otras
religiones o creencias, sino que implica que se respetan los fundamentos de ese
derecho natural que forma parte de la ética y la estructura jurídica de la
denominada “Civilización Occidental”. Los fundamentos de este estilo de
vida son la comprensión y el amor al prójimo, que unifica esa iglesia universal
que nos plantea Pablo en su Epístola a los Efesios, que no hace distinciones
entre judíos y gentiles y que abarca a todas las culturas.
La visión de Jacques Maritain
Jacques
Maritain publicó en el siglo XX varias obras que abundan sobre este tema.
Entre ellas, destacan “Humanismo Integral”, donde plantea la proyección
política de la ética cristiana, “El Hombre y el Estado”, donde nos dice
que “el Estado es un
instrumento al servicio del hombre” y “Los Derechos del Hombre
y la Ley Natural”, que analiza profundamente los parámetros del tema que ahora
nos ocupa.
En
“El Hombre y el Estado”, Maritain afirma que “en una democracia la vocación de liderazgo –al contrario
de la siniestra imagen que nos ofrece el partido único de los Estados
totalitarios– debería normalmente ser ejercida por pequeños grupos dinámicos
libremente organizados y múltiples por naturaleza, que no estuvieran
interesados por los éxitos electorales, sino que se entregaran por entero a una
gran idea social y política, y que actuasen como un fermento en el interior o
al exterior de los partidos políticos”.[7] Nos plantea aquí, ni más ni menos, un
estilo de vida tanto cristiano como democrático en perfecta simbiosis. En
otras palabras, el desarrollo de una verdadera vocación política guiada por la
ética cristiana, porque, según sus propias palabras, “el derecho del pueblo a gobernarse a sí
mismo procede de la ley natural”.[8]Y la ley natural es un concepto
cristiano en cuya formulación la Iglesia (como cuerpo compuesto por todos los seguidores
de Cristo) reclama primacía de lo espiritual. Nos dice
Maritain: “la
dignidad y la autoridad superior de la Iglesia se afirman, no en virtud de una
coacción ejercida sobre el poder civil, sino de las luces espirituales que
aporta a las almas de los ciudadanos, que han de juzgar en conciencia sobre
todo asunto referente al bien común político”.[9]
La
democracia no es obediencia, sino libertad. ¡Ah! Pero una libertad basada en el
derecho natural y en el respeto de su manifestación jurídica internacional, que
es el conjunto de instrumentos que componen la Carta Internacional
de Derechos Humanos, entre los cuales, la Declaración
Universal es la más famosa y conocida.[10]
En
otras palabras, la democracia es un choque de voluntades, de proyectos y de
ambiciones, un choque que se manifiesta por el derecho a disentir, a decir que
¡NO! Pero no porque se aspire a la anarquía, ni a la oclocracia, ni a la
dictadura de las mayorías que avasallarían el derecho natural y violarían los
derechos humanos y las libertades fundamentales, sino porque ese choque y ese
rejuego de rivalidades y aspiraciones se desenvuelve en un ambiente de
concordia donde impera el derecho y se resuelve con un amplio mecanismo
de consenso mediante
la participación popular en las decisiones públicas. Esta noción
del consenso prescribe
determinados derechos y libertades que tienen precedencia y son inalienables y
no pueden ser socavados ni violados por las decisiones de una mayoría. En
el reconocimiento de esos derechos y libertades fundamentales consiste el consenso democrático.
Aquí
encaja el concepto Maritainiano de que los rasgos característicos de una
sociedad de hombres libres son que esa sociedad es personalista,
comunitaria y pluralista.
PERSONALISTA porque la dignidad humana antecede a la
sociedad y el Estado está al servicio de la persona;
COMUNITARIA porque tiende al consenso que busca el
bien común y que acata la autoridad legítima que deriva del mandato popular
(conceptos elaborados siglos antes por Sto. Tomás); y
PLURALISTA porque las personas se asocian
naturalmente en grupos variados y no deben ser nunca discriminados por las
mayorías ni, mucho menos, por una minoría gobernante.
Para
que estos rasgos sustenten los mecanismos democráticos de intervención en las
decisiones públicas es indispensable que éstos se rijan por el principio de
subsidiariedad. Este principio establece que una
estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un
grupo social de orden inferior, privándole de su autonomía y, en consecuencia,
privándole del pleno ejercicio de sus competencias. ¡Todo lo contrario!
Su función –en tanto que estructura de orden superior– debe consistir en
sostenerle, ayudarle a conseguir sus objetivos y coordinar su acción con la de
los demás componentes del cuerpo social, a fin de alcanzar más fácilmente los
objetivos comunes a todos. Es decir, la sociedad debe dejar a las personas o
los grupos que la componen todo lo que ellos puedan realizar responsable y
eficazmente a su nivel. En otras palabras, implica un alto grado de
descentralización del poder del Estado, como lo plantea claramente la Doctrina
Social de la Iglesia.[11]
Hay
que insistir también en que es obligación insoslayable de los gobernantes, en
el proceso de administrar los mandatos de su pueblo, gestionar el bienestar y
la felicidad de los ciudadanos del país, la provincia, el municipio o la ciudad
o pueblo a su cargo. No hay pretextos válidos para justificar el fracaso de
esta gestión, porque esa es la única razón de ser de los gobernantes.
Resumen
Es
importante subrayar que el derecho natural no es una ley escrita, sino que se
trata de una evolución del pensamiento correlativa a los progresos de la
conciencia moral. Esta conciencia moral, que da luz al derecho natural, es el
resultado espontáneo de nuestra capacidad de comprender nuestra propia
trascendencia ante la creación.
Los
cristianos identificamos esta conciencia moral y esta trascendencia como una
relación armoniosa de todas las leyes naturales y espirituales que se
manifiestan en todo lo creado como una Conciencia Divina que inspira nuestras
vidas y nuestras acciones. El ser humano, al comprender su propia
trascendencia, recibe la Revelación, a través de las enseñanzas de Jesús, en su
ser interno. Esa es nuestra conciencia: una fuerza interna que nos señala el camino
a seguir por nuestra vida para cumplir con la misión que nos da razón de ser y
para la que hemos nacido.
Nuestra
conciencia es la depositaria de esa evolución del pensamiento y de esa
percepción moral que denominamos derecho natural, que vive en nuestro ser
interno y, por lo tanto, es inherente e inalienable. Jacques Maritain nos dice
claramente que “la ley
natural y la luz de la conciencia moral no nos prescriben solamente
cosas que se deben hacer o no hacer”, sino que “también reconocen derechos”[12] y, por lo tanto, añade que “la verdadera filosofía de los
derechos de la persona humana reposa sobre la idea de la ley natural. Es la ley
natural la que nos prescribe nuestros deberes más fundamentales y en virtud de
la cual toda ley obliga, y es también la que nos asigna nuestros derechos
fundamentales”.[13]
Por
lo tanto, al hablar de un estilo de vida que reconoce todos estos principios y
postulados, hablamos específicamente de un estilo de vida cristiano que se basa
en la tolerancia y el amor como promotores de un propósito común que aspira a
la perfección.
Esas
cualidades de tolerancia y amor propician la colaboración y la fraternidad
entre todos nosotros para seguir los dictados de nuestra conciencia, que
reflejan los principios inalienables del derecho natural.
Tenemos
que ser muy cuidadosos de no apoyar tendencias políticas o ideológicas que
alejen a la sociedad de la idea sublime de un Dios que podamos comprender y
llevar en nuestro corazón como origen y fundamento de todas las cosas. Sin
necesidad de confrontar creencias religiosas, basta con que aspiremos a la
Verdad con una humilde predisposición ecléctica y ecuménica.
Las
vicisitudes de la existencia nos impulsan a interrogarnos sobre la razón de
nuestra presencia sobre la Tierra. Esta búsqueda de una justificación es
natural, ya que forma parte integral del alma humana y constituye el fundamento
de su evolución. Por otra parte, los acontecimientos que marcan la historia no
se justifican por el solo hecho de haber acaecido, sino que postulan una razón
que les es externa. Pensamos que esta razón de ser se integra a sí misma en un
proceso espiritual que nos incita a cuestionar los misterios de la vida. De ahí
el interés que otorgamos al misticismo y a la “búsqueda de la Verdad”. Si esta
búsqueda es natural, nos sentimos elevados a la esperanza y al optimismo por
una convicción íntima de nuestra naturaleza divina y por un instinto biológico
de supervivencia.
A
este respecto, la aspiración a la Trascendencia aparece como una exigencia
vital del ser humano y se convierte en un estilo de vida que no sólo respeta a
la creación y al espíritu divino que es su origen sino también a nuestros
semejantes en ese concepto cristiano que nos iguala.
Esta
igualdad cobra carácter jurídico en los mecanismos que permiten el desarrollo
de una democracia auténtica. La democracia es una OBRA DE TODOS, incluso
de los perdedores en el proceso político de tomar decisiones, porque todos
contribuimos a la controversia enriquecedora de la diversidad. Y es
nuestro estilo de vida cristiano lo que le da impulso, cohesión y razón de
ser. Un estilo de vida cristiano que se manifiesta con nuestra
solidaridad, tolerancia y respeto por el derecho ajeno. Un estilo de vida
basado, ni más ni menos, en el amor a nuestros semejantes.
«El desarrollo necesita cristianos con
los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos
conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo,
no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don. Por ello, también en los
momentos más difíciles y complejos, además de actuar con sensatez, hemos de
volvernos ante todo a su amor.»[14]
TIPOS DE DEMOCRACIA:
ESTADO DE DERECHO
FORTALEZA DE LA DEMOCRACIA
El estado de derecho se expresa y realiza en la norma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo de las
instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de cada
individuo. En el estado de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el
arbitrio de los individuos, al tiempo que se reconocen y garantizan las
libertades de los ciudadanos.
a. El imperio de
las leyes: todo estado que se considere de derecho debe respetar sus leyes
y especialmente su Constitución como norma máxima. Las normas son expresiones
de la voluntad popular y deben someterse a ellas tanto gobernantes como
gobernados. Se dice que la Constitución es norma máxima porque expresa una
serie de valores socialmente compartidos que existen como patrimonio moral y
político de una comunidad específica
b. El respeto y la
garantía de los derechos humanos: el ordenamiento jurídico de un estado de
derecho contempla los mecanismos o recursos que se pueden interponer en caso de
atropello o violación. En nuestro país, estos instrumentos que defienden los
derechos humanos son: Habeas Corpus, Acción de Amaro, Habeas Data, Acción de
cumplimiento, Acción Popular y Acción de Inconstitucionalidad.
c. La separación
de poderes: el poder es único y es la capacidad que tiene el estado para
alcanzar su finalidad principal: el bien común. La separación de poderes no
indica fragmentación, sino que se separan los poderes para evitar la
concentración de poderes estatales que facilitarían el abuso de poder.
1. El poder legislativo: representado por el
congreso de la República cuya función principal es promulgar, derogar o
modificar leyes.
2. El poder ejecutivo: se encuentra
representado por el Gobierno Central, el cual está conformado por el presidente
de la República, el consejo de Ministros y las Fuerzas Armadas. Su función
principal es administrar el Estado sin sancionar leyes ni dictar sentencias.
3. El poder judicial: tiene como
principal atribución administrar justicia en nombre de la nación a través de
sus órganos jurisdiccionales (Corte Suprema de Justicia).
La corrupción en el Perú debilita el Estado de Derecho
CORRUPCIÓN Y LOS DERECHOS DE LA GENTE
La
corrupción impacta sobre los derechos humanos través de dos vías: se apropia de
recursos que deberían servir para la sociedad y corroe las instituciones del
Estado
De un lado, priva a las sociedades de recursos importantes que podrían
servir para atender necesidades básicas en salud pública, educación,
infraestructura o seguridad. La Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) ha indicado que el costo de la corrupción, en sus diversas
modalidades, equivale a más del 5% del PIB mundial.
Sobrecostos en obras públicas o contratos a través de los cuales se
dispendia recursos públicos aparecen como las muestras más visibles y
rutinarias de esto. Esa “tajada” extra es la que sirve de fuente para alimentar
comisiones y enriquecimientos de particulares, a veces espectaculares.
Por otro lado, la corrupción tiene consecuencias nefastas directas sobre
el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y, en
particular, sobre los órganos encargados de asegurar el Estado de Derecho y la
justicia. En una privatización corrupta del Estado, quienes desempeñan
funciones públicas pasan a actuar, ya no en función del interés general, sino
de interés particulares, a servir a la corrupción y no en el cumplimiento de la
Constitución y la ley.
El “conflicto de intereses” –una de las principales vías de la
corrupción- es una de las caras que encubren serios delitos en esa
privatización corrupta de la cosa pública. De eso venimos conociendo
recientemente mucho en el Perú: persona prestando privadamente asesoría
“técnica” a una empresa que contrata con el Estado, esa misma persona ocupa
simultáneamente un cargo público con capacidad decisoria en materias que
conciernen precisamente a esa empresa asesorada. En suma, la apropiación del
Estado para un beneficio delictivo personal.
En todo esto el sistema judicial ocupa el espacio capital. Primero,
porque los corruptos y grupos criminales buscan atacar su independencia e
imparcialidad para lograr impunidad o legitimación para sus actividades
delictivas. Al penetrarlo, la corrupción debilita medularmente la
administración de la justicia: impide el ejercicio del derecho de las personas
a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la
judicatura.
Al reducirse la confianza pública en la justicia, se debilita la capacidad
de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos
y afecta las labores e independencia de jueces, fiscales, abogados y otros
profesionales del ámbito jurídico con la coerción, la coacción o el
soborno.
Por otro lado, un sistema judicial independiente es lo fundamental para
prevenir y enfrentar la corrupción. Víctima y objetivo de la corrupción, es, a
la vez, el principal instrumento de la sociedad para enfrentarla y derrotarla.
Paradoja que tiene que ser resuelta en beneficio de su independencia frente al
poder político y toda la gama de poderes fácticos; desde el económico o
mediático, hasta el de la corrupción y las redes de crimen organizado.
En la positiva evolución institucional producida en el Perú en este
ámbito luego de la recuperación de la democracia el 2000 destacan avances,
perfectibles, por cierto, hacia una justicia y un ministerio público que son
hoy mucho más independientes que en la historia republicana precedente.
Esto tiene dimensiones internacionales porque el crimen es globalizado y
las respuestas deben serlo también. En la crucial Convención de la ONU contra
la Corrupción, vigente desde el 2005, se asigna papel decisivo al sistema
judicial en el combate contra la corrupción y se da importancia medular a la
cooperación internacional entre sistemas judiciales. Varias de estas reglas ya
se están aplicando.
Es una causa de los derechos humanos enfrentar la corrupción y su
penetración en la administración de justicia. En la hora presente ello supone
actuar globalmente desde la administración de justicia para lo cual garantizar
su independencia y fortaleza es esencial.
TEMA 02
¿QUÉ ES LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA?
LEER:
SEgún Instituto de Formación
y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) –
Costa Rica.
La participación ciudadana es sin duda la base
fundamental de la vida en democracia, ya que es el medio por el cual la
ciudadanía se hace presente en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
Para que efectivamente se pueda participar, se necesita de dos condiciones:
primero un sistema democrático que tenga reglas, espacios y mecanismos para
participar, y segundo, la voluntad de cada persona para participar, para formar
parte de una actividad o de un proceso de manera activa, y para que junto con
otras personas se organice a fin de alcanzar un objetivo. La participación
ciudadana inicia en los procesos electorales con el ejercicio del voto y con la
elección de representantes, pero no se termina ahí, existe una serie de
espacios y mecanismos que la hacen posible, y que abordaremos más adelante.
La participación de toda la ciudadanía es
fundamental para la vida en democracia. Es por eso que a nivel internacional ha
sido reconocida como un Derecho Humano.
Si bien la participación de las personas en la
vida pública es un derecho reconocido en las leyes, participar es también un
deber ciudadano básico, entre otras cosas porque si no participamos en la vida
de nuestra comunidad y de nuestro país, estamos dando un cheque en blanco y con
firma para que otras personas decidan en nuestro nombre, pero además vamos
cediendo y perdiendo el derecho a pedir cuentas a las autoridades.
SEGÚN EL gOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES:
La participación ciudadana es una pieza fundamental
del sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa que
ayudará a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o
política. Esta sociedad, mediante su implicación en los asuntos públicos,
enriquece la acción del Gobierno y la dota de eficacia, pero, al mismo tiempo,
este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de gobierno más exigente y de
más calidad.
El proceso participativo es un diálogo constructivo
y argumentado entre la ciudadanía y las instituciones, en qué tenemos la
oportunidad de llevar a término un seguimiento del trabajo y la acción de
nuestros gobernantes y de los asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar
en la construcción de una sociedad mejor. Con los procesos participativos las
decisiones ganan legitimidad, representan un proyecto público y generan
conocimiento y respeto entre la Administración y la ciudadanía.
SEGÚN Mauricio Merino – MADRID:
Hay un difícil equilibrio, pues, entre las
razones que animan a la gente a participar y sus posibilidades reales de
hacerlo. Pero también entre el ambiente que les rodea y su voluntad de
intervenir de manera activa en ciertos asuntos públicos. Si como dice Fernando
Savater - un conocido filósofo español -"la política no es más que el
conjunto de razones que tienen los individuos para obedecer o para
sublevarse", 1 la
participación ciudadana se encuentra a medio camino entre esas razones. Y nunca
se da en forma pura: así como el "ciudadano total" es una utopía,
también es prácticamente imposible la participación idéntica de todos los
individuos que forman las sociedades de nuestros días. Aunque el entorno
político sea el más estimulante posible, y aunque haya un propósito compartido
por la gran mayoría de la sociedad en un momento preciso, habrá siempre quienes
encuentren razones más poderosas para abstenerse que para participar. Y aun en
medio de la participación puesta en marcha, algunos aportarán más esfuerzo, más
tiempo o más recursos que los demás. De modo que, a pesar de las buenas
credenciales del término, la participación tampoco está a salvo de los defectos
humanos: del egoísmo, del cinismo, de la enajenación de los individuos. De aquí
el primer dilema que plantea el término: no todos quieren participar, aunque
puedan, y no todos pueden hacerlo aunque quieran.
Pero, además, la participación no puede darse
en condiciones de perfecta igualdad: igual esfuerzo de todos, para obtener
beneficios - o afrontar castigos - idénticos. No sólo es imposible que cada
individuo participe en todo al mismo tiempo, sino que también lo es que todos
los individuos desempeñen exactamente el mismo papel. En cualquier
organización, incluso entre las más espontáneas y efímeras, la distribución de
papeles es tan inevitable como la tendencia al conflicto. Siempre hay, por lo
menos, un liderazgo y algunos que aportan más que otros. De la congruencia de
estímulos externos - surgidos del ambiente en el que tiene lugar la
organización colectiva -, y de motivos individuales para participar, surge
naturalmente la confrontación de opiniones, de necesidades, de intereses o de
expectativas individuales frente a las que ofrece un conjunto de seres humanos
reunidos. No se puede participar para obtener, siempre, todo lo que cada
individuo desea. Lo que quiere decir que los propósitos de la organización
colectiva sólo excepcionalmente coinciden a plenitud con los objetivos
particulares de los individuos que la conforman: entre las razones que animan a
cada persona a participar, y las que produce una organización de seres humanos,
hay un puente tendido de pequeñas renuncias individuales. Y de aquí el segundo
dilema del término: la participación no puede darse sin una distribución
desigual de aportaciones individuales, ni puede producir, invariablemente, los
mismos resultados para quienes deciden "formar parte" de un propósito
compartido.
Dr. Manuel Orozco Director para Centroamérica
en el Diálogo Interamericano,
Una de las características más importantes de
los sistemas políticos es la de ofrecer mecanismos de interacción con sus
constituyentes. Los sistemas democráticos descansan significativamente sobre la
existencia de mecanismos de participación ciudadana. Cuanto mayor sea el nivel
de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales de un país, más
democrático es un sistema. El ejercicio de la democracia depende del rol de la
sociedad y sus ciudadanos. Sin participación ciudadana, la democracia pierde su
razón de ser, representatividad y legitimidad.
El aumento gradual de las democracias recientes
está vinculado a los procesos de liberalización política, así como a los intentos
de extender la participación. Sin embargo, tales intentos no han sido
profundizados a todos los niveles. Por tal razón es importante prestar atención
a las modalidades de la participación y al estado de las condiciones que
facilitan el desarrollo de la participación, especialmente en lo que atañe a
Centroamérica.
LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA GESTION PUBLICA
LEER:
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La
inclusión de la participación ciudadana al trabajo en la gestión pública, busca
incluir a los ciudadanos en lo público, con la finalidad de que sean parte de
la construcción del país, representando sus intereses y puntos de vista. De
esta forma se promueve que las políticas públicas implementadas sean
pertinentes a las expectativas y necesidades de la población, y que junto con
esto aporten de manera eficiente y cumplan con los objetivos deseados.
La
participación ciudadana y el control social a la gestión pública corresponden a
la concepción de un nuevo Estado, que permite y apoya la intervención de los
ciudadanos en la gestión pública. Esta intervención busca que los ciudadanos
participen vigilando la gestión del Estado y que cooperen prepositivamente para
el mejoramiento de las funciones públicas y el uso de los recursos.
En el
ámbito de la gestión pública acciones como las de rendir cuenta se constituyen
como ejes centrales de cualquier gobierno democrático, el cual lleva consigo el
responder a la ciudadanía por las acciones ejecutadas a lo largo de un periodo
específico. La literatura identifica dos maneras de dar conceptualmente
traducción al término, ambas relacionadas entre sí:
1. Rendición
Obligatoria de Cuentas: definición relacionada con la exigencia de
transparencia de la acción pública para el control social del ejercicio del
poder. Como una forma de evitar la corrupción, se busca transparentar las
acciones mediante la periódica rendición de cuentas.
2. Responsabilidad:
concepto relacionado al ser y hacerse responsable y sensible a las acciones,
actos y resultados que se relacionan con la misión de la organización de la
cual se es autoridad, respondiendo frente a los resultados obtenidos.
CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA:
Nos señala:
La Administración
Pública desarrollará mecanismos de participación ciudadana, a lo largo de todo
el ciclo de las políticas públicas. En particular, a través de comités
consultivos, o grupos de trabajo con ciudadanos y representantes de la
sociedad, foros, encuentros, jornadas de intercambio de experiencias con otras
instituciones o Administraciones Públicas y actividades similares, o las
encuestas de opinión y sistemas de recogida de sugerencias de mejora y atención
de reclamos.
Las Cartas Compromiso o
Cartas de Servicios al Ciudadano son documentos públicos con los cuales un
órgano o ente público expresa sus compromisos asumidos en la prestación del
servicio, especificando plazos de ejecución, estándares de calidad para el
sistema de información y comunicación y los mecanismos de participación
ciudadana.
Las
Cartas Compromiso o Cartas de Servicios tienen que complementarse con un
sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los compromisos
expresados en las mismas, y estar sujetas a revisión, actualización y mejora
continua. Asimismo, contemplar medidas de reparación o compensación en el caso
de incumplimiento de los compromisos.
La
Administración establecerá mecanismos adecuados para la comunicación y la
difusión de información relevante para los ciudadanos. Dicha información
incluirá los servicios que presta la Administración Pública y la forma de
acceder a ellos, así como los derechos y deberes de los ciudadanos como
destinatarios. Entre los posibles instrumentos, se pueden contemplar los
siguientes: formularios, guías de servicios, publicaciones, folletos
divulgativos, hojas de instrucciones, circulares, páginas de información sobre
la organización y sus servicios ubicadas en Internet, puntos automáticos de
información y consulta, u otros medios.
El
desarrollo de procesos sistemáticos y organizados para obtener información a
través de sugerencias, quejas y reclamos de los ciudadanos con respecto al
servicio prestado, y la capacidad de escucha y de respuesta efectiva y eficaz.
Dichos sistemas estarán formalizados y tendrán definido un procedimiento
específico, en el que se asignen encargados, y estarán integrados en un proceso
de evaluación, revisión y mejora continua de la calidad del servicio.
CARTA IBEROAMERICANA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
GESTIÓN PÚBLICA
Reafirma:
Se
considera que una gestión pública es buena si cumple satisfactoriamente con una
serie de parámetros preestablecidos de integridad, eficiencia, eficacia,
efectividad, igualdad y equidad, referenciados a un impacto positivo sobre el
desarrollo social y la calidad de vida de las personas, para lo cual debe ser
esencialmente democrática, lo que garantiza el logro de niveles de calidad y
excelencia en su desempeño y resultados.
Las
sociedades contemporáneas de Iberoamérica demandan, cada vez con mayor fuerza,
la ampliación y profundización de la democracia como sistema político y, en
particular, la democratización de la gestión pública. De suyo, la mejora de la
gestión pública es consustancial al perfeccionamiento de la democracia.
Es
así como surge como paradigma social la búsqueda de una democracia plena, que
se soporte, entre otros, en los derechos de información, participación,
asociación y expresión sobre lo público, esto es, en el derecho genérico de las
personas a participar colectiva e individualmente en la gestión pública, lo que
se puede denominar como el “derecho de participación ciudadana en la gestión
pública”. El derecho de participación ciudadana en la gestión pública conlleva
establecer mecanismos para ello, complementarios a los previstos para la
representación política en el Estado.
La
gestión pública participativa contribuye al desarrollo de los países,
favoreciendo la inclusión y la cohesión social. El “derecho de participación
ciudadana en la gestión pública” es apreciado como un derecho de todo habitante
iberoamericano con respecto a la gestión pública del país en que reside en el
ejercicio de los derechos que le conciernen o, en su caso, a la gestión pública
vinculada a los procesos de integración regional o subregional. Así, el título
de “ciudadano” y “ciudadana” en la presente Carta Iberoamericana no está
referido a las personas con derechos exclusivos de ciudadanía o de nacionalidad
sino a todo habitante con respecto a la gestión pública del país en donde
reside, en el ejercicio de los derechos que le conciernen.
El
mayor desafío de la participación ciudadana en la gestión pública es impulsar
su universalización, para crear las condiciones que permitan que los sectores
más vulnerables accedan a la participación ciudadana para la defensa y
exigencia de sus derechos, estableciéndose como un medio para la transformación
social. En particular, se tiene que garantizar la participación de los pueblos
indígenas de América Latina, mediante procesos y formas de organización que les
sean propias a su pluralidad y diversidad cultural. Asimismo, resulta un
compromiso fundamental la presencia del enfoque de género en los procesos de
participación ciudadana.
La
participación ciudadana se tiene que orientar en general por el principio de
corresponsabilidad social, por el cual los ciudadanos y las ciudadanas,
individualmente o agrupados en colectivos, tienen que contribuir al bien común
o interés general de la sociedad. En tal sentido, debería entenderse la
correlación existente entre los derechos y los deberes que conlleva el
ejercicio efectivo de la ciudadanía para el fortalecimiento de la democracia
participativa. Otro desafío es que la participación ciudadana trascienda las
esferas públicas locales para ser una práctica que se consolide en el nivel
nacional. Igualmente, que supere su acción restringida a sectores de políticas
públicas hasta alcanzar 2 una dimensión más integral en el proceso de formación
de las políticas generales.
Cuando
la Carta Iberoamericana se refiere a la gestión pública abarca tanto la que se
realiza directamente a través del Estado, como a la que es compartida con las
organizaciones sociales o el sector privado, o la que es gestionada
directamente por éstos. Esta Carta reconoce que el Estado es esencial en la
construcción de los intereses colectivos, en la búsqueda de un desarrollo con
mayor equidad y justicia social, y como garante de un orden social democrático.
Como requisito indispensable para la participación ciudadana la Carta
Iberoamericana resalta la transparencia en la actuación del Estado y la
responsabilización en el ejercicio del gobierno.
Bajo
las consideraciones enunciadas, y asumiendo los principios contenidos en las
precedentes Cartas Iberoamericanas de la Función Pública, de Gobierno
Electrónico, y de Calidad en la Gestión Pública, así como en el Código
Iberoamericano de Buen Gobierno, la presente “Carta Iberoamericana de
Participación Ciudadana en la Gestión Pública” propone un lenguaje común sobre
la democratización de la gestión pública en Iberoamérica para su mejora al
servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, y ofrece un marco de referencia no
vinculante jurídicamente para que los Estados iberoamericanos puedan adaptar
sus orientaciones a la idiosincrasia, historia, cultura, tradición jurídica y
entorno institucional de sus sociedades.
CAPITULO PRIMERO.
OBJETO, FUNDAMENTOS Y
PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
1. La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública tiene por objeto:
a.
Fijar
las bases conceptuales y los componentes que constituyen la participación
ciudadana en la gestión pública, como forma de mejorar la calidad de las
democracias en Iberoamérica.
b.
Definir
los contenidos básicos del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a
participar en la gestión pública.
c.
Establecer
un marco de principios rectores e instrumentos que contribuyan a alcanzar un
lenguaje común en relación a la participación de los ciudadanos y las
ciudadanas en la gestión pública.
d.
Servir
como orientación para el desarrollo y la consolidación de modelos nacionales de
participación ciudadana en la gestión pública.
e.
Recrear
el necesario vínculo de confianza de los Gobiernos y sus respectivas
Administraciones, en los ámbitos nacional, regional y local, con los ciudadanos
y las ciudadanas, facilitando la información, la comunicación y la
participación de éstos.
f.
Contribuir
al cumplimiento de los compromisos emanados de instrumentos internacionales
relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por los Estados.
2. A los efectos de la
presente Carta Iberoamericana, se entiende por participación ciudadana en la
gestión pública el proceso de construcción social de las políticas públicas
que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da
respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y
civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que
se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas.
3. La participación
ciudadana en la gestión pública es consustancial a la democracia. Los
principios democráticos de la representación política deben complementarse con
mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública, que
permitan expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad.
4. La participación
ciudadana en la gestión pública refuerza la posición activa de los ciudadanos y
las ciudadanas como miembros de sus comunidades, permite la expresión y defensa
de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de
sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de
la población. Asimismo, fomenta una nueva cultura, en la que la ciudadanía va
adquiriendo una mayor disposición a informarse acerca de los asuntos públicos,
a cooperar y a respetar la diversidad social y cultural, a interactuar dentro
de ella y a favorecer la comprensión intercultural.
5. Desde el punto de vista
de los gobiernos la participación ciudadana en la gestión pública ayuda a
abordar los conflictos y a propiciar acuerdos, así como a aumentar la
legitimidad y efectividad de las decisiones.
6. La participación ciudadana
en la gestión pública constituye de forma simultánea para los ciudadanos y las
ciudadanas:
a.
Un derecho activo exigible a los poderes públicos, de forma que éstos
establezcan y garanticen los cauces para su ejercicio en los procesos de
gestión pública.
b.
Una responsabilidad cívica como miembros de la comunidad en que se integran,
bien de forma individual o bien mediante sus organizaciones y movimientos
representativos.
7. Los poderes públicos
fomentarán el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión
pública, destinando recursos, así como creando y potenciando las condiciones
favorables para el ejercicio efectivo de este derecho, en especial de aquellos
sectores en condición de exclusión y vulnerabilidad social.
8. Los Estados iberoamericanos
adoptarán políticas para que se desarrollen programas para la formación,
sensibilización e información de los ciudadanos y las ciudadanas referidos a su
derecho de participación en la gestión pública. De igual forma, apoyarán los
esfuerzos autónomos de las organizaciones sociales y los ciudadanos y las
ciudadanas para llevar a cabo acciones de formación ciudadana. En particular,
promoverán la formación de los pueblos indígenas atendiendo a sus identidades
culturales, así como a sus normas y procedimientos propios.
9. Se llevarán a cabo
iniciativas de educación, formación y sensibilización dirigidas a los
servidores públicos, en relación a la participación ciudadana en la gestión
pública.
10. La participación
ciudadana en la gestión pública se basa en los principios siguientes:
a.
Constitucionalización:
los Estados iberoamericanos procurarán constitucionalizar el reconocimiento del
derecho de participación ciudadana en la gestión pública y regularán los
mecanismos, procedimientos y garantías que éste requiere.
b.
Igualdad:
la participación ciudadana en la gestión pública es un derecho de cada
ciudadano y ciudadana, por lo que los Estados iberoamericanos deben establecer
las garantías necesarias para que sea ejercido en igualdad de condiciones.
c.
Autonomía:
la participación ciudadana en la gestión pública, para ser asumida como derecho
de los ciudadanos y las ciudadanas, debe ejercerse con total autonomía de los
actores sociales.
d.
Gratuidad:
para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer efectivamente su
derecho de participación en la gestión pública, ésta tiene que ser gratuita.
e.
Institucionalización:
los poderes públicos promoverán la creación, mantenimiento y correcto
funcionamiento de las instituciones y mecanismos que hagan posible el ejercicio
del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, respetando la
existencia de espacios y mecanismos de participación informal y espontánea.
f.
Corresponsabilidad
social: la participación ciudadana es corresponsabilidad de los poderes
públicos y de los ciudadanos y las ciudadanas.
g.
Respeto
a la diversidad y no discriminación: en los procesos de participación ciudadana
en la gestión pública se deberán respetar las particularidades, características
y necesidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de
cualquier otro grupo poblacional, social y culturalmente diverso.
h.
Adecuación
tecnológica: con el fin de incrementar la calidad, accesibilidad y eficacia de
la participación ciudadana en la gestión pública, los poderes públicos
promoverán la adaptación y la universalización del acceso a las nuevas
tecnologías de información y comunicación como herramientas para la
participación de los ciudadanos y las ciudadanas.
CAPÍTULO TERCERO
FORMAS DE PARTICIPACIÓN
La
participación ciudadana en la gestión pública puede adoptar distintas formas
según si se ejerce sobre la toma de decisiones públicas, sobre la actividad
administrativa o sobre la evaluación de sus resultados, si se realiza
individual o colectivamente o se institucionaliza a través de procedimientos,
instancias o ambos y, por último, según los tipos de sujetos sociales
concernidos.
La
participación ciudadana en la gestión pública, ya sea en la formación de las
decisiones, en la ejecución de éstas o en el seguimiento, evaluación y control
de sus resultados, debe combinar formas orgánicas con formas procedimentales,
teniendo en consideración tanto la necesidad de tender a la
institucionalización de la participación como a la modificación de los
equilibrios de poder a favor de aquellos que se encuentren subrepresentados en
los circuitos de decisiones.
Para
garantizar la participación individual y colectiva las Administraciones
Públicas propiciarán:
a.
El
acceso a información de interés general, su difusión activa y la posibilidad de
consulta a través de medios físicos, audiovisuales y electrónicos.
b.
La
difusión pública de los canales de comunicación abierta y permanente con cada
área de la Administración.
c.
La
invitación pública a la ciudadanía a vincularse con la Administración sin otro
requisito que su condición de ciudadano y ciudadana.
d.
La
respuesta en tiempo y forma adecuada a toda consulta, solicitud o propuesta
presentada.
e.
La
provisión de mecanismos participativos especiales para incluir a todo ciudadano
y ciudadana que por su lengua, condición social y cultural, discapacidad,
ubicación geográfica u otras causas tenga dificultades para comunicarse con la
Administración, o limitaciones para acceder a los mecanismos de participación
ordinarios.
f.
Instrumentar
mecanismos de colaboración adecuados para que los pueblos indígenas, las
comunidades o colectivos de ciudadanos, se estructuren y definan sus propias
fórmulas de representación interna a fin de hacer viable el diálogo con las
Administraciones Públicas.
g.
La
gestión transparente de intereses a instancias de colectivos ciudadanos para
manifestar reclamos, propuestas o consultas en el marco de las políticas y
normas vigentes.
Para
asegurar la debida representación social en los órganos de participación
ciudadana es necesario respetar el tejido social existente y acudir a
convocatorias públicas y abiertas a las organizaciones sociales. Asimismo, se
propiciarán formas participativas abiertas e inclusivas que permitan la
incorporación en la gestión pública de los intereses difusos y de los no
organizados de la sociedad.
Los
Estados iberoamericanos favorecerán la incorporación formal, con carácter
consultivo o de gestión participativa, a las organizaciones sociales con fines
públicos cuyos objetivos sean convergentes con las cuestiones específicas del
ámbito de competencia de las instituciones públicas, y que además:
a.
Tengan
reconocimiento legal y certifiquen pleno cumplimiento de las obligaciones
legales que las abarcan.
b.
Apliquen
para sí mismas los principios de rendición de cuentas, transparencia en la
gestión, toma de decisiones participativas y apertura pública continua a todo
ciudadano con voluntad de participar para contribuir con sus fines.
c.
Tengan
en vigencia y pleno cumplimiento los mecanismos de designación y renovación de
autoridades, así como las normas de acceso y gestión del empleo. d. Certifiquen
su compatibilidad con el interés público que voluntariamente defienden.
La
participación institucional de las organizaciones sociales con fines públicos
debe contemplar criterios de igualdad, incluyendo en su convocatoria a
organizaciones de menor envergadura o de especial ubicación territorial o
social.
Los
Estados iberoamericanos promoverán la regulación y la utilización de diversos
canales que permitan la participación ciudadana en la gestión pública, en
función de sus marcos normativos, tradiciones jurídicas e institucionales e
instrumentos internacionales.
Los
Estados iberoamericanos procurarán que sus ordenamientos jurídicos reconozcan a
todos los habitantes el derecho genérico de participación ciudadana en la
gestión pública y garanticen su ejercicio efectivo. Al menos se establecerán
los derechos específicos siguientes:
a. Intervenir
en las distintas fases del proceso de formación de políticas públicas.
b. Presentar
solicitudes, proyectos y propuestas en el ámbito competencial de los entes y
órganos públicos de los diferentes ámbitos territoriales, así como recibir un
trato digno y una oportuna y adecuada respuesta, independientemente del derecho
de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de
conformidad con la legislación aplicable.
c. Vigilar
y controlar la prestación de los servicios públicos y la inversión de los
recursos públicos.
d. Participar,
a través del trámite previsto, en la elaboración, modificación y revisión de
los proyectos normativos y disposiciones de carácter general que les afecten,
en particular a determinados colectivos sociales.
e. Ser
consultado previamente y participar en la elaboración, modificación y revisión
de las normas y decisiones que afecten a los intereses de los pueblos indígenas
mediante procedimientos apropiados.
f. Solicitar
y obtener información pública necesaria, referida a la gestión pública, que sea
completa, oportuna, veraz y actualizada.
g. Ser
informado expresamente sobre el derecho de participación ciudadana en la
gestión pública, sus contenidos, las formas y procedimientos para su ejercicio
y los entes y órganos de la respectiva Administración Pública competente con la
que se pueden relacionar para participar.
h. Denunciar
ante las autoridades competentes, cuando se perciba la obstaculización del
ejercicio de la participación, de conformidad con el ordenamiento jurídico
nacional.
i. Organizarse
en colectivos sociales y organizaciones representativas de los ciudadanos y las
ciudadanas, y conformar redes sociales, con miras a potenciar la capacidad de
incidencia sobre la gestión pública.
j.
Seguir, medir y evaluar la gestión pública
y sus resultados, de conformidad con las necesidades y ópticas de la
ciudadanía, de los colectivos sociales y pueblos indígenas.
Al
participar en la gestión pública, los ciudadanos, las ciudadanas y los grupos
que ejercen el derecho de participación, tendrán, entre otras, las
responsabilidades cívicas siguientes:
a. Conocer
y hacer un uso adecuado de los mecanismos de participación.
b. Informarse
sobre los aspectos de interés público, así como sobre las competencias
asignadas a la entidad pública a la cual se dirija.
c. Escuchar
las razones presentadas por los representantes de la Administración Pública y,
en los casos de ser necesaria la contra argumentación, hacerlo de acuerdo a
razones que obedezcan a la mayor objetividad posible y mediante una actitud de
diálogo.
d. Respetar
y propiciar decisiones públicas que prioricen el interés general de la
sociedad. e. Intervenir en los procesos de evaluación de la participación
ciudadana, así como de sus actuaciones, de manera que permita aprendizajes para
su mejora.
Para
hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, los ciudadanos y
las ciudadanas podrán ejercer los derechos siguientes, de acuerdo con lo
previsto en los ordenamientos jurídicos nacionales:
a. Acceder
a la información que obre en poder de las Administraciones Públicas, sin que
para ello estén obligados a declarar un interés determinado.
b. Acceder
a los archivos y registros de las Administraciones Públicas.
c. Ser
asistidos en su búsqueda de información.
d. Recibir
la información que soliciten, en los plazos máximos establecidos en la norma
correspondiente.
e. Recibir
la información solicitada en forma o formato accesible para quienes la
demanden.
f. Conocer
los motivos por los cuales no se les suministra total o parcialmente la
información, o en la forma o formato solicitados. Sin perjuicio del principio
de gratuidad del proceso de participación, conocer las tasas y precios que, en
su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada, las
normas que establecen dichas tasas y precios, así como las circunstancias en
las que se puede exigir o dispensar el pago.
EN EL PERU –
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
LEER:
En el Perú la propuesta de vincular a la ciudadanía con el estado
es a través de la Secretaria de gestión Publica cual es la visión: la
Modernización del estado en función de:
La
interacción de la sociedad y el Estado exige que la administración pública
cambie e incorpore la participación de modo efectivo y real en la dinámica de
las entidades, es preciso entonces que las entidades públicas tengan la
capacidad y tecnología necesaria para promover y generaren nuevos y diversos
espacios de participación ciudadana.
El
propósito central de este proyecto es producir y transferir tecnología a los
organismos y entidades públicas para que abran su gestión a la participación
ciudadana
Usted como ciudadano tiene el derecho y el deber de hacer control
Social. Éste (el control social) permite prevenir, racionalizar, proponer,
acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y
la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los
particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad.
1.
Que
las instituciones públicas brinden a la ciudadanía información clara, accesible
y oportuna.
2.
Que
existan los mecanismos para que los recursos públicos puedan ser fiscalizados.
3.
Abrir
espacios para que la ciudadanía en general pueda incidir en los procesos de
toma de decisiones del sector público creando, ejecutando y evaluando de manera
conjunta.
VISIÓN DE “GOBIERNO ELECTRÓNICO LOCAL” (modelo asociativo)
Se piensa como una
compleja relación entre tecnologías (TIC), procesos, estructuras y culturas
al servicio de ciudadanos y usuarios y desarrollado conjuntamente con éstos
últimos.
|
||
INCORPORA A LOS
ACTORES DE LA VIDA LOCAL EN
|
PREPARA SU ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA PARA
|
UTILIZA LAS TIC PARA
|
 La
definición de perfil local (industrial,
turístico, comercial, rural, cultural, etc;) El
diseño del portal según las necesidades (públicas y privadas) personalizadas
de sus usuarios Un
flujo comunicativo personalizado con las autoridades y otros miembros de la
comunidad. La
segmentación de la demanda del mercado potencial, con opción a idiomas La
sensibilización acerca de los beneficios y oportunidades del buen uso de TIC. La
actividad económica vinculando sus productos/ servicios/demandas con el mundo El
asesoramiento on line a sus PyMEs/microempresas El
desarrollo de un repositorio de información para la gestión y la memoria
local, alimentado por los sectores de la comunidad y gobiernos, La
creación de tecnologías de educación y capacitación a distancia El
esfuerzo por convertir al portal en una empresa asociativa entre los sectores
locales |
Transformar
al gobierno en un ente pequeño, ágil y eficiente Simplificar
trámites, reducir costos y mejorar la calidad de los servicios Agilizar la velocidad de respuesta Generar medios alternativos (ventanillas
presenciales, 800..., etc.), siguiendo el mismo esquema de “Ventanilla única” Preparar los nuevos flujos informativos y de
servicio de las ventanillas únicas electrónicas, telefónicas y presenciales. Designar responsables del mantenimiento de
esos flujos y de la integración de todo el sistema, tanto público como
privado Implementar programas de sensibilización y
capacitación de sus funcionarios para el desarrollo de estas políticas Acondicionar su normativa para dar validez a
estos cambios y seguridad a las transacciones. Garantizar la transparencia en su gestión |
Garantizar
el acceso público a través del un portal Agilizar y abaratar los costos de todos los
trámites (no papel). Generar mecánicas de comunicación y
retroalimentación con los usuarios; Crear
mecanismos de procesamiento automático de la información Permitir hacer trámites totalmente en línea
garantizando la seguridad a los usuarios Facilitar la intervención de un mayor número
de empresas en sus licitaciones Integrar en un modelo tecnológico
(Internet/Intranet) a empresas de informática y comunicaciones a fin de
vincular los distintos componentes para los servicios del portal; Planificar el desarrollo o implementación de
productos de software con el objetivo de obtener reusabilidad y
compatibilidad.Asumir perfiles de ISP y ASP, Proveedor de
Soporte en Internet y Proveedor de Soporte de Aplicaciones, respectivamente. |
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